El nuevo diseño jurídico y las segunda etapa de movilizaciones indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia

Por Pedro Pachaguaya Yujra.

Las movilizaciones indígenas de principios del siglo XXI, culminaron con el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia y la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) el año 2009. Este documento incorpora al diseño jurídico boliviano los derechos colectivos representados principalmente por los derechos indígenas.

Respecto a la justicia boliviana debo señalar que atraviesa una crisis, cuyas principales características son la corrupción y la retardación de justicia. En este escenario, las personas en situación de pobreza y de origen indígena, son las principales víctimas. Según un informe de la CIDH existe una “escasa y deficiente cobertura y funcionamiento de la administración de justicia ordinaria, escasa presencia de operadores del Poder Judicial, así como difíciles posibilidades de presentar demandas judiciales, frente a las perspectivas reales de obtener una respuesta judicial en un plazo razonable” [1].

En relación a este tema el año 2014, el presidente Evo Morales, dio una polémica declaración a los medios de prensa para referirse a esta problemática: “afirmó (…) que la retardación judicial y la corrupción son el cáncer de la justicia boliviana, y que poner ‘poncho y pollera’ no cambió nada” [2]. Este sentimiento que expresa Morales respecto a la incorporación de los magistrados indígenas, refleja el desencanto que sufre gran parte de la población boliviana en relación al Estado Plurinacional. 

La incorporación de los derechos indígenas no impactó de manera inmediata en la sociedad boliviana, por tal motivo muchos investigadores críticos señalaron que “el Estado Plurinacional fue una falacia” [3] o que era necesario “reconducir el proceso de cambio”. Es decir la academia y sus intelectuales que en algún momento apostaron por la CPE se salieron del proyecto y empezaron a ser críticos con este [4]

En este contexto, creo que gran parte de los bolivianos aún no conocen los alcances políticos y jurídicos que tuvo la promulgación de la CPE, sólo pusimos nuestros ojos en analizar lo que hace el gobierno y no vemos otros procesos, principalmente aquellos protagonizados por los pueblos y las colectividades que dieron nacimiento al actual Estado Plurinacional.

El presente artículo intenta dar cuenta de las nuevas movilizaciones indígenas que se vienen gestando cuya principal premisa es hacer cumplir lo que dice la CPE y describe las estrategias jurídicas que utilizan, para desmontar el viejo Estado Nación. En primera instancia se describe cómo se entiende el actual diseño jurídico boliviano, luego se presentan dos casos emblemáticos de movilización y procesos jurídicos, finalmente se presentan algunas conclusiones. 

El nuevo diseño jurídico plurinacional

El actual diseño jurídico boliviano, intenta conjurar en su seno dos fuentes jurídicas  antagónicas, por un lado los derechos individuales que protegen al individuo por sobre la colectividad y por el otro, los derechos colectivos que protegen el colectivo por sobre el individuo. 

Metafóricamente la incorporación de los derechos colectivos al Estado se asemeja al nacimiento de un ser vivo con dos corazones, un corazón monista y otro corazón plural, un corazón que no acepta la existencia de otras formas de legalidad, porque se asume como la única verdad jurídica y el otro corazón plural que sí puede dialogar con otros sistemas, un corazón monoteísta y el otro corazón politeísta. 

Hasta el momento el corazón monista es el que domina el funcionamiento del Estado Plurinacional, tiene una máquina productora de leyes destinadas a dominar a los otros sistemas. El otro corazón aún es una wawa [5] y representa a toda la diversidad jurídica existente en las comunidades y pueblos indígenas, su fuerza está en la diversidad de pueblos que, a partir de asambleas, generan acuerdos para solucionar conflictos, no aspiran a ser hegemonía, más al contrario: tienen un comportamiento que podría considerarse anárquico.

Pese a estas contradicciones epistémicas el actual Estado Plurinacional diseñó un orden jurídico compuesto por cuatro jurisdicciones que poseen la igualdad jerárquica (ninguna es superior o inferior a la otra). De las cuatro, tres utilizan el derecho individual, estas son la jurisdicción Ordinaria, la Agroambiental y la Especial. Solo una utiliza el derecho colectivo, la Jurisdicción Indígena Originaria y Campesina (JIOC). Las cuatro jurisdicciones están a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) [6]. En el siguiente cuadro presentamos cómo se conforma el esquema:

Esquema del actual diseño jurídico boliviano

A partir de este esquema podemos concluir que donde más fuerza política y jurídica tienen los pueblos en el actual Estado Plurinacional es en la JIOC que está compuesta por las autoridades tradicionales de las comunidades denominadas Mallkus, Mama Tallas, Secretarios Generales, Caciques y otros. En todo el territorio boliviano existen alrededor de veinte mil autoridades indígenas originarias y campesinas (sean sindicatos, comunidades indígenas o ayllus), cada una de ellas conforman una JIOC y enfatizamos que fueron incorporadas en igualdad jerárquica, sin necesidad de reglamentación ni mucho menos. Podríamos afirmar que fue la política más transgresora y descolonizadora llevada a cabo en los últimos años.

Esta incorporación pone en cuestión a la jurisdicción ordinaria generando un conflicto de intereses. debido a que en el mismo territorio donde existen las JIOC, existen los Jurisdicciones Ordinarias JO [7], las cuales se inmiscuyen en asuntos que las JIOC ya resolvieron. Por lo tanto existe una superposición de intereses que genera conflictos.

Una segunda etapa de movilizaciones 

Una vez redactada la CPE, como todo proceso social, tuvieron que pasar varios años para que alguna parte de la sociedad boliviana empiece a distinguir la magnitud de los cambios que se habían logrado [8]. En ese sentido desde hace 10 años viene gestándose una nueva forma de protesta, cuya principal demanda es el respeto a los derechos y las decisiones emanadas de las JIOC. Estas nuevas protestas se caracterizan por dos tipos de estrategias: la lucha movilizada (marchas, plantones y bloqueos) y la lucha jurídica, donde las autoridades de las JIOC se enfrentan a los jueces ordinarios, disputando la capacidad de juzgar, y luchando porque estos jueces ya no se entrometan ni juzguen problemas relacionados a los pueblos. 

Cuando uno acompaña a las comunidades y los pueblos que participan de estas movilizaciones se percata que existe un nuevo objetivo que se podría resumir en “hacer cumplir la constitución”, ejerciendo y practicando lo que contiene. 

El conflicto de competencias de Zongo 

Zongo es una central agraria que se ubica a los pies de los Andes orientales, posee tres pisos ecológicos, puna, valles y trópico, sus pobladores se dedican a la agricultura familiar, el cultivo de la hoja de coca, el comercio en las ciudades y una parte a la minería, ya que existen yacimientos de wolframio, un metal muy preciado en el mercado. 

Desde hace 40 años una persona de la ciudad se interesó en la explotación del wolframio, para tal efecto compró algunos terrenos a precio ínfimo. Los comunarios cuentan que su empresa minera fue creciendo y ellos trabajaban como sus empleados. Con el pasar del tiempo, el empresario minero empezó a provocar abusos a sus empleados, no les pagaba la indemnización, pero además contaminaba el medioambiente con los deshechos de su mina. El año 2010 después de muchas llamadas de atención la comunidad de Zongo decide expulsar al empresario minero y confisca sus bienes para que pasen a favor de la comunidad:

El dueño de la mina Alexander contaminaba los ríos, no daba arreglos sociales a nuestros comunarios en varias ocasiones se lo convocó a nuestros ampliados para que se descargue sin embargo nunca cumplió, es por eso que en el último ampliado se decidió expulsarlo por los daños al medioambiente y porque no pagó beneficios sociales a los comunarios que trabajaban en la mina. Después se firmó la resolución donde todas las autoridades firmaron, el empresario debido a esto empezó denunció a todas las personas que firmaron la resolución ante un juez ordinario, el juez no quiso valorar la resolución de la comunidad alegando “la jurisdicción indígena no está normada” e igual metió a la cárcel a cuatro autoridades. [9]

Por este motivo el empresario inicia juicio contra 32 comunarios acusándolos de robo de mineral, el año 2012 hizo detener a tres de las autoridades indígenas que lo habían expulsado, este hecho fue la detonante para que Zongo inicie la defensa de sus comunarios y sus autoridades, exigiendo el respeto a sus decisiones y planteando un conflicto de competencias en el TCP. 

El argumento consistía en que la JIOC de Zongo, tomó una decisión de acuerdo a procedimientos propios al expulsar al empresario minero, y según como ellos interpretaban la CPE, las decisiones de la JIOC no pueden ser revisadas por la justicia ordinaria. Por lo tanto la idea principal era hacer respetar la decisión de expulsión de la empresa frente a la Jurisdicción Ordinaria, y así hacer cumplir la igualdad jerárquica. Pero llevar a cabo esta empresa fue difícil, pues ni los mismos comunarios entendían esta estrategia. Por este motivo las autoridades decían a su gente:

Hermanos ahora vamos a usar nuestra justicia, nosotros sabemos manejar muy bien la justicia en nuestras comunidades en eso somos capos, pero ellos siempre nos llevan a su cancha, y ahí nosotros no podemos defendernos, para defendernos en la justicia ordinaria tenemos que contratar abogado y el abogado siempre trabaja por plata, el juez siempre nos pide abogado ¿acaso el abogado y el juez saben cómo vivimos y cómo practicamos nuestra justicia? ¿Acaso nosotros en nuestras comunidades nosotros contratamos abogados para defendernos? [10]

La JIOC Zongo recurrió a varias instituciones con el objetivo de buscar apoyo y hacer pública su denuncia por ejemplo a la Asamblea de los Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo, al Viceministerio de Justicia Indígena, al Viceministerios de lucha contra el Racismo, a la Universidad. Sin embargo ninguna de estas instituciones comprendió su demanda.

El año 2014 el TCP emite una hermosa sentencia, que define el conflicto de competencia a favor de la JIOC Zongo obligando al juez a entregar los cuadernos jurisdiccionales (que consistían en un legajo de 7 cuerpos cada uno de 200 hojas) a las autoridades indígenas. 

Cabe señalar que cuando la JIOC de Zongo realizó la expulsión del empresario minero, esta fue hecha en varias asambleas comunales y después de varias deliberaciones a favor y en contra se redactó en una sola hoja del libro de actas la resolución de expulsión. Mientras que la Justicia Ordinaria elaboró los siete cuerpos. Esta es una de las diferencias cualitativas entre la JIOC y la Justicia Ordinaria.

Entrega de cuadernos jurisdiccionales a la JIOC de Zongo, véase la inmensa cantidad de papel

La JIOC de Zongo trabajo durante dos años, casi nadie entendía la estrategia que estaban planteando, sufrieron la burla y la discriminación de las instituciones estatales por presentar sus argumentos, sin embargo tuvieron la capacidad de realizar una lectura adecuada a los desafíos que propone la actual reconfiguración jurídica en Bolivia, lograron hacerse respetar en un litigio los derechos indígenas y la igualdad jerárquica, ejercieron esta estrategia desde abajo, desde las comunidades, desde lo que sienten, lo que practican y lo que viven. 

La competencia que adquirió la JIOC de Zongo demostró que el legislativo no es la única fuente de donde emana la legalidad, la JIOC es una fuente legítima de la cual Bolivia puede recoger el espíritu jurídico de las leyes colectivas para gobernar a los bolivianos. Es por eso que una ley individualista que emanó del legislativo y que intenta regir el derecho de los pueblos, fue contrarrestada por la fuente jurídica colectiva de la jurisdicción indígena.

Actualmente la hermana Marcela Quisbert miembro de la JIOC Zongo señala: “la primera etapa fue demostrar que pudimos ganar en los tribunales y que podemos ejercer nuestra justicia, la segunda es socializar a todos los pueblos que hay igualdad jerárquica y la tercera, implementar y seguir descolonizando la justicia” [11].

La marcha de la nación Qhara Qhara

En febrero del 2019 los ayllus de la nación Qhara Qhara, iniciaron una marcha desde la ciudad de Sucre rumbo a la ciudad de La Paz, que tenía tres objetivos: abrogar la ley de deslinde jurisdiccional, abrogar dos artículos de la ley de autonomía y reclamar el respeto a los territorios ancestrales.

Respecto a la ley de deslinde [12], cabe mencionar que esta ley fue producida por el Órgano Legislativo Plurinacional. Su principal objetivo es reglamentar el diálogo entre la JIOC y la Jurisdicción Ordinaria, sin embargo en su artículo 10 dicha ley, quitó muchas competencias a las JIOC, por este motivo algunos intelectuales señalan que la JIOC solo sirve para juzgar robo de gallinas.

Respecto a la ley de autonomías, el reclamo era la existencia de dos referéndums para acceder a la autonomía indígena, por lo tanto ponía llaves a la libre determinación de los pueblos [13]. La marcha de la nación Qhara Qhara demandaba que se elimine esta figura.

Sobre la tercera demanda, respeto a los territorios ancestrales, mencionar que si uno revisa la jurisprudencia del TCP, se percatara que la JIOC de los ayllus de Qhara Qhara tienen varios procesos a favor, sin embargo, las instituciones jurídicas no quieren cumplir lo que dictan esas disposiciones, entonces se dieron cuenta de que esas sentencias “si no se cumplen son papel nomás”, sin ningún valor jurídico real.

La movilización de la Nación Qhara Qhara llegó a la ciudad de La Paz después de 40 días de marcha, trajo consigo una propuesta contra-hegemónica de hacer justicia, puesto que llegó con otros códigos y valores cuya fuente es lo comunitario, inclusive comparecieron otras entidades relacionadas al ámbito jurídico. Las autoridades llegaron portando unas varas de mando denominadas tatarreyes [14], que son objeto de culto y libaciones. Pero también llegaron otras entidades como ser: el viento, la sequía, la helada, los uywiris (entidades encargadas de cuidar a las personas), los dueños del bosque que son las entidades que cada ser posee en los bosques tropicales de Bolivia. Imagino que muchos no saben que estas entidades tienen mucho que decir respecto a la justicia, pues son las encargadas de resguardar el equilibrio entre la naturaleza y la sociedad y castigan a quien rompe la convivencia. 

Estas entidades también llegaron a la ciudad de La Paz a enfrentarse con el sistema jurídico hegemónico basado en la razón, aunque este sistema intente refugiarse en el racionalismo, no puede negar que en su seno también existen entidades, por ejemplo la diosa Temis que encarna a la razón misma y es representada por una mujer con los ojos vendados. 

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Las varas de mando, símbolo de justicia en los Ayllus de Qhara Qhara (Foto tomada de la página facebook “marcha naciones originaria y pueblos indígenas”)

La Marcha Qhara Qhara también muestra los conflictos internos que los pueblos poseen entre sí, me refiero a que en su territorio existen sindicatos y ayllus que utilizan la forma comunal en su organización política y jurídica, ambos tipos de organización se disputan un mismo territorio y de ahí surge el conflicto. Muchos intelectuales críticos al gobierno dieron su opinión respecto a esta marcha y se parcializaron con los ayllus señalando que “los sindicatos renuncian a sus derechos colectivos”. En otros casos dijeron que “los sindicatos son migrantes disfrazados” [15].

No estoy de acuerdo con estas opiniones, considero importante dar una mirada al pasado, si bien hoy en día existe una diversidad de pueblos indígenas, no debemos olvidar que todos poseen algo en común; fueron y son víctimas del sistema colonial, para poder sobrevivir generaron diversas formas de resistencia, conservando formas de vida comunitaria, hoy en día, los herederos de esos pueblos son los sindicatos, ayllus, e inclusive las personas que viven en las ciudades que de alguna u otra manera intentan resolver sus vidas conservando reglas comunales. El colega Raúl Rodríguez comenta al respecto: “si no comprendemos este proceso, borramos de un plumazo los 500 años de lucha indígena y la diversidad de formaciones sociales que se produjeron” [16]

Por esta razón considero que una salida al conflicto por el territorio implica que las dos colectividades hermanas de la nación Qhara Qhara (Sindicato y Ayllu Quila Quila) arreglen el problema de manera interna y en el lugar, sin la mediación del Estado ni mucho menos de sus instituciones jurídicas.

Conclusiones 

Para concluir me gustaría citar al tata Cenobio Sánchez de la nación Qhara Qhara que explica: “la lucha ahora no es armada, ahora es jurídica, y para eso tenemos que tener pleno conocimiento de nuestros derechos”. En ese mismo sentido el tata Feliciano de la nación Paqajaqi, casi todos los días alienta a los pueblos para que lean lo que dice la CPE, utilizando estas palabras: “mira aquí clarito dice que nosotros tenemos derechos a nuestro territorio y hacer justicia, tienes que leer pues, cómprate una CPE cuesta 10 bolivianos en la calle”.

Estas autoridades no sólo realizan un estudio minucioso de la CPE, en muchos casos recurren a las movilizaciones como los ayllus de Qhara Qhara con el objetivo de hacer cumplir lo que nuestra CPE manda. Esta forma de movilización es similar a la estrategia propuesta por el líder ecuatoriano de la CONAIE Luis Macas que dice: “nuestra lucha es política y epistémica [17]. Agregaremos que ahora también es jurídica. 

Puesto que el actual sistema civilizatorio tiene bases legales legitimadas en un sistema jurídico basado en los derechos individuales, la profesora Alma Melgarito señala que tenemos que disputar el espacio jurídico y no tenerle miedo, pues es el lugar donde más cimentado está el sistema hegemónico.

Quisiera recalcar que las luchas políticas, jurídicas y epistémicas también son ontológicas, puesto que en ambos lados existen entidades cuya visión de lo jurídico está en conflicto. La hermana Marcela Quisbert dice al respecto: “la justicia de los pueblos indígenas no es ciega”.

Por estas razones asumo que estas movilizaciones ponen en vigencia lo plurinacional, pero desde abajo, es una propuesta de pluralismo emancipadora frente a una visión conservadora, me animo a pensar que posee una capacidad de renovación alternativa al lamentable estado en que se encuentra la justicia boliviana. A su vez estamos frente a un nuevo ciclo de movilizaciones que cuestiona el conservadurismo de la academia y la forma en que el actual gobierno sigue ejerciendo sus funciones en clave republica monista.


Sobre el autor

Pedro Pachaguaya Yujra es antropólogo, maestrante en Filosofía y Ciencia Política, miembro del Grupo de Trabajo de la CLACSO “Derecho, Clases y reconfiguración del Capital”.

Bibliografía y referencias

  • Pachaguaya. Pedro; Marcani; Juan (2016) “Etnografía de un litigio interlegal: la defensa jurídica desde la jurisdicción indígena en Bolivia”. Tinkazos vol.19 no.39, La Paz. 
  • Tribunal Constitucional Plurinacional (2013). Expediente Conflicto de Competencias Jurisdiccionales N°: 03667-2013-08-CCJ. 
  • Tribunal Constitucional Plurinacional (2014). Sentencia Constitucional Plurinacional 0874/2014.

Notas

  • [1] Kennemore, A. et al. (2017). “El derecho de acceso a la justicia a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009: El pluralismo jurídico como nuevo escenario”, enLayuno, J. ed. Derecho de Acceso a la Justicia: Aportes para la construcción de un acervo latinoamericano. Santiago de Chile: CEJAS, pp.409-10.
  • [2] Ver: “Evo: ‘En vano incorporamos poncho y pollera en la justicia’” Página 7, 12 de febrero de 2014, disponible aquí.
  • [3] Mamani Pablo. “Estado Plurinacional como estafa histórica”. Página 7, 13 de marzo de 2015, disponible aquí.
  • [4] Asimismo vale la pena mencionar que varios investigadores extranjeros llegaron a realizar su investigación respecto a los alcances del Estado Plurinacional, puedo dar fe que muchos llegaron entusiasmados con la idea, sin embargo poco a poco se fueron desanimando ya que pusieron el ojo solo en la letra muerta de la constitución y como el actual gobierno estaba implementándola, cuando terminaron su investigación, llegaron a la conclusión que el Estado Plurinacional reconfiguró al viejo Estado Republica.
  • [5] En el idioma aymara, wawa significa recién nacido, es aquel bebé que necesita muchos cuidados, porque no puede valerse por sí mismo.
  • [6] Para profundizar sobre la estructura del Órgano Judicial Plurinacional ver: Bedoya, Gabriel. (2019). “Las jurisdicciones en el estado plurinacional” en Compas Vol. 10 N°27 1er  Cuatrimestre. Cochabamba: Universidad Privada del Valle, pp-6-15. Disponible aquí.
  • [7] En toda Bolivia deben existir alrededor de 1400 juzgados ordinarios.
  • [8] Se debe mencionar que la primera contradicción que el actual proceso vivió fue la encabezada por los pueblos indígenas del TIPNIS, la premisa principal de ese movimiento fue que el gobierno respete a los pueblos y que no construya el camino que cruzaría por su territorio.
  • [9] Entrevista del autor con autoridad de Zongo 2014. 
  • [10] Testimonio de Juan Carlos Marcani Enlace Jurídico de Zongo, 2014. 
  • [11] Testimonio de la hermana Marcela febrero 2019.
  • [12] Ver: Gaceta oficial de Bolivia (2010) LEY N° 073. Ley de Deslinde Jurisdiccional.
  • [13] En el mes de junio del presente año el Órgano Legislativo Plurinacional eliminó el doble referéndum de la ley de autonomías, gracias a la marcha de la nación Qhara Qhara.
  • [14] Estas varas de mando hacen alusión al poder de la corona española durante la colonia, también se refieren a los tres reyes magos, pues su fiesta suele ser el 6 de enero, fiesta de reyes.
  • [15] Declaraciones de Silvia Rivera en canal 13 Televisión Universitaria. Véase aquí.
  • [16] Conversación personal febrero 2019.
  • [17] Macas citado en: Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2009). “De Saberes y de Territorios – diversidad y emancipación a partir de la experiencia latino-americana”, Polis [En línea], 22, Publicado el 08 abril 2012, consultado el 12 diciembre 2019. Ver aquí.

¿Del «consenso de los commodities» al «consenso antiindígena»? Viaje al corazón de Vaca Muerta

Por Maristella Svampa.

El no reconocimiento de la responsabilidad de la Gendarmería nacional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y más aún, la negación sistemática del hecho, ocurrido en una solitaria ruta de la Patagonia argentina el pasado 1º de agosto, en el marco de una protesta en reclamo por la liberación del lonko (líder) mapuche Facundo Jones Huala, ha generado en el gobierno de Mauricio Macri una inesperada crisis política. Por un lado, la desaparición puso en el tapete no solo el endurecimiento del contexto represivo, sino también el desconocimiento y la indiferencia del actual gobierno respecto de los consensos forjados en la sociedad argentina en torno de los derechos humanos, luego de la experiencia del terrorismo de Estado y la desaparición forzada de miles de personas bajo la última dictadura. Por otro lado, en medio de una enorme campaña política mediática de carácter antiindígena, la crisis terminó por dar visibilidad a los reclamos de los mapuches sobre la propiedad de las tierras, hoy en disputa.

Vaya a saber cómo evolucionará la indagación de la justicia, ante el llamado a declaración de los gendarmes presentes en la represión que culminó con la desaparición de Maldonado y cómo esto impactará en las elecciones parlamentarias de octubre, que –supuestamente– confirmarían el triunfo del oficialismo a escala nacional. En lo que respecta a los reclamos mapuches, desde el principio el oficialismo dejó en claro una estrategia política que retoma y potencia las lecturas demonizadoras de los grandes propietarios rurales, que asocia a los mapuches con la violencia e incluso el terrorismo, además de desempolvar viejas acusaciones como aquella de que «los mapuches no son argentinos, sino chilenos» o que «han exterminado a los tehuelches», los supuestamente verdaderos «originarios» de la región. La campaña de demonización está ligada a la apuesta explícita que el gobierno de Macri hizo por la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de combustibles no convencionales, la megaminería a cielo abierto, la multiplicación de represas hidroeléctricas y la expansión de cultivos transgénicos, a lo cual hay que añadir los emprendimientos inmobiliarios, emplazados en territorios que defienden comunidades indígenas y no indígenas, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.

El caso es que desde fines de 2015 la situación de las comunidades indígenas que reclaman tierras ancestrales ha empeorado. Ha habido numerosos desalojos y varios dirigentes indígenas encarcelados en situación irregular, entre ellos el wichi Agustín Santillán, detenido y encarcelado en la provincia norteña de Formosa, contra quien se reactivaron causas anteriores, así como el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, a quien se le atribuyen crímenes de una enorme gravedad y está en proceso el pedido de extradición de Chile. La agresiva campaña político-mediática que apunta a asociar a grupos mapuches con la violencia política, supuestamente articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), del cual se sabe poco y se inventa mucho sin rigor investigativo alguno, arrancó a principios de año y fue nota central de dos de los principales diarios del país.

Las comunidades mapuches están repartidas por el inmenso territorio patagónico, en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Después de la llamada «campaña del desierto», en 1878, que exterminó a una parte de los indígenas del sur, muchos de los sobrevivientes fueron reclasificados como «trabajadores rurales», considerados ciudadanos de segunda y arrinconados en la estepa y la cordillera, en territorios en ese entonces no valorizados por el capital.

Hace unos días tuve la oportunidad de visitar Añelo y Campo Maripe junto con la Confederación Mapuche de Neuquén. Se trata de una de las organizaciones indígenas más solidas y de mayor trayectoria en la Patagonia. Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, ha venido desarrollando un trabajo social y político que apunta a lograr un mayor ejercicio de los derechos, así como el fortalecimiento y la difusión de su cultura. Las relaciones de la Confederación Mapuche con el poder político, económico y judicial de la provincia siempre han sido tensas. En 2006, logró un triunfo histórico, al incorporar en la reforma de la Constitución neuquina un artículo que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento jurídico de las comunidades por parte del Estado provincial. Sin embargo, la realidad de los territorios atravesados por la lógica del capital extractivista está lejos de la promesa de la interculturalidad. En 2013, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI) destacaba que, solo para el caso de Neuquén, había 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación), que criminalizaban a 241 mapuches por sus acciones. Estas luchas están ligadas a derechos reconocidos jurídicamente, como los reclamos de tierras y territorios, que se hallan amparados por la normativa nacional y provincial existente.

Mi presencia en el corazón de Vaca Muerta, junto con organizaciones sociales, activistas e intelectuales de variados países, estuvo vinculada a la realización de un «acto de desagravio» por el cuarto aniversario de la firma del convenio entre la multinacional Chevron y la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el cual abrió las puertas al fracking a gran escala en la provincia de Neuquén. Quizá pocos lo recuerden, pero la aprobación de ese convenio por parte de la Legislatura neuquina (que debía refrendar lo firmado por el gobierno nacional entonces presidido por Cristina Fernández de Kirchner) rompió con todos los protocolos democráticos e incluso tiró por la borda la intensa retórica nacional-popular y latinoamericanista desplegada por el oficialismo de entonces. El 28 de agosto de 2013, mientras los diputados neuquinos votaban afirmativamente sin conocer la letra del convenio, fuera del recinto se desarrollaba una interminable represión –una de las peores del ciclo kirchnerista– sobre una nutrida movilización compuesta por organizaciones sociales y ambientales, comunidades mapuches, partidos políticos de izquierda y estudiantes.

Sin embargo, el kirchnerismo no estaba solo: tanto la oposición de centro como la de derecha acompañaron su decisión. Más allá de las desprolijidades, el «Consenso de los Commodities», como hemos caracterizado este periodo, proyectaba a Neuquén como la nueva «Arabia Saudita». En gran medida gracias a la imagen proyectada por Vaca Muerta (la más grande formación de shale o roca de esquisto de Argentina), tuvo la particularidad de mostrar el resistente hilo negro que une en una misma visión sobre el desarrollo a progresistas, conservadores y neoliberales. Como consecuencia, y al igual que con la soja y la megaminería, Argentina apostaría a convertirse en un laboratorio a gran escala en la implementación de una técnica tan controversial a escala global, a través de un marco regulatorio claramente inconstitucional y muy favorable a las inversiones extranjeras.

La historia no es sin embargo lineal. A partir de 2014, la caída de los precios internacionales del petróleo habría de poner freno a la fiebre eldoradista en Vaca Muerta, lo cual no impidió el inicio de un proceso de reconfiguración social y territorial, con sede en Añelo, localidad ocupada por las grandes operadoras transnacionales. Ciertamente, en Añelo todo está listo para (volver a) arrancar, cuando se dé la señal de largada; esto es, apenas aumente el precio el petróleo y proyecte un horizonte de rentabilidad la esperada inversión de las grandes corporaciones globales.

La región de Vaca Muerta está lejos de ser un «territorio vacío», tal como es concebido por las autoridades provinciales y nacionales. Allí se asientan de modo disperso unas 20 comunidades indígenas. Y en función de los derechos colectivos reconocidos por la Constitución nacional y las normativas internacionales, los mapuches están lejos también de ser meros «superficiarios», como los tildara sin sonrojarse uno de los directores de YPF, en un debate reciente. Así, a raíz de las protestas llevadas a cabo por la Confederación Mapuche, en 2014 el gobierno del Neuquén debió reconocer a la comunidad de Campo Maripe, asentada en la zona desde 1927. El territorio en disputa, señala el Observatorio Petrolero Sur, son 10.000 hectáreas, aunque el gobierno solo acepta como parte de la comunidad unas 900. Pero en esta extensión es imposible realizar las tareas de pastoreo extendido y agricultura, las dos actividades de las que viven las 120 personas que forman parte de ella.

Desde 2015, los conflictos se agravaron y son muchos los dirigentes mapuches judicializados: en julio de este año, la Gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y hace unos días, un fiscal declaró en rebeldía a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de «usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento Loma Campana.

Este es un ejemplo, pero son muchos más los territorios en disputa, hoy recuperados por comunidades mapuches que alertan sobre una extendida cartografía del conflicto frente al avance de las diferentes modalidades del extractivismo y el acaparamiento de tierras. Cierto es que compañías como Chevron o Halliburton, propietarios como el británico Joseph Lewis o el grupo Benetton, se expandieron notablemente durante el ciclo progresista, pero en aquellos años el avance de la lógica depredadora del capital debía convivir con una narrativa oficialista de los derechos humanos que, aun en contra de lo que las propias políticas del kirchnerismo impulsaban, también incluía los derechos de los pueblos indígenas. No por casualidad, en 2006 y en un contexto de creciente conflictividad, se sancionó la ley 26160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras que ocupan y ordena la realización de un relevamiento territorial.

Sin embargo, hoy el doble discurso, sus tensiones y contradicciones, parecen parte del pasado. El racismo contra los indígenas no solo sigue operando como dispositivo disciplinario y fuertemente criminalizador en las ciudades, sino que cobra nuevas dimensiones en las crecientes disputas por los territorios. La campaña antiindígena contra los mapuches es una clara ilustración, pues elimina matices y complejidades, lo que es facilitado por la mirada simplificadora y agresiva de ciertos grandes medios de comunicación. Su objetivo es claro: se trata de disociar los reclamos de los mapuches del discurso de los derechos humanos, asociándolos a la violencia y creando las bases de un consenso antiindígena que avale ante la sociedad el avance del capital sobre los territorios en disputa. A este contexto de creciente demonización se agrega que hace unos días el Senado de la Nación, con el voto activo del oficialismo y la abstención de una parte de la oposición (que incluyó al kirchnerismo), rechazó tratar con urgencia la prórroga de la ley 26160, que vence a fines de 2017.

Hoy más que nunca la prórroga de esa ley exige el fin de la indiferencia y la adopción de un compromiso decidido de la sociedad civil en apoyo de los pueblos indígenas. Esta intervención no solo permitiría desmontar el consenso antiindígena que se pretende instalar; también habilitaría un diálogo necesario y democrático con las comunidades indígenas sobre el lugar que estos pueblos deben tener en el Estado argentino. Al mismo tiempo, la intervención de la sociedad civil posibilitaría abrir el esperado debate sobre el avance de modelos de mal desarrollo en los territorios y el rol que las resistencias sociales hoy existentes tienen en defensa de la vida.


Sobre la autora

Maristella Svampa es una socióloga, escritora y activista argentina. Es investigadora en el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina) y profesora en la Universidad Nacional de la Plata (Provincia de Buenos Aires). Participa en el Grupo Permanente de Alternativa al Desarrollo en América Latina y coordina varios grupos preocupados por temas ecológicos en Argentina. Maristella Svampa ha escrito varios libros sobre problemas políticos y sociales en América Latina.

La criminalización y el miedo hacia el pueblo mapuche como instrumentos políticos del Estado chileno

Por Francisca Fernández Droguett.

La década de los noventa se destacó por la visibilización de diversos movimientos indígenas en América Latina, que se articulan en torno a un entramado social y organizativo basado en la vida comunitaria de los pueblos indígenas, reivindicando ideas como autonomía, autodeterminación y territorio, que servirán de sustento para la movilización social y política de muchos otros movimientos sociales en el continente. 

Específicamente en Chile en estos últimos años ha tomado fuerza las reivindicaciones territoriales mapuche tanto en el ámbito rural como urbano, a través de la recuperación de tierras comunales usurpadas por el Estado chileno en los inicios de la República, en el marco de constantes enfrentamientos con empresas extractivistas, como las forestales, que han visto aumentar sus ingresos a costa de la explotación del bosque nativo, la usurpación y el acaparamiento de las aguas. Pero sobre todo este proceso de recuperación se ha enmarcado en la reivindicación de una territorialidad ancestral, que los constituye como pueblo.

Estado y políticas del miedo

La constitución del Estado chileno se ha basado en la negación e invisibilización sistemática de los pueblos indígenas y afro [1] que han habitado el territorio, y en torno a la hegemonía de una violencia legitimada por sí misma.  Si bien tuvo uno de sus puntos álgidos durante la dictadura cívico-militar, el aparato estatal se ha sostenido desde su conformación  a partir de la violencia focalizándose claramente hoy en la criminalización hacia el pueblo mapuche movilizado en el marco de la represión de la protesta social en Chile. 

El Estado  de Chile ha sido el principal agente de una política del miedo (Pincheira, 2014) sostenida en la persecución y el asedio constante hacia luchadoras y luchadores sociales, en especial del pueblo mapuche, mediante la instalación de supuesto sentimiento de inseguridad sobre la base de la consolidación del sujeto mapuche como terrorista y hoy también como delincuente (Fernández y Ojeda, 2015).

Es así que el miedo se convierte en el principal instrumento político del Estado (Corey, 2009) en tanto dispositivo de control y gestión (Agudelo, 2013; Foucault, 2006). El miedo funciona como  un modo de amedrentamiento hacia acciones colectivas visualizadas como transgresoras del orden social imperante, y como fundamento de la represión de sectores sociales movilizados, a través de las fuerzas policiales desplegadas en marchas y movilizaciones, y  mediante la persecución penal y criminalización de dirigentes (Pincheira, 2014). 

Bajo esta lógica la movilización se convierte en el campo del actuar delictivo al cual reprimir, siguiendo el mismo modelo de supresión de organizaciones subversivas de izquierda que se encontraban activas a inicios de la década de los noventa en la postdictadura (Acuña, Fredes & Pérez, 2010). Cabe destacar que este mismo patrón fue aplicado hacia las comunidades mapuche movilizadas en torno a la recuperación territorial de tierras ancestrales usurpadas por el propio Estado y hoy en manos de privados.

El mapuche como amenaza

El mapuche es presentado en la escena pública como amenaza (Frey, 2000), correspondiendo a un enemigo potencial por su condición de riesgo (Hoecker & Tsukame, 2000) y destructor de las relaciones sociales de la ciudadanía. Un terrorista, en un ambiente de fuerte polarización y consolidación de un clima permanente de riesgo, de guerra permanente (Calveiro, 2006). El miedo se generaliza y naturaliza.

La aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido uno de los mecanismos legales tanto de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría (conglomerados que históricamente se han autopercibido de “centro-izquierda”), como de la Alianza (que reúne a los partidos de la derecha liberal y conservadora), para reprimir a las comunidades mapuche. Conocida como Ley N° 18.314, ésta tiene su origen en 1984, en plena dictadura cívico-militar, que tuvo como objetivo la persecución y el encarcelamiento de los opositores, tipificando como acción terrorista el secuestro, los atentados con explosivos, amenazas, entre otras acciones. Posteriormente, en 1991, se incluye el delito de incendio, siendo uno de los ejes de la criminalización y encarcelamiento de autoridades mapuche los sujetos que cumplen el rol de lonko, weichafe y machi (Fernández y Ojeda, 2015), en el marco de constantes enfrentamientos de comunidades mapuche con empresas forestales que han visto aumentar sus ingresos a costa de la explotación del bosque nativo y el monocultivo de pino (Pairicán y Álvarez, 2011).

Desterritorialización y criminalización

El pueblo mapuche ha visto reducido su espacio vital desde diversas políticas de desterritorialización (Toledo, 2004) en la colonización, constitución de ambas repúblicas (Chile y Argentina) hasta la actualidad, por medio de la creación de reducciones indígenas por parte del Estado (Marimán, 2012), la instalación de empresas extractivistas comandadas por familias como los Matte, Luksic y Angelini, que explotan de manera intensiva e ilimitada bienes comunes como bosques y aguas. La usurpación de tierras por parte del Estado (y hoy transnacionales) ha sido la principal modalidad de ocupación territorial (Veres, 2014), la cual se ha visto intensificada con la privatización de tierras y agua, mediante la instalación de forestales, proyectos hidroeléctricos, industrias de la celulosa, salmonicultura y minería.

La represión contra autoridades mapuche responde también a la extensión del control y  apropiación de la naturaleza por parte del Estado y transnacionales, por lo que no es casualidad que hoy esté en aumento la criminalización de las figuras espirituales, como es el caso de la machi Francisca Linconao, quien fue acusada de participar en el ataque incendiario que dio muerte al matrimonio Luchsinger-Mackay, en el fundo Granja Lumahue, mismo caso en que fue condenado el machi Celestino Córdova, después de un largo proceso en el que se aplicó la Ley Antiterrorista y en el que hubo once imputados que debieron ser absueltos luego de que un supuesto “testigo clave” acusara a la fiscalía de arrancar declaraciones mediante tortura. Otro caso emblemático es el de la machi Millaray Huichalaf, acusada de la quema del fundo Pisu Pisué junto otros comuneros, como el lonko (del Puelmapu, territorio mapuche en Argentina) Facundo Jones Huala, quien se encuentra actualmente preso en la ciudad de Temuco bajo una condena de 9 años de cárcel.

Cabe destacar que durante el encarcelamiento de estas autoridades se le impide llevar a cabo sus ceremonias y ritualidades, correspondiendo a otro mecanismo de control y disciplinamiento corporal (Jeréz, 2013). Los propios cuerpos de estas autoridades devienen en la materialidad del delito, en tanto cuerpo sancionado, sometido y vigilado (Fernández y Ojeda 2015). Uno de los hitos respecto del control ejercido por sobre el cuerpo es la exigencia en algunas audiencias del despojo de la vestimenta tradicional.

En este mismo escenario de criminalización se insertan los casos de asesinato de Macarena Valdés, en la comunidad de Tranguil, Panguipulli, y Camilo Cantrillanca, de la comunidad de Temucuicui, Ercilla.

Macarena Valdés fue encontraba muerta y colgada en las afueras de su vivienda el 22 de agosto del 2016 (durante el gobierno de Michelle Bachelet, Nueva Mayoría), estableciéndose tempranamente por parte del Servicio Médico Legal como causa de muerte el suicidio, sin embargo organizaciones sociales y familiares gestionan una segunda autopsia donde se establece que fue colgada luego de encontrarse muerta, lo que fundamenta la versión de asesinato a causa de la lucha que encabezada junto a su compañero Rubén Collío por la defensa del territorio en el sector de Río Tranguil ante la instalación de una Mini Central de la empresa RP Global  y de su cableado de alta tensión. Hasta el momento no existe ningún avance respecto de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.

Camilo Catrillanca fue un comunero mapuche asesinado el 14 de noviembre del 2018 al recibir, por la espalda, un tiro en su cabeza por parte del sargento Carlos Alarcón, miembro del Comando Jungla, durante el operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de Chile apodado con ese nombre, creado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (Alianza) a modo de policía antiterrorista en territorio mapuche, siendo sus miembros formados en Colombia y Estados Unidos para el combate contra grupos subversivos. Camilo en el momento de su muerte se encontraba manejando un tractor junto a un adolescente de 15 años. Según la versión de la policía,  supuestamente se le disparó por haber participado de un asalto a un vehículo, hecho que nunca se corroboró. El 09 de mayo del año en curso la Fiscalía dio por cerrada la investigación para dar inicio a la preparación del juicio oral.

A modo de cierre

Más de una quincena de comuneras y comuneros mapuche han sido asesinados en el periodo posterior  a la dictadura cívico-militar en Chile (1973-1990), en el marco de políticas represivas por parte de los gobiernos de turno. Casos como el de Alex Lemún, asesinado el 2002 durante la ocupación del fundo Santa Elisa, propiedad de la Forestal Mininco; de Julio Alberto Huentecura Llancaleo, asesinado el 2004 supuestamente en una riña al interior de la Ex Penitenciaría de Santiago, luego de haber sido detenido en Osorno y trasladado a Santiago; la desaparición forzada de  Jose Huenante Huenante en el 2005 en la ciudad de Puerto Montt; el asesinato de Matías Catrileo en el 2008 y al año siguiente de Jaime Mendoza Collío, constituyen piezas de un engranaje represivo sostenido de manera sistemática desde la instalación de discursos y políticas del miedo, en que toda diferencia y fisura con el relato unificador del Estado nación se convierte en material de peligrosidad. No es casualidad que mapuche, migrantes, estudiantes, disidencias sexuales, entre otras posiciones de sujeto, conformen hoy el nuevo campo de criminalización.


Sobre la autora

Francisca Fernández Droguett es Antropóloga, magíster en Psicología Social, doctora en Estudios Americanos (mención Pensamiento y Cultura), docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, de Somos Cerro Blanco y del Comité Socioambiental Coordinadora Feminista 8M.

Bibliografía y referencias

  • Acuña, Felipe, Fredes Daniel & Pérez Domingo (2010). Criminalización de la protesta y judicialización de las demandas sociales. Producción de legitimidad social a partir del doble juego de la dominación. Derecho y Humanidades, 1(16), 363-372.
  • Agudelo, Alexandra (2013). Dispositivos de seguridad que de la actualización del miedo en el Estado contemporáneo. CLACSO, Serie Documentos de Trabajo, Red de Posgrados, 35, 1-19.
  • Calveiro, Pilar (2006). Los usos políticos de la memoria. Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. CLACSO, 59-382. 
  • Corey, Robin (2009). El miedo. Historia de una idea política. México: Fondo de Cultura Económica.
  • Fernández Droguett, Francisca & Ojeda Cisternas, Doris (2015). Criminalización de la resistencia mapuche como política del miedo. Athenea Digital, 15(4), 267-277, ver aquí.
  • Foucault, Michel (2006). Seguridad, territorio, población: curso en el Collége de France, 1977-1978. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
  • Frey, Antonio (2000). Seguridad ciudadana, ambivalencia de las políticas criminológicas y privatización del sistema carcelario. Revista Academia, 5, 19-34.
  • Hoecker, Loreto & Tsukame, Alejandro (2000). Notas sobre la inserción y el control en la transición a la democracia. En Control social y Seguridad: Ciudadanía en la transición chilena a la Democracia. Revista de la Academia, 5, 9-17. 
  • Jeréz. Jimena (2013). Perjuicios y contraindicaciones del encarcelamiento de las autoridades espirituales mapuche (machi). Niebla: Ediciones Corazón Terrícola.
  • Marimán, José A. (2012). Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI. Santiago: LOM Ediciones. 
  • Pairican, Fernando & Álvarez, Rolando (2011). La nueva Guerra de Arauco: la Coordinadora Arauco-Malleco y los nuevos movimientos de resistencia Mapuche en el Chile de la Concertación (1997 -2009). En Modonesi y Rebón (Comp.) Una década de movimiento. Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI (pp.66-84). México: CLACSO.
  • Pincheira, Iván (2004). Las políticas del miedo y la criminalización de los movimientos sociales en el Chile de la Post-dictadura. Revista Izquierdas, 18, 94-110.
  • Toledo, Víctor (2004). Políticas indígenas y derechos territoriales  en América Latina: 1990-2004 ¿Las fronteras indígenas de la globalización. En Pablo Dávalos (Comp.) Pueblos indígenas, Estado y democracia (pp. 67-102). Buenos Aires: CLACSO.
  • Veres, Luis (2014) Terrorismo y criminalización: la defensa de los mapuches y el cine documental. Revista Fronteras, 1(1), 116-132.

Notas

  • [1] Cabe destacar que recién en abril del 2019 el Estado Chileno, luego de años de lucha de organizaciones y comunidades, otorga reconocimiento legal al pueblo afrodescendiente mediante la ley 21.151.