La criminalización y el miedo hacia el pueblo mapuche como instrumentos políticos del Estado chileno

Por Francisca Fernández Droguett.

La década de los noventa se destacó por la visibilización de diversos movimientos indígenas en América Latina, que se articulan en torno a un entramado social y organizativo basado en la vida comunitaria de los pueblos indígenas, reivindicando ideas como autonomía, autodeterminación y territorio, que servirán de sustento para la movilización social y política de muchos otros movimientos sociales en el continente. 

Específicamente en Chile en estos últimos años ha tomado fuerza las reivindicaciones territoriales mapuche tanto en el ámbito rural como urbano, a través de la recuperación de tierras comunales usurpadas por el Estado chileno en los inicios de la República, en el marco de constantes enfrentamientos con empresas extractivistas, como las forestales, que han visto aumentar sus ingresos a costa de la explotación del bosque nativo, la usurpación y el acaparamiento de las aguas. Pero sobre todo este proceso de recuperación se ha enmarcado en la reivindicación de una territorialidad ancestral, que los constituye como pueblo.

Estado y políticas del miedo

La constitución del Estado chileno se ha basado en la negación e invisibilización sistemática de los pueblos indígenas y afro [1] que han habitado el territorio, y en torno a la hegemonía de una violencia legitimada por sí misma.  Si bien tuvo uno de sus puntos álgidos durante la dictadura cívico-militar, el aparato estatal se ha sostenido desde su conformación  a partir de la violencia focalizándose claramente hoy en la criminalización hacia el pueblo mapuche movilizado en el marco de la represión de la protesta social en Chile. 

El Estado  de Chile ha sido el principal agente de una política del miedo (Pincheira, 2014) sostenida en la persecución y el asedio constante hacia luchadoras y luchadores sociales, en especial del pueblo mapuche, mediante la instalación de supuesto sentimiento de inseguridad sobre la base de la consolidación del sujeto mapuche como terrorista y hoy también como delincuente (Fernández y Ojeda, 2015).

Es así que el miedo se convierte en el principal instrumento político del Estado (Corey, 2009) en tanto dispositivo de control y gestión (Agudelo, 2013; Foucault, 2006). El miedo funciona como  un modo de amedrentamiento hacia acciones colectivas visualizadas como transgresoras del orden social imperante, y como fundamento de la represión de sectores sociales movilizados, a través de las fuerzas policiales desplegadas en marchas y movilizaciones, y  mediante la persecución penal y criminalización de dirigentes (Pincheira, 2014). 

Bajo esta lógica la movilización se convierte en el campo del actuar delictivo al cual reprimir, siguiendo el mismo modelo de supresión de organizaciones subversivas de izquierda que se encontraban activas a inicios de la década de los noventa en la postdictadura (Acuña, Fredes & Pérez, 2010). Cabe destacar que este mismo patrón fue aplicado hacia las comunidades mapuche movilizadas en torno a la recuperación territorial de tierras ancestrales usurpadas por el propio Estado y hoy en manos de privados.

El mapuche como amenaza

El mapuche es presentado en la escena pública como amenaza (Frey, 2000), correspondiendo a un enemigo potencial por su condición de riesgo (Hoecker & Tsukame, 2000) y destructor de las relaciones sociales de la ciudadanía. Un terrorista, en un ambiente de fuerte polarización y consolidación de un clima permanente de riesgo, de guerra permanente (Calveiro, 2006). El miedo se generaliza y naturaliza.

La aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido uno de los mecanismos legales tanto de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría (conglomerados que históricamente se han autopercibido de “centro-izquierda”), como de la Alianza (que reúne a los partidos de la derecha liberal y conservadora), para reprimir a las comunidades mapuche. Conocida como Ley N° 18.314, ésta tiene su origen en 1984, en plena dictadura cívico-militar, que tuvo como objetivo la persecución y el encarcelamiento de los opositores, tipificando como acción terrorista el secuestro, los atentados con explosivos, amenazas, entre otras acciones. Posteriormente, en 1991, se incluye el delito de incendio, siendo uno de los ejes de la criminalización y encarcelamiento de autoridades mapuche los sujetos que cumplen el rol de lonko, weichafe y machi (Fernández y Ojeda, 2015), en el marco de constantes enfrentamientos de comunidades mapuche con empresas forestales que han visto aumentar sus ingresos a costa de la explotación del bosque nativo y el monocultivo de pino (Pairicán y Álvarez, 2011).

Desterritorialización y criminalización

El pueblo mapuche ha visto reducido su espacio vital desde diversas políticas de desterritorialización (Toledo, 2004) en la colonización, constitución de ambas repúblicas (Chile y Argentina) hasta la actualidad, por medio de la creación de reducciones indígenas por parte del Estado (Marimán, 2012), la instalación de empresas extractivistas comandadas por familias como los Matte, Luksic y Angelini, que explotan de manera intensiva e ilimitada bienes comunes como bosques y aguas. La usurpación de tierras por parte del Estado (y hoy transnacionales) ha sido la principal modalidad de ocupación territorial (Veres, 2014), la cual se ha visto intensificada con la privatización de tierras y agua, mediante la instalación de forestales, proyectos hidroeléctricos, industrias de la celulosa, salmonicultura y minería.

La represión contra autoridades mapuche responde también a la extensión del control y  apropiación de la naturaleza por parte del Estado y transnacionales, por lo que no es casualidad que hoy esté en aumento la criminalización de las figuras espirituales, como es el caso de la machi Francisca Linconao, quien fue acusada de participar en el ataque incendiario que dio muerte al matrimonio Luchsinger-Mackay, en el fundo Granja Lumahue, mismo caso en que fue condenado el machi Celestino Córdova, después de un largo proceso en el que se aplicó la Ley Antiterrorista y en el que hubo once imputados que debieron ser absueltos luego de que un supuesto “testigo clave” acusara a la fiscalía de arrancar declaraciones mediante tortura. Otro caso emblemático es el de la machi Millaray Huichalaf, acusada de la quema del fundo Pisu Pisué junto otros comuneros, como el lonko (del Puelmapu, territorio mapuche en Argentina) Facundo Jones Huala, quien se encuentra actualmente preso en la ciudad de Temuco bajo una condena de 9 años de cárcel.

Cabe destacar que durante el encarcelamiento de estas autoridades se le impide llevar a cabo sus ceremonias y ritualidades, correspondiendo a otro mecanismo de control y disciplinamiento corporal (Jeréz, 2013). Los propios cuerpos de estas autoridades devienen en la materialidad del delito, en tanto cuerpo sancionado, sometido y vigilado (Fernández y Ojeda 2015). Uno de los hitos respecto del control ejercido por sobre el cuerpo es la exigencia en algunas audiencias del despojo de la vestimenta tradicional.

En este mismo escenario de criminalización se insertan los casos de asesinato de Macarena Valdés, en la comunidad de Tranguil, Panguipulli, y Camilo Cantrillanca, de la comunidad de Temucuicui, Ercilla.

Macarena Valdés fue encontraba muerta y colgada en las afueras de su vivienda el 22 de agosto del 2016 (durante el gobierno de Michelle Bachelet, Nueva Mayoría), estableciéndose tempranamente por parte del Servicio Médico Legal como causa de muerte el suicidio, sin embargo organizaciones sociales y familiares gestionan una segunda autopsia donde se establece que fue colgada luego de encontrarse muerta, lo que fundamenta la versión de asesinato a causa de la lucha que encabezada junto a su compañero Rubén Collío por la defensa del territorio en el sector de Río Tranguil ante la instalación de una Mini Central de la empresa RP Global  y de su cableado de alta tensión. Hasta el momento no existe ningún avance respecto de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.

Camilo Catrillanca fue un comunero mapuche asesinado el 14 de noviembre del 2018 al recibir, por la espalda, un tiro en su cabeza por parte del sargento Carlos Alarcón, miembro del Comando Jungla, durante el operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de Chile apodado con ese nombre, creado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (Alianza) a modo de policía antiterrorista en territorio mapuche, siendo sus miembros formados en Colombia y Estados Unidos para el combate contra grupos subversivos. Camilo en el momento de su muerte se encontraba manejando un tractor junto a un adolescente de 15 años. Según la versión de la policía,  supuestamente se le disparó por haber participado de un asalto a un vehículo, hecho que nunca se corroboró. El 09 de mayo del año en curso la Fiscalía dio por cerrada la investigación para dar inicio a la preparación del juicio oral.

A modo de cierre

Más de una quincena de comuneras y comuneros mapuche han sido asesinados en el periodo posterior  a la dictadura cívico-militar en Chile (1973-1990), en el marco de políticas represivas por parte de los gobiernos de turno. Casos como el de Alex Lemún, asesinado el 2002 durante la ocupación del fundo Santa Elisa, propiedad de la Forestal Mininco; de Julio Alberto Huentecura Llancaleo, asesinado el 2004 supuestamente en una riña al interior de la Ex Penitenciaría de Santiago, luego de haber sido detenido en Osorno y trasladado a Santiago; la desaparición forzada de  Jose Huenante Huenante en el 2005 en la ciudad de Puerto Montt; el asesinato de Matías Catrileo en el 2008 y al año siguiente de Jaime Mendoza Collío, constituyen piezas de un engranaje represivo sostenido de manera sistemática desde la instalación de discursos y políticas del miedo, en que toda diferencia y fisura con el relato unificador del Estado nación se convierte en material de peligrosidad. No es casualidad que mapuche, migrantes, estudiantes, disidencias sexuales, entre otras posiciones de sujeto, conformen hoy el nuevo campo de criminalización.


Sobre la autora

Francisca Fernández Droguett es Antropóloga, magíster en Psicología Social, doctora en Estudios Americanos (mención Pensamiento y Cultura), docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, de Somos Cerro Blanco y del Comité Socioambiental Coordinadora Feminista 8M.

Bibliografía y referencias

  • Acuña, Felipe, Fredes Daniel & Pérez Domingo (2010). Criminalización de la protesta y judicialización de las demandas sociales. Producción de legitimidad social a partir del doble juego de la dominación. Derecho y Humanidades, 1(16), 363-372.
  • Agudelo, Alexandra (2013). Dispositivos de seguridad que de la actualización del miedo en el Estado contemporáneo. CLACSO, Serie Documentos de Trabajo, Red de Posgrados, 35, 1-19.
  • Calveiro, Pilar (2006). Los usos políticos de la memoria. Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. CLACSO, 59-382. 
  • Corey, Robin (2009). El miedo. Historia de una idea política. México: Fondo de Cultura Económica.
  • Fernández Droguett, Francisca & Ojeda Cisternas, Doris (2015). Criminalización de la resistencia mapuche como política del miedo. Athenea Digital, 15(4), 267-277, ver aquí.
  • Foucault, Michel (2006). Seguridad, territorio, población: curso en el Collége de France, 1977-1978. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
  • Frey, Antonio (2000). Seguridad ciudadana, ambivalencia de las políticas criminológicas y privatización del sistema carcelario. Revista Academia, 5, 19-34.
  • Hoecker, Loreto & Tsukame, Alejandro (2000). Notas sobre la inserción y el control en la transición a la democracia. En Control social y Seguridad: Ciudadanía en la transición chilena a la Democracia. Revista de la Academia, 5, 9-17. 
  • Jeréz. Jimena (2013). Perjuicios y contraindicaciones del encarcelamiento de las autoridades espirituales mapuche (machi). Niebla: Ediciones Corazón Terrícola.
  • Marimán, José A. (2012). Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI. Santiago: LOM Ediciones. 
  • Pairican, Fernando & Álvarez, Rolando (2011). La nueva Guerra de Arauco: la Coordinadora Arauco-Malleco y los nuevos movimientos de resistencia Mapuche en el Chile de la Concertación (1997 -2009). En Modonesi y Rebón (Comp.) Una década de movimiento. Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI (pp.66-84). México: CLACSO.
  • Pincheira, Iván (2004). Las políticas del miedo y la criminalización de los movimientos sociales en el Chile de la Post-dictadura. Revista Izquierdas, 18, 94-110.
  • Toledo, Víctor (2004). Políticas indígenas y derechos territoriales  en América Latina: 1990-2004 ¿Las fronteras indígenas de la globalización. En Pablo Dávalos (Comp.) Pueblos indígenas, Estado y democracia (pp. 67-102). Buenos Aires: CLACSO.
  • Veres, Luis (2014) Terrorismo y criminalización: la defensa de los mapuches y el cine documental. Revista Fronteras, 1(1), 116-132.

Notas

  • [1] Cabe destacar que recién en abril del 2019 el Estado Chileno, luego de años de lucha de organizaciones y comunidades, otorga reconocimiento legal al pueblo afrodescendiente mediante la ley 21.151.

¿Qué pasó en Curuguaty?

* Por Rocco Carbone y Clyde Soto.

1. Apertura

Se han cumplido cinco años de la masacre de Marina Kue, Curuguaty (15 de junio de 2012), el evento que marcó el devenir político del Paraguay en esta segunda década del siglo XXI. Su ocurrencia derivó de manera inmediata, una semana después, en el golpista juicio político destituyente del entonces gobierno de Fernando Lugo y reconfiguró las ubicaciones de los actores políticos del país en un sentido amplio –partidos, movimientos sociales y corrientes de posición sustentadas en diversos intereses y análisis de la realidad–. En su aspecto vinculado con los hechos criminales, el caso derivó en el juicio seguido a un conjunto de doce personas, condenadas con excepción de una de ellas, adolescente en el momento de la masacre. El punto más alto de inflexión en este proceso –pero no final– fue la sentencia, dictada en julio de 2016, que condenó como culpables a once víctimas y supervivientes –campesinas, campesinos– a penas carcelarias, imponiendo de esa manera la sombra de la injusticia más absurda sobre todo el Paraguay. Pero el caso Curuguaty no acabó con esa sentencia. Continúa su proceso judicial y, sobre todo, prosigue su contundente peso sobre la historia de todo un país y de la región latinoamericana.

Sobre Curuguaty pareciera que ya se dijo mucho, pero nada ha sido suficiente para conmover los cimientos, las consecuencias y los sentidos del caso. Y cuando pareciera que ya ha quedado lejos, actualiza su vigencia. El objetivo de este texto es debatir sobre los sentidos que Curuguaty fue acumulando en los últimos cinco años y presentar algunas hipótesis acerca de su impacto en Paraguay, en medio de un tiempo donde se definen escenarios electorales y se reacomodan las posiciones desde donde actores, partidos y ciudadanía proyectan futuros posibles del Paraguay.

2. Actualización: un proceso inconcluso

La palabra más asociada con el caso Curuguaty es “injusticia”. Esto es lo que continuamente se actualiza con el proceso judicial seguido a los campesinos y las campesinas, que sigue aportando eventos que ratifican el sentido principal de las actuaciones estatales con respecto al caso: que el Estado, bajo su concepción y sus operaciones actuales, es una herramienta de dominación de clase, cuyos hilos de poder de ninguna manera se desprenderán del control de quienes representan a los sectores que históricamente los han manejado. Así, todo el proceso judicial del caso Curuguaty es una colección de eventos que giran sobre el mismo eje: desde la perspectiva de los actuales poderes políticos, económicos y fácticos del Paraguay, no es posible hacer justicia, porque eso negaría su propia capacidad de sostener la dominación y porque si se hiciera los actores que controlan el sistema judicial–y también los otros poderes estatales– deberían dar cuenta de actuaciones basadas en la arbitrariedad y la ilegalidad.

El caso Curuguaty desnudó en gran medida este modo de operaciones estatales basadas en la injusticia y con un sentido de dominación, debido a varios factores; principalmente lo burdo de las actuaciones de los actores del sistema de fuerzas públicas y judiciales, que acostumbrados a la impunidad pusieron en marcha un proceso plagado de errores y parcialidades [1], y –por otra parte– la disputa de discursos acaecida en torno a este caso, donde al menos parte importante de una ciudadanía indignada no se conformó con el libreto oficial desplegado sobre la masacre, exigiendo verdad (la pregunta ¿qué pasó en Curuguaty?) y justicia (la demanda de nulidad del proceso).

La injusticia propiciada por el sistema judicial se vuelve así una herramienta para el sostenimiento y permanencia de este Estado bajo sus mandantes históricos, y para ello se precisa de ensañamiento, porque con eso se consigue ejemplaridad y así se impide que se siga repitiendo la exigencia de derechos. Es lo que puede verse con la sentencia de primera instancia, de magnitud desaforada si se tiene en cuenta que a ninguna de las personas condenadas se le ha podido probar que haya siquiera disparado alguna de las armas que mataron a los policías (porque la muerte de los campesinos no importó nunca a la (in) justicia penal): Rubén Villalba con 30 años de prisión, Luis Olmedo con 20 años, Néstor Castro y Arnaldo Quintana con 18 años, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López con 6 años (las mujeres condenadas purgan lo que queda de la pena bajo arresto domiciliario), Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Adalberto Castro y Alcides Ramírez con 4 años (estos últimos ya habían cumplido con dicho tiempo de privación de libertad). Esta sentencia fue recientemente (en junio de 2017) ratificada por el tribunal de apelación, dejando así a la condena ante apenas una posibilidad más en el sistema interno, que es recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, una instancia que ya ha mostrado escasa voluntad para destrabar el caso [2].

Hubo un único destello de esperanza de justicia con relación al caso, propiciado por el sobreseimiento de una de las procesadas, Raquel, quien en el momento de la masacre era adolescente. Sin embargo, la propia Fiscalía apeló esta sentencia, cumpliendo así plenamente con la condición de ensañamiento. Por si fuera poco, varios de los profesionales abogados que atendieron el caso han sido también sometidos a sumarios. Así, la ejemplaridad cobra su cabal dimensión: no solo habrá condenas destructivas, sino además la defensa será imposible, porque a su vez será castigada.

De esta manera se cierra el círculo de la sujeción que atenaza a quienes resisten ante un modelo de Estado aprisionado por los privilegios y sus detentores. Así se consolida un Paraguay signado por la injusticia y la dominación.

3. Los impactos políticos

Curuguaty es un gran peso político sobre el Paraguay, pues representa la imposibilidad de modificar las bases sobre las cuales se ha construido y sigue funcionando el Estado paraguayo. La masacre ocurrió porque resultaba inadmisible la resistencia campesina ante la apropiación y expulsión de sus tierras históricas, y el golpe porque se necesitaba recuperar el mando ante la pérdida de poder político con un gobierno que en alguna medida –más bien tímida– se desmarcaba de los mandantes históricos. Los impactos políticos de la masacre y el posterior golpe siguen vigentes y se magnifican ante la inminencia del proceso electoral previsto para 2018.

El primer gran impacto es el retorno a la matriz de gobiernos de tinte autoritario bajo los que Paraguay ha vivido casi toda su historia como país independiente. Más en concreto, y contemplando apenas el periodo más reciente, la masacre y el golpe fueron el preámbulo del regreso al gobierno del Partido Colorado, para proseguir su ejercicio del poder de ya 65 años, interrumpidos apenas entre 2008 y 2013 (incluyendo los nueve meses de gobierno liberal golpista de Federico Franco). Lo específico de este nuevo periodo es que el modelo autoritario se ha consolidado bajo un renovado ropaje democrático, habiéndose retomado la “normalidad” de los procesos electorales y, sobre todo, reatado alianzas y aceptaciones mutuas entre los diversos actores (golpistas y golpeados) sobre la base de intereses más coyunturales o permanentes, vinculados sobre todo con la posibilidad de ganar elecciones, de acceder o permanecer en el poder. Todo esto, que es parte ineludible de la democracia, tiene un problema de fondo cuando se asienta sobre bases de uso discrecional del poder, de arbitrariedad, de violación de derechos humanos y de impunidad.

Y aquí de nuevo entra Curuguaty, pues la sujeción del sistema político, sin resquicios ante unas fuerzas públicas asesinas y un sistema judicial que opera como cancerbero implacable, sigue sucediendo no solo con las condenas, apelaciones y ratificaciones ya señaladas, sino con numerosos nuevos episodios de persecución a sintierras y no solo, también a políticos y otros. Lo ocurrido entre marzo y abril de 2017 con las represiones en las calles de diversos lugares del país y con el asesinato de Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal, así como el procesamiento de varios manifestantes tras la quema del Congreso, luego de las manifestaciones y debates en torno al tema enmienda constitucional sobre la reelección, muestra cómo funcionan las cosas bajo un régimen autoritario. Ni qué decir con los casos de lucha por la tierra: Guahory, Itakyry y otros, de ataque al campesinado, de extrema gravedad. Esto muestra cómo se ha consolidado el modelo estatal paraguayo: los abusos propiciados desde el poder político y sin posibilidades de límites desde algún otro sector del mismo, representan una combinación altamente autoritaria.

El caso Curuguaty –junto con el golpe posterior– rehabilita y expande el alcance de este modelo, que ratifica su potencia por haberse disfrazado de normalidad: las elecciones, las alianzas, las propuestas políticas, suceden todas como si nada de lo demás ocurriera o como si no importara. Como si las reglas y sus sentidos fueran accesorias o en todo caso acomodables al interés sectorial, sea coyuntural o de fondo. Una democracia construida de esta manera no es tal, sino apenas una cáscara que envuelve a un sistema injusto.

La evolución política pos Curuguaty y pos golpe muestra además el quiebre de las alternativas a este modelo. La alianza entre sectores de oposición con que se ganaron las elecciones de 2008 se rompió con el golpe de 2012, en tanto que la incipiente unión de las fuerzas de izquierda (agrupadas en el Frente Guasu en 2010) estalló con las primeras elecciones posgolpe de 2013. Un nuevo quiebre de posibilidades de construcción de alternativas se verificó con los episodios en torno a la enmienda de 2017, habilitando un camino libre de obstáculos para la consolidación del Partido Colorado en el poder, ante lo cual hasta ahora no parece haberse recompuesto alguna opción.

La sociedad paraguaya se debate entre el modelo autoritario y la anomia, mientras la ciudadanía democrática no encuentra aún el modo de articular propuestas que representen caminos de cambio social en un sentido de justicia e igualdad [3].

4. Los sentidos de Curuguaty [4]

Curuguaty es una lucha sobre significados, que se verifica no solo en el plano del poder estatal y sus discursos, sino también en el del académico. Sabemos muy bien que, en nuestro mundo, y en el de la academia también, o en el de los “estudios latinoamericanos”, hay saberes legítimos, países legítimos, significados legítimos, que en tanto legítimos son dominantes y que tienen mayor posibilidad de circulación. Y la “circulación del conocimiento es parte de la distrbución social del poder” (Fiske, 1989: 150). Esos significados integran las llamadas culturas hegemónicas, que como tales tienen mayor poder de ser conocidas y aceptadas. Esos significados legítimos están implicados en relaciones de poder.

Curuguaty no es un significado legítimo o lo es muy relativamente, o quizás apenas empiece a serlo con dificultad, con trabas, o de manera accesoria. Siempre menos, es cierto, si pensamos que el cineasta paraguayo Marcelo Martinessi ganó en 2016 un premio en la Biennale di Venezia con La voz perdida (2016), un corto sobre Curuguaty. O que el caso está presente en publicaciones ya no solo de Paraguay, sino también de otros países, como es el caso del libro Curuguaty. Carnificina para um golpe, del periodista brasileño Leonardo Wexell Severo (2016). Pero esto aún no hace de Curuguaty un significado menos accesorio. Pero lo que vamos diciendo sobre Curuguaty, de a poco, de dos y de a muchas voces, va tomando cuerpo y va creando sentidos imprescindibles para entender cómo y por qué sucede lo que va pasando en América Latina.

Si Curuguaty significó algo, desde el punto de vista del poder, fue el intento de imponer una “verdad” falsificada sobre la masacre, para normalizar el despojo de tierras, de vidas y de todo el proceso de difícil construcción democrática en el Paraguay. Pero, además, ha situado a ese topónimo –Curuguaty, lugar del curuguá– impregnado de un drama social propio de la opresión, dentro de un análisis de las estructuras de poder económico y político que controlan la vida cotidiana del Paraguay. Y también nos ha permitido identificar su carácter ejemplar en el Cono Sur del siglo XXI, pues dio pie al primer golpe de Estado en nuestra región, en 2012, luego del de Honduras de 2009 y antes del de Brasil de 2016. Masacre y momento de inflexión sin parangón, pues marcó el comienzo del retorno de la derecha en el sur de América del Sur. Al respecto, un país como Paraguay, que parecería ser más parecido al desierto de las teorías, paradójicamente ha colaborado a acuñar una nueva categoría política e intelectual, gracias a la derecha. Esa categoría es: “golpe a la paraguaya”. Paraguay se convirtió en modelo para los golpes institucionales de la derecha, por lo menos en el Cono Sur. De hecho, el golpe de 2016 en Brasil despertó las heridas que hace cuatro años marcaron y dividieron a Paraguay. El golpe paraguayo fue señalado como el modelo seguido por esos sectores de derecha neoliberal corrupta brasileña, empecinada en bajar del poder a un gobierno democráticamente electo. ¿Cómo? Por la vía de ese mecanismo constitucional que se llama juicio político.

El llamado “golpe a la paraguaia”, tal como lo nombró la misma presidenta del Brasil, Dilma, es parte de una familia de operaciones políticas. Una familia que configura toda una genealogía para los gobiernos de izquierdas en América latina. El de Paraguay fue el segundo de los llamados “golpes blandos” y que tuvo éxito desde el inicio de este siglo. Honduras, Paraguay y Brasil fueron los primeros golpes exitosos. “Exitosos” porque antes ya había habido otros no exitosos: en Venezuela en 2002 y en Bolivia en 2008, así como hubo después en Ecuador en 2010. En cambio, en la Argentina, el caso Nisman dio lugar a amenazas que no llegaron a concretarse, hasta que en 2015 se produjo el cambio de gobierno en dirección de derecha por vía electoral. ¿Detrás de todo este entramado qué hay? Hay una derecha en movimiento, en proceso de rearticulación continental/mundial y de retorno. Una derecha que se posiciona en contra de su pérdida de privilegios, que ve como amenaza la más mínima redistribución de la riqueza y que desea plena liberalidad para hacer sus negocios sin las irritaciones que conlleva el aumento de derechos para las grandes mayorías latinoamericanas. Curuguaty debe ser mirado en el foco de este contexto.

Curuguaty condensa en una única palabra un conjunto importante de experiencias históricas. En particular, el modo actual en que se defiende el agronegocio y las tierras malhabidas de herencia stronista en Paraguay y –sobre todo– cómo el poder actúa de forma diferencial en la vida cotidiana bajo el imperio del capital. Sabemos de sobra que raza, clase y género forman una intersección con las relaciones coloniales y neocoloniales, tanto nacional como internacionalmente. Masacrar a un conjunto de 16 campesinos y policías en Curuguaty significó–además del golpe al gobierno Lugo– dejar espacio al “progreso” sojero, garantizado en este caso por la firma Campos Morombí, propiedad del connotado dirigente político colorado Blas N. Riquelme, hoy ya fallecido. Se trata de un hecho inscripto en un patrón de actuaciones que ha tomado cuerpo en Paraguay y que sigue repitiéndose, con total impunidad, como se ha podido ver en otros muchos casos, como en Yva Poty, en Guahory, en Itakyry. ¿Cómo no desalojar a campesinos o a indígenas cuando frecuentemente no tienen documentos de posesión sobre las tierras donde han vivido por añares, antes de la existencia de la soja, del agronegocio, de los brasiguayos, de Stroessner, de las tierras mal- habidas, de los colorados y de los liberales, antes de los bancos, de las hipotecas y de los títulos de propiedad? Con el desalojo se dejan “libres” unas tierras para que los poderes concentrados sobre empresas privadas puedan ocuparse de la producción intensiva de soja, fumigando sin resistencia, con protección policial-estatal y condenando a los campesinos a migrar hacia las ciudades, arrastrando sus escasas pertenencias para terminar aterrizando en algún asentamiento periférico –como los bañados– siempre en expansión. Asentamiento desde donde buscarán algún trabajo que les permita sobrevivir. Eso sí: a condición de que todos los componentes de la familia trabajen, niños incluidos; ¿y si no, acaso, quiénes son esos niños que limpian vidrios en los semáforos de Asunción o de Buenos Aires sino los hijos de los campesinos muertos o desplazados o encarcelados de Curuguaty? Porque el nombre Curuguaty representa cabalmente el drama histórico y actual del Paraguay.

Curuguaty aclara y cristaliza lo que la realidad es realmente: relaciones de dominación y explotación activas en la sociedad paraguaya. Curuguaty es la razón por la cual hay (y para ciertos sectores debe haber) campesinos sin tierra. Que quiere decir sin existencia: sin vida. Puede decirse esta frase –campesinado sin tierra– porque en Paraguay hay mucha gente a la que Curuguaty le gustó. Y por eso mismo, lo que hubiera debido ser una plaza de la resistencia al golpe fue una plaza tendencialmente vacía. Curuguaty fue posible, es posible, porque hay poderes que desprecian y temen las vidas de quienes ven como otros “descartables”, por lo que atentan con todos los medios que tienen a disposición en contra de esas vidas: por expulsión y desplazamiento, por negación, por obligación de disimularse, asimilarse o someterse, o por la vía final de las balas. Además de las fuerzas políticas enfrentadas entre sí y enfrentadas al gobierno de Lugo, además del deseo de los colorados de volver al Palacio López –que según parecen creer les corresponde por “derecho natural”–, Curuguaty puede ser entendido solo si reconocemos la compleja cadena de formación del capital (internacional y nacionalmente), las necesidades contradictorias de clase y las relaciones estridentes entre campo y ciudad, entre la modernidad y lo que se visualiza como atraso, entre las compresiones de civilización y barbarie que (des)organizan a Paraguay.

Curuguaty es además la negación de los derechos humanos fundamentales –a la vida, al trabajo, a la salud, a la cultura. Significa la destrucción del ambiente a mano de la soja genéticamente modificada, condiciones humillantes que implican sobrevivir más que vivir, la falta de un futuro significativo para una cantidad infinita de niños condenados a sostener con sus vidas una historia de expoliación y desigualdad social. Y esto en Paraguay y en muchas otras latitudes de América Latina es una realidad brutal que millones de personas padecen cotidianamente en sus propios cuerpos. Curuguaty significa también la destrucción de las relaciones de producción y el empobrecimiento complementario, el despojo, de miles de ciudadanos en un país como Paraguay. Ahora, ese conglomerado no puede separarse de la capacidad de consumo de los pueblos de otras naciones: de todas esas naciones que compran la soja genéticamente modificada producida en Paraguay o en la región del Cono Sur latinoamericano.

Curuguaty es un acto social pleno. Implica una larguísima cadena de relaciones, de procesos de dominación y subordinación –a veces muy ocultos– que se concretan o concretaron en la expulsión de millones de personas de su tierra (específicamente: territorios), que las obligaron a ubicarse en las periferias de las ciudades paraguayas, argentinas, brasileñas, españolas, francesas, italianas, que negaron a miles la posibilidad de cuidados sociales, educativos, médicos. Y esto deriva en niños que lustran zapatos o venden caramelitos o limpian vidrios en el centro o en cualquier esquina de Asunción. Son los puntos conclusivos de esa larga cadena de relaciones, así como lo son Rubén Villalba, Luis Olmedo, Néstor Castro, Arnaldo Quintana, Lucía Agüero, Fani Olmedo, Dolores López, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Adalberto Castro y Alcides Ramírez, condenados por la injusticia paraguaya. Como lo es Raquel, la adolescente finalmente sobreseída pese a la persistente persecución fiscal. Todos estos hechos tienen una primera acción que se sitúa en el despojo campesino de la tierra por el Estado y por los poderes fácticos vinculados con las semillas transgénicas y con Curuguaty.

Curuguaty es hablar de subjetividades que han sido silenciadas por el Estado paraguayo, como muchas otras: como las personas desaparecidas de la dictadura, cuyos cuerpos apenas ahora están siendo identificados. Escribir sobre y hablar de estas personas hoy condenadas, compañeras, no es un emprendimiento humanista: es un imperativo ético. Los años de tortura judicial y cárcel, más una sentencia injusta, nos dan una conciencia dolorosa de lo político.

¿Por qué? Porque esas subjetividades resumen con su propia experiencia una lucha desesperada –económica, cultural, corporal– en contra de estructuras sociales que todos los días condenan a latinoamericanos (y a gente ciudadana de otras latitudes también) a desesperaciones a menudo muy parecidas. Porque Curuguaty ha pasado mil veces y sigue pasando, no solo en el Paraguay.


Sobre lxs autorxs

Clyde Soto es psicóloga, feminista, defensora de los derechos humanos. Investigadora social. Trabajadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), Paraguay.Realizó investigaciones y publicó trabajos sobre feminismo, género y políticas públicas, indicadores de equidad de género, participación social y política de las mujeres, violencia doméstica, entre otros temas. Es integrante de la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP).

Bibliografía y referencias

  • Carbone, Rocco y Clyde Soto (2016). Curuguaty. De masacres, juicios y sentencias. Buenos Aires / Asunción: El 8vo. Loco / Centro de Documentación y Estudios (CDE).
  • Carbone, Rocco y Clyde Soto [eds.] (2014). Curuguaty: pueblo mba’e. Asunción: Arandurã.
  • Codehupy – Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2012). Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue. Asunción: Codehupy.
  • Fiske, John (1989). Reading the Popular. Boston: Unwin and Hyman.
  • PEICC – Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (2012). Informe Masacre de Curuguaty. Asunción: PEIC. Disponible aquí.
  • Wexell Severo, Leonardo (2016). Curuguaty. Carnificina para um golpe. São Paulo: Papiro Produções.

Notas

  • [*] Fragmento extraído del libro: : Carbone, Rocco;  Clyde Soto (2018). ¿Qué pasó en Curuguaty? Temperley: Tren en Movimiento.
  • [1] El proceso jurídico ha estado lleno de irregularidades, manejo indebido u ocultamiento de pruebas, contradicciones y afirmaciones sin sustento. Solo se investigó la muerte de los policías, no la de los campesinos. Al respecto, pueden ser revisadas varias investigaciones (PEICC, 2012; Codehupy, 2012) y artículos de análisis y seguimiento del caso, como los publicados por Carbone y Soto en 2014 y 2016.
  • [2] En referencia a las tierras de Marina Kue, sobre las que pesaba una histórica disputa, la CSJ se abstuvo de dar una respuesta que podría haber favorecido la situación de los campesinos si se ratificaba la titularidad del Estado paraguayo sobre ellas. Sin embargo, al no haber esta respuesta, se consolidaron dos absurdos: (1) la condena por “invasión de inmueble ajeno” (entre otros cargos) y (2) la “donación”, aceptada por ley en 2015, de esas tierras por la empresa Campos Morombi –una de las partes en disputa– al propio Estado.
  • [3] En septiembre de 2017 fue formalizada una propuesta de oposición para las elecciones generales de abril de 2018, bajo el nombre de Gran Alianza Nacional Renovada (Ganar), postulando a la presidencia de la República al liberal Efraín Alegre y a la vicepresidencia a Leo Rubín, por el Frente Guasu. La fórmula recibe el apoyo de una gran diversidad de partidos y movimientos de oposición, si bien las listas de candidaturas parlamentarias no han sido consensuadas.
  • [4] Este apartado retoma y desarrolla de manera reformulada lo expuesto por lxs autorxs en el prólogo de del libro Curuguaty. De masacres, juicios y sentencias (Carbone y Soto, 2016: 9-17), así como en varios de los artículos allí compilados.

Mirada retrospectiva a un círculo vicioso

Por Jimena Andrade.

Una entrevista con Jaime León [1] para entender por qué en Colombia #NosEstanMatando

El pasado 4 de mayo del presente año, entraron a una finca en Santander de Quilichao (Cauca) unos hombres armados y con granadas, atentando en contra de la vida de varixs líderxs [2] de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca-ACONC que se encontraban preparándose para una reunión con el Gobierno que sería el siguiente 8 de mayo en el marco de la Minga Nacional, y en donde debían acordarse las políticas y recursos estatales para beneficio de sus comunidades; entre ellxs se encontraba Francia Márquez, ganadora en 2018 al premio Goldman, considerado como el Nobel del medio ambiente. Francia ha luchado en contra del racismo estructural, ha defendido los ecosistemas de su región y ha denunciado el impacto ambiental de la minería y el extractivismo en su territorio. Su voz, es la voz de las mujeres y hombres que han luchado por defender la tierra. Hoy podemos alegrarnos porque ella y sus compañerxs están entre nosotrxs todavía. Ellxs están vivxs. Pero podrían ser otrxs más de lxs miles que han asesinado en Colombia por lo mismo que hace Francia, por defender sus derechos y los derechos de sus comunidades. En Colombia nos están matando. Esto no  comenzó ahora… pasa desde hace muchos años y de forma sistemática [3] y en la absoluta impunidad. La guerra irregular tiene una forma muy efectiva para apoderarse de los territorios en puntos estratégicos: silenciar a líderxs, asesinándolxs, para así impedir que resuelvan sus demandas colectivas.

Puerto Esperanza. El Castillo. Meta. Peregrinación de la memoria 2017. Conmemoración al asesinato de Lucero Henao.

Después de la firma del acuerdo de paz se dispara escandalosamente la cifra de asesinatos a líderxs sociales y defensorxs de DDH (a quienes ahora se le suman ex-combatientes). Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores [4], dice que en el Acuerdo de paz entre el Estado y las FARC se logró un conjunto de normas, de instrumentos jurídicos y políticos e instancias de coordinación para dejar ese estadio de la protección física y construir garantías de seguridad para los liderazgos sociales en los territorios. Para ella, poner a marchar esos instrumentos era una ruta importante para generar garantías, en lugar de gastar sumas cuantiosas de dinero en esquemas de seguridad a las personas, que en última instancia, no resuelven el problema sino que lo prolongan. Actualmente, el gobierno Duque lanza el PAO (Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas), pero esto es un retroceso en la protección de líderxs sociales, pues desconoce todo lo que se trabajó en materia de construir garantías en los territorios y seguridad humana y regresa el debate a construir planes de protección física, material y lo peor, militar. 

Santuario a la memoria de las Víctimas Medellín del Ariari. El Castillo. Meta. Peregrinación de la memoria 2017.

Jaime León, defensor de derechos humanos y educador popular relata que en el año 1995 comenzaron a acoger a líderxs sociales en las casas de las comunidades religiosas, ligadas a la teología de la liberación. Algunos misioneros Claretianos abrieron sus seminarios para esto, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 90, época de fuerte desplazamiento de personas producto de las masacres. Se fundó la Casa de Acogida a líderxs en condición de amenaza, de la CCNPB (Corporación Claretiana Norman Pérez Bello) y hasta hoy, esta labor no ha cesado; allí se les brindan meses de acompañamiento para que hagan sus gestiones para salir del país o para retornar; llegan recomendadxs por organizaciones sociales de confianza, por otrxs líderes que conocen ellxs y que vienen de procesos de defensa del territorio de sus comunidades o defensa de derechos de mujeres, hombres, lgbti o afrosdescendientes. A la Casa de Acogida no van casi líderxs de alta dirigencia, la mayoría son líderxs populares. Desde esa época hasta hoy, han acogido a más de 1.000 líderxs sociales amenazadxs de muerte.

Marcha del 26 de Julio, en protesta por el asesinato sistemático a Líderxs sociales, defensorxs de DDHH y excombatientes. Bogotá, 2019.

Jimena Andrade (JA): ¿Por qué inician con la Casa de Acogida?

Jaime León (JL): En el cambio de siglo hubo una estrategia macabra de vaciamiento de los territorios, porque son tierras muy ricas, tierras que además, estaban pobladas por comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que habían ido creciendo en su número después de la exclusión histórica a la que las ha sometido la élite de este país. El Estado los deja a la deriva pero ellxs abren monte, selva, ríos, caminos, cultivan, van a esas zonas a vivir, a construir sus mundos, su cultura. Las comunidades afro después del final de sus procesos de liberación ya eran ancestrales en esas tierras, lxs indígenas que fueron aisladxs y excluidxs, fueron creciendo en su población, organizando sus culturas, sus formas propias de gobierno, teniendo autonomía, soberanía alimentaria y soberanía sobre sus tierras. Pero después viene el Estado a verlos como peligrosxs y simplemente los neutraliza y los controla usando la fuerza, la violencia y los desplazan con estrategias perversas de acción y omisión, utilizando el paramilitarismo para vaciar los territorios mediante masacres y para coparlos, pues las regiones quedaron vacías.   Posteriormente otros poseedores, grandes empresarios, se quedan con las tierras para cultivos extensivos y proyectos extractivistas

En ese cambio de siglo, comunidades de Cacarica, San José de Apartadó y Turbo, fueron desplazadas masivamente huyendo de las masacres, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias; el terror se implanta por todos los medios; fumigaciones con glifosato a los cultivos llamados ilícitos y erradicación forzada; muchos campesinxs, afrodescendientes y comunidades indígenas no pudieron volver nunca a sus regiones y se quedaron desplazadxs. Es una de las estrategias de la extrema derecha, que en Colombia siempre ha tenido esa forma de actuar; de ahí vienen las masacres, las desapariciones, y las ejecuciones, esto obedece a políticas internacionales de extractivismo y de control de la soberanía de nuestro país, que no depende solamente de nuestro gobierno interno, sino que depende de los intereses económicos de las potencias mundiales norteamericanas y europeas. De ahí viene todo ese proceso de vaciamiento y de asesinatos. A los pobres se les mata, a las comunidades se les asesina, se les desaparece para que abandonen su territorio y para que cedan ante el poder de la fuerza y el terror. En esos años, el desplazamiento y el asesinato a líderxs fue muy fuerte; todavía quedaban líderes políticos de la UP [5] (en esa década, fue la última fase del exterminio de la UP) y del partido comunista, que fueron asesinados después. En la Casa de Acogida alojamos a muchos líderes de la UP pero fueron asesinados luego de que volvieran a sus regiones. 

JA: En este contexto político aparece la Casa de Acogida, como acción urgente para salvar las vidas de las personas que desde entonces han estado amenazadas; la Casa no sólo se piensa como un lugar donde pernoctar, es un espacio  donde se brindan condiciones para seguir sus luchas, se dignifica su historia, y se plantean posibilidades para un futuro digno.

En diciembre de 2014, después del cese al fuego declarado por las FARC-EP, se exacerba el asesinato a lxs líderxs sociales, sobre todo, en los lugares donde hubo siempre presencia de las FARC y de otros grupos armados. Los asesinatos son muy elevados incluso antes de los diálogos de paz cuando ya había demandas de Restitución de tierras de víctimas del conflicto armado, y lxs líderxs comenzaron a ser asesinados por procesos de consolidación de tierras despojadas. 

JA: ¿Cómo puedes relacionar la violencia de esos años, los asesinatos y desplazamientos, con lo que está pasando ahora?

JL: Esta situación no pasó sólo a finales 90 sino desde los años 20, 30… es una repetición de la historia, pues nuestras élites, egoístas poderosas y mezquinas insisten en controlar, ejercer gobierno y poder de esta forma tan perversa, permitiendo el desequilibrio, la creación de grupos armados de ultraderecha que dominan las resistencias de las comunidades. Es muy parecido el asesinato de lxs campesinxs en los 40, los 90, el 2000 y actualmente. Lo que pasa ahora se parece a los asesinatos a lxs líderes Gaitanistas a quienes mataban antes del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 [6], se parece también a los asesinatos a los sindicalistas en la década de los 40, y también a campesinos que buscaban la tierra y a los asesinatos a líderxs de tierras en todo el país, en Sumapaz, Tolima Santander, Antioquia. Asesinaron a muchos campesinos que buscaban la reforma agraria después de los gobiernos liberales en los años 30 y 40 y donde había una política extractivista en el país: extraer los minerales y exportarlos. Hubo sindicatos y campesinos que exigían mejores condiciones laborales, de tierra y fueron exterminados; por algo surge el Gaitanismo y los sectores populares apoyaron tanto a Gaitán; por eso cuando matan a Gaitán, quien era el líder que tenía posibilidades de representación, lxs campesinxs se encuentran sin estas posibilidades y se arman en las guerrillas de los años 50; es una reacción legítima y natural en ese momento, después de que matan a muchos líderes campesinos, sindicalistas, estudiantes, intelectuales; pues después de intentarlo por la vía pacífica y democrática, asesinan a su máxima expresión, ellxs se arman en las regiones pensando que no hay nada más que hacer. Son guerrillas campesinas que tienen una formación muy natural en sus contextos, muchxs de ellxs hasta habían sido soldados del ejército mismo, y sabían algunas técnicas militares; las técnicas políticas las aprenden en las necesidades que ellxs tienen, en la exclusión, en un contexto totalmente legítimo de reaccionar a unos gobiernos conservadores (como el de Lauereano Gómez 1950 – 51)), muy represivos, que les quitó toda posibilidad de tener tierras y mejores condiciones laborales. Les matan su candidato a la presidencia y por eso muchxs líderxs campesinxs de los 50 conforman guerrillas, lo que en Colombia se llama “la época de la violencia”, que es una expresión, que para mí, es un pico de violencia que ya venía antes; uno podría preguntarse ¿violencia de qué? Pues violencia del establecimiento en contra de campesinxs, principalmente de líderxs, de sindicatos y líderes de universidades; por eso el ejército colombiano y la policía de ese momento es supremamente represiva, porque quiere eliminar lo que se venía construyendo desde los años 20, con el Gaitanismo y muchos sectores socialistas que iban multiplicándose por el país. 

Después del 53, cuando se entregan las guerrillas liberales y viene el Frente Nacional, otra vez lo mismo… es la historia de siempre… se turnan los gobiernos, son los liberales y los conservadores, no más… Y mientras tanto, las comunidades campesinas, aisladas y sin derechos, van fortaleciéndose a sí mismas, solas, autónomamente (no porque el Estado les de autonomía sino porque las excluyó), se organizan en consejos comunitarios, en resguardos indígenas, en organizaciones campesinas, pero vuelve nuevamente el Estado a aprovecharse de su vulnerabilidad como sociedad civil, reprimiéndolos fuertemente. Por algo, somos uno de los países más desiguales del mundo; por algo la tierra, la riqueza y la fuente de producción sigue concentrada en pocas manos y cuando hay algo que quiera equilibrar esas fuerzas, lo eliminan del camino simplemente. Ahí es cuando lxs líderxs sociales entran a jugar un papel importante, ellxs en sus comunidades constantemente reclaman o acompañan los mismos procesos que ellxs viven, para cuidar la naturaleza, un río, una quebrada, o para acceder a algún derecho en comunicación, en salud, en trabajo o en el mismo acceso a la tierra. Y por esto son asesinados.

Lxs líderxs que reclaman tierras, de ellxs mismos, o de otrxs campesinxs, son lxs más asesinadxs en Colombia. Desafortunadamente eso no va a cambiar, esto hay que decirlo con tristeza; porque la tierra da mucho poder y en Colombia la concentración de la tierra es altísima, entonces campesinxs, indígenas, afrodescendientes que exijan derechos a la tierra, son objeto de atentado y asesinato; eso no va a cambiar, porque la tierra da riqueza, es poder económico que se traduce en poder político, en manejar las fuerzas armadas, y quienes se atreven a cambiar eso, van a ser expulsadxs de sus regiones. 

Marcha del 26 de Julio, en protesta por el asesinato sistemático a Líderxs sociales, defensorxs de DDHH y excombatientes. Bogotá, 2019.

¿Cómo romper el círculo vicioso ante tantos intereses de gente muy poderosa?


Sobre la autora

Jimena Andrade (Bogotá, 1971) vive y trabaja en Bogotá y Guasca. 

Con su práctica artística aborda críticamente problemáticas del campo artístico y social. Desde 2006 edita y gestiona los contenidos de la plataforma www.interferencia-co.net. Desde allí se arrojan dispositivos abiertos formalizados en videos, traducciones, estrategias de red, proyectos de recuperación de memoria y autogestión, cuya circulación, producción y contingencia, opera en escenarios de pedagogías disidentes, articuladas con agentes del campo del arte, contextos comunitarios y movimientos sociales. Desde diferentes organizaciones apoya con acciones que buscan contribuir con la implementación del acuerdo de paz. 

Es Docente universitaria y educadora popular, desde 2017 es voluntaria de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello donde colabora con prácticas artísticas en la defensa de DDHH y salvaguarda de memoria de las víctimas.

Desde 2014 es miembro de la RedCSur, actualmente co-organiza la campaña gráfica frente a la situación de líderes sociales en Colombia y los ciclos de círculos de la palabra que de allí se desprenden.

Notas

  • [1] Entrevista realizada el 18 de junio de 2019. Jaime Absalón León Sepúlveda es educador popular, defensor de DDHH, trabaja en la dirección general de la CCNPB (Corporación Claretiana Norman Pérez Bello), también es docente de la Universidad Claretiana en el área de DDHH e historia de la violencia en Colombia, acompaña comunidades campesinas, indígenas y a líderxs sociales de diferentes partes del país, en la Orinoquía especialmente.
  • [2] ¿Cómo se puede definir el concepto de líder social? La condición de liderazgo social se fundamenta en dos pilares: la actividad concreta que esta persona desempeña y el reconocimiento que de esta actividad hace la comunidad en la que se encuentra inserta. De este modo, un líder o lideresa social es una persona que cuenta con reconocimiento de su comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o actividades de carácter colectivo que afectan positivamente la vida de su comunidad, mejoran y dignifican sus condiciones de vida o construyen tejido social. Son personas cuya actividad se encamina hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa orientada a la garantía de una vida digna para sus miembros. Son personas cuya actividad se encamina hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa orientada a la garantía de una vida digna para sus miembros. ¿Cuales son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo, p. 8, ver aquí.
  • [3] Íbid.
  • [4] Diálogos CINEP-PPP. Asesinato de líderes, una verdad oculta, ver video.
  • [5] En 1984 en el gobierno de Belisario Betancur abre un proceso de paz con las FARC-EP en la Uribe, Meta. De allí surge la Unión Patriótica – UP, un movimiento político nacional amplio, que incluía las guerrillas del las FARC, para consolidar una apuesta política nueva, diferenciándose de las fuerzas políticas tradicionales, defendiendo principalmente los acuerdos de paz a los que venían dando de forma intermitente. La UP pretendía convertirse en la fuerza política que materializaría la apertura democrática en un país cuya estrechez política no permitía otro visión sobre el manejo del Estado. A la UP se unió no solo el Partido Comunista Colombiano y las FARC-EP, también lo hicieron líderes que trabajaban en luchas por la vivienda, la Coordinadora Obrera Campesina Popular, fuerzas conservadoras y liberales disidentes, figuras políticas locales con respaldo popular.  Desde marzo de 1985 la Unión Patriótica se preparaba actos de lanzamiento del movimiento en todo el país, alcanzando 300 mil votos, 19 diputados y 286 concejales y una bancada de parlamentarios, un hecho histórico que se le arrebaten a la tradición política curules locales por el nuevo partido de izquierda. Apenas iniciando la UP, los enemigos de la paz institucionalizan el genocidio que registra mas de 3.500 militantes muertos de esta fuerza política. Tras el asesinato sistemático a dirigentes de las FARC que fueron electos por voto popular para cargos públicos, se rompe la negociación y a finales de 1987 la guerrilla se devuelve al movimiento insurgente, y la UP sigue sin estos dirigentes guerrilleros, pero continúan los asesinatos, atentados, desapariciones sistemáticas a militantes de este partido, ocasionando su exterminio, en la absoluta impunidad y sin ninguna manifestación del Estado, dejando a la población en un pánico colectivo, lo cual reafirmaba que en Colombia no existen las condiciones para luchar por la vía legal por las demandas de transformación que el país necesita. Fuentes: Unión Patriótica, quienes somos aquí, Documental El Baile Rojo aquí.
  • [6] NdE: La serie de disturbios ocurridos en Bogotá tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán se conoce como El Bogotazo. Las manifestaciones se expandieron a otras ciudades y regiones de Colombia, dando inicio a la período comúnmente conocido como “La Violencia” que se prolongó formalmente hasta 1959 aunque sus efectos se dejaron sentir más allá a lo largo del conflicto armado entre el Ejército, grupos paramilitares y guerrilleros.

Lo humano es incidental. Notas sobre las fotografías de Pablo Piovano “El costo humano de los agrotóxicos”

Por Hernán Cardinale, Fotografías de Pablo Piovano.

En la mesa hay dos libros abiertos. Uno, El costo humano de los agrotóxicos. El otro –casi sin hojear desde que Pablo me lo prestó– reúne la obra fotográfica de Robert Capa. Recuerdo especialmente un desinteresado desdén hacia este libro cuando me lo dio. Recién ahora viéndolos juntos puedo arriesgar una interpretación de su gesto: las fotos de ese libro son de otro tiempo. Quizá sin necesidad de elaborarlo mucho más, siempre lo supo. Este desprendimiento permitió una insospechada sarta de consideraciones sobre su trabajo que resumiré aquí.

1.  Nuestro tiempo ha cambiado; nuestra mirada aún no. 

Vemos de lo que podemos ver, aquello que nos es posible comprender. 

Las imágenes colectivas, aquellas que nos referencian y sitúan en una época, persisten sobreviviendo íntegras sobre la dinámica de los procesos sociales. Cada alteridad cultural devenida es asimilada a los imaginarios, pues estos signan la mirada que las piensa. Desmarcarnos no es cuestión de voluntad. Ellos clausuran nuestra referencialidad en las luminarias y carteleras de cierto presente. Afortunadamente el errar propio del artista, del poeta, del “extranjero” suele andar la línea de sombra a los lados del presente, arriesgando a su vuelta visiones que perturban nuestros modos de mirar y comprenderlo. 

2. Técnica y velocidad, o la reproductibilidad técnica en la fotografía y la guerra.

En 1938, Picture post publicaba: “…presentamos estas fotografías simplemente como las mejores que jamás hayan sido tomadas en el frente. Son obra de Robert Capa… Le gusta trabajar en España más que en ningún otro lugar. Es un demócrata apasionado y vive para tomar fotografías”. Capa (nombre elegido porque sonaba “moderno y [norte]americano”) se convierte en el fotógrafo de guerra por excelencia a la vez que traza la idiosincrasia que aún talla a los futuros foto-periodistas como “individuos excepcionales elevados a la categoría de héroes”. Si sus imágenes inauguran un imaginario de la guerra es gracias a una conjunción de cosas: la tecnología de las cámaras de mano como la Leica de carrete de 36 tomas dio auge a las revistas de foto-reportaje impulsadas a su vez por la reciente tecnología de impresión Offset en los prolegómenos de una anunciada Segunda Guerra Mundial. El fenómeno Capa instaló en las luminarias la imagen de la guerra sobre la línea de fuego como el “instante preciso” entre la vida y la muerte en que un miliciano antifascista es alcanzado por una supuesta bala ante la mirada de Occidente. 

3. Lo que mata es la velocidad (con que normalizamos la guerra).

De la guerra civil en España a la guerra televisada, las imágenes reiteran artefactos visuales explosivos sobre la línea de fuego, exhibiendo las nuevas armas y sus modos de matar. Al decir de Capa “si tu foto no es lo bastante buena, es que no estabas lo bastante cerca”, ¿cerca del frente o de la muerte? (Nota: en la globalización, “cercanía” es “inmediatez”). 

La disrupción imaginal que el Holocausto, Hiroshima o Vietnam produjeron no logró desmantelar ni maltratar esa imagen, pues si así fuera: ¿por qué no someter al dominio de la mirada la ingeniería que planifica la muerte en lugar de volver a transmitir la muerte en directo? Si como dice Pierre Dubois: “con la fotografía ya no nos es posible pensar la imagen fuera del acto que la hace posible”, ¿podemos pensar el genocidio planificado como una escena-constructo para no ser vista?  

4. Lo humano resultó puramente incidental al progreso de la humanidad.  

Frente a los contemporáneos que atentos a las luminarias de su tiempo reniegan del “costo humano…” mientras sobre este cosechan sus riquezas, la respuesta de Pablo Piovano y tantos otros propone sublevarse al registro de visibilidad que impide advirtamos un dispositivo de guerra en los desplazamientos varios con que el modelo corporativo agroindustrial desembarcó en la región hace años. Destronar los imaginarios que tabican nuestra mirada no será posible sin recorrer los senderos a la sombra de este tiempo. Estas fotos nos detienen allí, inquietándonos en la intimidad sobre exigida donde el fotógrafo es fotografiado de tanto adentrarse en la escena; una promiscuidad que se agradece, pues sería insensato señalar corrección cuando la muerte hace al aire que rodea cada toma y lo ausente y necesario es el abrazo humano. Inquieta que el mal crezca en las entrañas de cada uno para heredarlo a los hijos y a sus hijos sin trincheras ni refugios ni exilio que nos libre porque el territorio en disputa es ahora molecular.

Cada foto reitera algo ausente, algo que no logramos, ni desearíamos, ver.

Quizá no queramos vernos mirando el genocidio avanzar mientras nuestros pasos resuenan la distancia entre foto y foto.

Buenos Aires, Agosto de 2018


Sobre los autores

Hernan Cardinale es editor y activista gráfico. Dirige Mónadanomada ediciones y co-edita la publicación Arte Urgente. Sus trabajos giran en torno a memoria e historia en relación a DD.HH. en Argentina; luchas emancipatorias; autogestión y cooperativismo. Desde 2013 participa de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Facultad de Medicina-UBA), desde donde edita la colección “Cuadernos para la Soberanía Alimentaria”.

Pablo Piovano (Buenos Aires, 1981). Desde los 18 años se desempeña como fotógrafo documental especializado en temas de derechos humanos y medio ambiente.
Ha sido distinguido con numerosos premios internacionales como el Henri Nanen Preis/ Alemania, Philip Jones Griffiths Foundation/Londres, Manuel Rivera Ortiz foundation/ New York, Sustainability Award for young photojournalism at the Lumix Festival en Hannover, Days Japan International photojournalism, Festival Internacional de la imagen México entre otros. Fue nominado al Tim Hetherington Visionary Award, Infinity Award ICP, Prix Pictet Award and Magnum The Emergency Fund. 
Recientemente fue nombrado como uno de los 6 talentos de América del Sur por World Press Photo en su programa 6×6 talent.
Su trabajo fue expuesto en los mas importantes festivales y museos de fotografía como Rencontres d’Arles, Francia, Festival de la fotografía ética. Lodi, Italia, PhotoLux, Lucca, Museo Centro-Centro de Cibeles, Madrid, Finnish Museum of Photography, Helsinki, Finland, Willy-Brandt-Haus. Berlin, Germany, Gallery 46. London, UK, Palais de Glace. Buenos Aires, Argentina, etc.
Es autor del libro “El costo humano de los agrotóxicos” publicado por Kherer Verlag/ Alemania 2017.
Su trabajo es publicado por editoriales de todo el mundo como Liberation, Stern, L’Espresso, Pagina 12, Rolling Stone, Le Monde, Aftenposten Innsikt, Bloomberg, Québec Science, etc.