¿Del «consenso de los commodities» al «consenso antiindígena»? Viaje al corazón de Vaca Muerta

Por Maristella Svampa.

El no reconocimiento de la responsabilidad de la Gendarmería nacional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y más aún, la negación sistemática del hecho, ocurrido en una solitaria ruta de la Patagonia argentina el pasado 1º de agosto, en el marco de una protesta en reclamo por la liberación del lonko (líder) mapuche Facundo Jones Huala, ha generado en el gobierno de Mauricio Macri una inesperada crisis política. Por un lado, la desaparición puso en el tapete no solo el endurecimiento del contexto represivo, sino también el desconocimiento y la indiferencia del actual gobierno respecto de los consensos forjados en la sociedad argentina en torno de los derechos humanos, luego de la experiencia del terrorismo de Estado y la desaparición forzada de miles de personas bajo la última dictadura. Por otro lado, en medio de una enorme campaña política mediática de carácter antiindígena, la crisis terminó por dar visibilidad a los reclamos de los mapuches sobre la propiedad de las tierras, hoy en disputa.

Vaya a saber cómo evolucionará la indagación de la justicia, ante el llamado a declaración de los gendarmes presentes en la represión que culminó con la desaparición de Maldonado y cómo esto impactará en las elecciones parlamentarias de octubre, que –supuestamente– confirmarían el triunfo del oficialismo a escala nacional. En lo que respecta a los reclamos mapuches, desde el principio el oficialismo dejó en claro una estrategia política que retoma y potencia las lecturas demonizadoras de los grandes propietarios rurales, que asocia a los mapuches con la violencia e incluso el terrorismo, además de desempolvar viejas acusaciones como aquella de que «los mapuches no son argentinos, sino chilenos» o que «han exterminado a los tehuelches», los supuestamente verdaderos «originarios» de la región. La campaña de demonización está ligada a la apuesta explícita que el gobierno de Macri hizo por la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de combustibles no convencionales, la megaminería a cielo abierto, la multiplicación de represas hidroeléctricas y la expansión de cultivos transgénicos, a lo cual hay que añadir los emprendimientos inmobiliarios, emplazados en territorios que defienden comunidades indígenas y no indígenas, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.

El caso es que desde fines de 2015 la situación de las comunidades indígenas que reclaman tierras ancestrales ha empeorado. Ha habido numerosos desalojos y varios dirigentes indígenas encarcelados en situación irregular, entre ellos el wichi Agustín Santillán, detenido y encarcelado en la provincia norteña de Formosa, contra quien se reactivaron causas anteriores, así como el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, a quien se le atribuyen crímenes de una enorme gravedad y está en proceso el pedido de extradición de Chile. La agresiva campaña político-mediática que apunta a asociar a grupos mapuches con la violencia política, supuestamente articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), del cual se sabe poco y se inventa mucho sin rigor investigativo alguno, arrancó a principios de año y fue nota central de dos de los principales diarios del país.

Las comunidades mapuches están repartidas por el inmenso territorio patagónico, en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Después de la llamada «campaña del desierto», en 1878, que exterminó a una parte de los indígenas del sur, muchos de los sobrevivientes fueron reclasificados como «trabajadores rurales», considerados ciudadanos de segunda y arrinconados en la estepa y la cordillera, en territorios en ese entonces no valorizados por el capital.

Hace unos días tuve la oportunidad de visitar Añelo y Campo Maripe junto con la Confederación Mapuche de Neuquén. Se trata de una de las organizaciones indígenas más solidas y de mayor trayectoria en la Patagonia. Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, ha venido desarrollando un trabajo social y político que apunta a lograr un mayor ejercicio de los derechos, así como el fortalecimiento y la difusión de su cultura. Las relaciones de la Confederación Mapuche con el poder político, económico y judicial de la provincia siempre han sido tensas. En 2006, logró un triunfo histórico, al incorporar en la reforma de la Constitución neuquina un artículo que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento jurídico de las comunidades por parte del Estado provincial. Sin embargo, la realidad de los territorios atravesados por la lógica del capital extractivista está lejos de la promesa de la interculturalidad. En 2013, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI) destacaba que, solo para el caso de Neuquén, había 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación), que criminalizaban a 241 mapuches por sus acciones. Estas luchas están ligadas a derechos reconocidos jurídicamente, como los reclamos de tierras y territorios, que se hallan amparados por la normativa nacional y provincial existente.

Mi presencia en el corazón de Vaca Muerta, junto con organizaciones sociales, activistas e intelectuales de variados países, estuvo vinculada a la realización de un «acto de desagravio» por el cuarto aniversario de la firma del convenio entre la multinacional Chevron y la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el cual abrió las puertas al fracking a gran escala en la provincia de Neuquén. Quizá pocos lo recuerden, pero la aprobación de ese convenio por parte de la Legislatura neuquina (que debía refrendar lo firmado por el gobierno nacional entonces presidido por Cristina Fernández de Kirchner) rompió con todos los protocolos democráticos e incluso tiró por la borda la intensa retórica nacional-popular y latinoamericanista desplegada por el oficialismo de entonces. El 28 de agosto de 2013, mientras los diputados neuquinos votaban afirmativamente sin conocer la letra del convenio, fuera del recinto se desarrollaba una interminable represión –una de las peores del ciclo kirchnerista– sobre una nutrida movilización compuesta por organizaciones sociales y ambientales, comunidades mapuches, partidos políticos de izquierda y estudiantes.

Sin embargo, el kirchnerismo no estaba solo: tanto la oposición de centro como la de derecha acompañaron su decisión. Más allá de las desprolijidades, el «Consenso de los Commodities», como hemos caracterizado este periodo, proyectaba a Neuquén como la nueva «Arabia Saudita». En gran medida gracias a la imagen proyectada por Vaca Muerta (la más grande formación de shale o roca de esquisto de Argentina), tuvo la particularidad de mostrar el resistente hilo negro que une en una misma visión sobre el desarrollo a progresistas, conservadores y neoliberales. Como consecuencia, y al igual que con la soja y la megaminería, Argentina apostaría a convertirse en un laboratorio a gran escala en la implementación de una técnica tan controversial a escala global, a través de un marco regulatorio claramente inconstitucional y muy favorable a las inversiones extranjeras.

La historia no es sin embargo lineal. A partir de 2014, la caída de los precios internacionales del petróleo habría de poner freno a la fiebre eldoradista en Vaca Muerta, lo cual no impidió el inicio de un proceso de reconfiguración social y territorial, con sede en Añelo, localidad ocupada por las grandes operadoras transnacionales. Ciertamente, en Añelo todo está listo para (volver a) arrancar, cuando se dé la señal de largada; esto es, apenas aumente el precio el petróleo y proyecte un horizonte de rentabilidad la esperada inversión de las grandes corporaciones globales.

La región de Vaca Muerta está lejos de ser un «territorio vacío», tal como es concebido por las autoridades provinciales y nacionales. Allí se asientan de modo disperso unas 20 comunidades indígenas. Y en función de los derechos colectivos reconocidos por la Constitución nacional y las normativas internacionales, los mapuches están lejos también de ser meros «superficiarios», como los tildara sin sonrojarse uno de los directores de YPF, en un debate reciente. Así, a raíz de las protestas llevadas a cabo por la Confederación Mapuche, en 2014 el gobierno del Neuquén debió reconocer a la comunidad de Campo Maripe, asentada en la zona desde 1927. El territorio en disputa, señala el Observatorio Petrolero Sur, son 10.000 hectáreas, aunque el gobierno solo acepta como parte de la comunidad unas 900. Pero en esta extensión es imposible realizar las tareas de pastoreo extendido y agricultura, las dos actividades de las que viven las 120 personas que forman parte de ella.

Desde 2015, los conflictos se agravaron y son muchos los dirigentes mapuches judicializados: en julio de este año, la Gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y hace unos días, un fiscal declaró en rebeldía a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de «usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento Loma Campana.

Este es un ejemplo, pero son muchos más los territorios en disputa, hoy recuperados por comunidades mapuches que alertan sobre una extendida cartografía del conflicto frente al avance de las diferentes modalidades del extractivismo y el acaparamiento de tierras. Cierto es que compañías como Chevron o Halliburton, propietarios como el británico Joseph Lewis o el grupo Benetton, se expandieron notablemente durante el ciclo progresista, pero en aquellos años el avance de la lógica depredadora del capital debía convivir con una narrativa oficialista de los derechos humanos que, aun en contra de lo que las propias políticas del kirchnerismo impulsaban, también incluía los derechos de los pueblos indígenas. No por casualidad, en 2006 y en un contexto de creciente conflictividad, se sancionó la ley 26160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras que ocupan y ordena la realización de un relevamiento territorial.

Sin embargo, hoy el doble discurso, sus tensiones y contradicciones, parecen parte del pasado. El racismo contra los indígenas no solo sigue operando como dispositivo disciplinario y fuertemente criminalizador en las ciudades, sino que cobra nuevas dimensiones en las crecientes disputas por los territorios. La campaña antiindígena contra los mapuches es una clara ilustración, pues elimina matices y complejidades, lo que es facilitado por la mirada simplificadora y agresiva de ciertos grandes medios de comunicación. Su objetivo es claro: se trata de disociar los reclamos de los mapuches del discurso de los derechos humanos, asociándolos a la violencia y creando las bases de un consenso antiindígena que avale ante la sociedad el avance del capital sobre los territorios en disputa. A este contexto de creciente demonización se agrega que hace unos días el Senado de la Nación, con el voto activo del oficialismo y la abstención de una parte de la oposición (que incluyó al kirchnerismo), rechazó tratar con urgencia la prórroga de la ley 26160, que vence a fines de 2017.

Hoy más que nunca la prórroga de esa ley exige el fin de la indiferencia y la adopción de un compromiso decidido de la sociedad civil en apoyo de los pueblos indígenas. Esta intervención no solo permitiría desmontar el consenso antiindígena que se pretende instalar; también habilitaría un diálogo necesario y democrático con las comunidades indígenas sobre el lugar que estos pueblos deben tener en el Estado argentino. Al mismo tiempo, la intervención de la sociedad civil posibilitaría abrir el esperado debate sobre el avance de modelos de mal desarrollo en los territorios y el rol que las resistencias sociales hoy existentes tienen en defensa de la vida.


Sobre la autora

Maristella Svampa es una socióloga, escritora y activista argentina. Es investigadora en el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina) y profesora en la Universidad Nacional de la Plata (Provincia de Buenos Aires). Participa en el Grupo Permanente de Alternativa al Desarrollo en América Latina y coordina varios grupos preocupados por temas ecológicos en Argentina. Maristella Svampa ha escrito varios libros sobre problemas políticos y sociales en América Latina.

La criminalización y el miedo hacia el pueblo mapuche como instrumentos políticos del Estado chileno

Por Francisca Fernández Droguett.

La década de los noventa se destacó por la visibilización de diversos movimientos indígenas en América Latina, que se articulan en torno a un entramado social y organizativo basado en la vida comunitaria de los pueblos indígenas, reivindicando ideas como autonomía, autodeterminación y territorio, que servirán de sustento para la movilización social y política de muchos otros movimientos sociales en el continente. 

Específicamente en Chile en estos últimos años ha tomado fuerza las reivindicaciones territoriales mapuche tanto en el ámbito rural como urbano, a través de la recuperación de tierras comunales usurpadas por el Estado chileno en los inicios de la República, en el marco de constantes enfrentamientos con empresas extractivistas, como las forestales, que han visto aumentar sus ingresos a costa de la explotación del bosque nativo, la usurpación y el acaparamiento de las aguas. Pero sobre todo este proceso de recuperación se ha enmarcado en la reivindicación de una territorialidad ancestral, que los constituye como pueblo.

Estado y políticas del miedo

La constitución del Estado chileno se ha basado en la negación e invisibilización sistemática de los pueblos indígenas y afro [1] que han habitado el territorio, y en torno a la hegemonía de una violencia legitimada por sí misma.  Si bien tuvo uno de sus puntos álgidos durante la dictadura cívico-militar, el aparato estatal se ha sostenido desde su conformación  a partir de la violencia focalizándose claramente hoy en la criminalización hacia el pueblo mapuche movilizado en el marco de la represión de la protesta social en Chile. 

El Estado  de Chile ha sido el principal agente de una política del miedo (Pincheira, 2014) sostenida en la persecución y el asedio constante hacia luchadoras y luchadores sociales, en especial del pueblo mapuche, mediante la instalación de supuesto sentimiento de inseguridad sobre la base de la consolidación del sujeto mapuche como terrorista y hoy también como delincuente (Fernández y Ojeda, 2015).

Es así que el miedo se convierte en el principal instrumento político del Estado (Corey, 2009) en tanto dispositivo de control y gestión (Agudelo, 2013; Foucault, 2006). El miedo funciona como  un modo de amedrentamiento hacia acciones colectivas visualizadas como transgresoras del orden social imperante, y como fundamento de la represión de sectores sociales movilizados, a través de las fuerzas policiales desplegadas en marchas y movilizaciones, y  mediante la persecución penal y criminalización de dirigentes (Pincheira, 2014). 

Bajo esta lógica la movilización se convierte en el campo del actuar delictivo al cual reprimir, siguiendo el mismo modelo de supresión de organizaciones subversivas de izquierda que se encontraban activas a inicios de la década de los noventa en la postdictadura (Acuña, Fredes & Pérez, 2010). Cabe destacar que este mismo patrón fue aplicado hacia las comunidades mapuche movilizadas en torno a la recuperación territorial de tierras ancestrales usurpadas por el propio Estado y hoy en manos de privados.

El mapuche como amenaza

El mapuche es presentado en la escena pública como amenaza (Frey, 2000), correspondiendo a un enemigo potencial por su condición de riesgo (Hoecker & Tsukame, 2000) y destructor de las relaciones sociales de la ciudadanía. Un terrorista, en un ambiente de fuerte polarización y consolidación de un clima permanente de riesgo, de guerra permanente (Calveiro, 2006). El miedo se generaliza y naturaliza.

La aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido uno de los mecanismos legales tanto de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría (conglomerados que históricamente se han autopercibido de “centro-izquierda”), como de la Alianza (que reúne a los partidos de la derecha liberal y conservadora), para reprimir a las comunidades mapuche. Conocida como Ley N° 18.314, ésta tiene su origen en 1984, en plena dictadura cívico-militar, que tuvo como objetivo la persecución y el encarcelamiento de los opositores, tipificando como acción terrorista el secuestro, los atentados con explosivos, amenazas, entre otras acciones. Posteriormente, en 1991, se incluye el delito de incendio, siendo uno de los ejes de la criminalización y encarcelamiento de autoridades mapuche los sujetos que cumplen el rol de lonko, weichafe y machi (Fernández y Ojeda, 2015), en el marco de constantes enfrentamientos de comunidades mapuche con empresas forestales que han visto aumentar sus ingresos a costa de la explotación del bosque nativo y el monocultivo de pino (Pairicán y Álvarez, 2011).

Desterritorialización y criminalización

El pueblo mapuche ha visto reducido su espacio vital desde diversas políticas de desterritorialización (Toledo, 2004) en la colonización, constitución de ambas repúblicas (Chile y Argentina) hasta la actualidad, por medio de la creación de reducciones indígenas por parte del Estado (Marimán, 2012), la instalación de empresas extractivistas comandadas por familias como los Matte, Luksic y Angelini, que explotan de manera intensiva e ilimitada bienes comunes como bosques y aguas. La usurpación de tierras por parte del Estado (y hoy transnacionales) ha sido la principal modalidad de ocupación territorial (Veres, 2014), la cual se ha visto intensificada con la privatización de tierras y agua, mediante la instalación de forestales, proyectos hidroeléctricos, industrias de la celulosa, salmonicultura y minería.

La represión contra autoridades mapuche responde también a la extensión del control y  apropiación de la naturaleza por parte del Estado y transnacionales, por lo que no es casualidad que hoy esté en aumento la criminalización de las figuras espirituales, como es el caso de la machi Francisca Linconao, quien fue acusada de participar en el ataque incendiario que dio muerte al matrimonio Luchsinger-Mackay, en el fundo Granja Lumahue, mismo caso en que fue condenado el machi Celestino Córdova, después de un largo proceso en el que se aplicó la Ley Antiterrorista y en el que hubo once imputados que debieron ser absueltos luego de que un supuesto “testigo clave” acusara a la fiscalía de arrancar declaraciones mediante tortura. Otro caso emblemático es el de la machi Millaray Huichalaf, acusada de la quema del fundo Pisu Pisué junto otros comuneros, como el lonko (del Puelmapu, territorio mapuche en Argentina) Facundo Jones Huala, quien se encuentra actualmente preso en la ciudad de Temuco bajo una condena de 9 años de cárcel.

Cabe destacar que durante el encarcelamiento de estas autoridades se le impide llevar a cabo sus ceremonias y ritualidades, correspondiendo a otro mecanismo de control y disciplinamiento corporal (Jeréz, 2013). Los propios cuerpos de estas autoridades devienen en la materialidad del delito, en tanto cuerpo sancionado, sometido y vigilado (Fernández y Ojeda 2015). Uno de los hitos respecto del control ejercido por sobre el cuerpo es la exigencia en algunas audiencias del despojo de la vestimenta tradicional.

En este mismo escenario de criminalización se insertan los casos de asesinato de Macarena Valdés, en la comunidad de Tranguil, Panguipulli, y Camilo Cantrillanca, de la comunidad de Temucuicui, Ercilla.

Macarena Valdés fue encontraba muerta y colgada en las afueras de su vivienda el 22 de agosto del 2016 (durante el gobierno de Michelle Bachelet, Nueva Mayoría), estableciéndose tempranamente por parte del Servicio Médico Legal como causa de muerte el suicidio, sin embargo organizaciones sociales y familiares gestionan una segunda autopsia donde se establece que fue colgada luego de encontrarse muerta, lo que fundamenta la versión de asesinato a causa de la lucha que encabezada junto a su compañero Rubén Collío por la defensa del territorio en el sector de Río Tranguil ante la instalación de una Mini Central de la empresa RP Global  y de su cableado de alta tensión. Hasta el momento no existe ningún avance respecto de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.

Camilo Catrillanca fue un comunero mapuche asesinado el 14 de noviembre del 2018 al recibir, por la espalda, un tiro en su cabeza por parte del sargento Carlos Alarcón, miembro del Comando Jungla, durante el operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de Chile apodado con ese nombre, creado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (Alianza) a modo de policía antiterrorista en territorio mapuche, siendo sus miembros formados en Colombia y Estados Unidos para el combate contra grupos subversivos. Camilo en el momento de su muerte se encontraba manejando un tractor junto a un adolescente de 15 años. Según la versión de la policía,  supuestamente se le disparó por haber participado de un asalto a un vehículo, hecho que nunca se corroboró. El 09 de mayo del año en curso la Fiscalía dio por cerrada la investigación para dar inicio a la preparación del juicio oral.

A modo de cierre

Más de una quincena de comuneras y comuneros mapuche han sido asesinados en el periodo posterior  a la dictadura cívico-militar en Chile (1973-1990), en el marco de políticas represivas por parte de los gobiernos de turno. Casos como el de Alex Lemún, asesinado el 2002 durante la ocupación del fundo Santa Elisa, propiedad de la Forestal Mininco; de Julio Alberto Huentecura Llancaleo, asesinado el 2004 supuestamente en una riña al interior de la Ex Penitenciaría de Santiago, luego de haber sido detenido en Osorno y trasladado a Santiago; la desaparición forzada de  Jose Huenante Huenante en el 2005 en la ciudad de Puerto Montt; el asesinato de Matías Catrileo en el 2008 y al año siguiente de Jaime Mendoza Collío, constituyen piezas de un engranaje represivo sostenido de manera sistemática desde la instalación de discursos y políticas del miedo, en que toda diferencia y fisura con el relato unificador del Estado nación se convierte en material de peligrosidad. No es casualidad que mapuche, migrantes, estudiantes, disidencias sexuales, entre otras posiciones de sujeto, conformen hoy el nuevo campo de criminalización.


Sobre la autora

Francisca Fernández Droguett es Antropóloga, magíster en Psicología Social, doctora en Estudios Americanos (mención Pensamiento y Cultura), docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, de Somos Cerro Blanco y del Comité Socioambiental Coordinadora Feminista 8M.

Bibliografía y referencias

  • Acuña, Felipe, Fredes Daniel & Pérez Domingo (2010). Criminalización de la protesta y judicialización de las demandas sociales. Producción de legitimidad social a partir del doble juego de la dominación. Derecho y Humanidades, 1(16), 363-372.
  • Agudelo, Alexandra (2013). Dispositivos de seguridad que de la actualización del miedo en el Estado contemporáneo. CLACSO, Serie Documentos de Trabajo, Red de Posgrados, 35, 1-19.
  • Calveiro, Pilar (2006). Los usos políticos de la memoria. Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. CLACSO, 59-382. 
  • Corey, Robin (2009). El miedo. Historia de una idea política. México: Fondo de Cultura Económica.
  • Fernández Droguett, Francisca & Ojeda Cisternas, Doris (2015). Criminalización de la resistencia mapuche como política del miedo. Athenea Digital, 15(4), 267-277, ver aquí.
  • Foucault, Michel (2006). Seguridad, territorio, población: curso en el Collége de France, 1977-1978. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
  • Frey, Antonio (2000). Seguridad ciudadana, ambivalencia de las políticas criminológicas y privatización del sistema carcelario. Revista Academia, 5, 19-34.
  • Hoecker, Loreto & Tsukame, Alejandro (2000). Notas sobre la inserción y el control en la transición a la democracia. En Control social y Seguridad: Ciudadanía en la transición chilena a la Democracia. Revista de la Academia, 5, 9-17. 
  • Jeréz. Jimena (2013). Perjuicios y contraindicaciones del encarcelamiento de las autoridades espirituales mapuche (machi). Niebla: Ediciones Corazón Terrícola.
  • Marimán, José A. (2012). Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI. Santiago: LOM Ediciones. 
  • Pairican, Fernando & Álvarez, Rolando (2011). La nueva Guerra de Arauco: la Coordinadora Arauco-Malleco y los nuevos movimientos de resistencia Mapuche en el Chile de la Concertación (1997 -2009). En Modonesi y Rebón (Comp.) Una década de movimiento. Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI (pp.66-84). México: CLACSO.
  • Pincheira, Iván (2004). Las políticas del miedo y la criminalización de los movimientos sociales en el Chile de la Post-dictadura. Revista Izquierdas, 18, 94-110.
  • Toledo, Víctor (2004). Políticas indígenas y derechos territoriales  en América Latina: 1990-2004 ¿Las fronteras indígenas de la globalización. En Pablo Dávalos (Comp.) Pueblos indígenas, Estado y democracia (pp. 67-102). Buenos Aires: CLACSO.
  • Veres, Luis (2014) Terrorismo y criminalización: la defensa de los mapuches y el cine documental. Revista Fronteras, 1(1), 116-132.

Notas

  • [1] Cabe destacar que recién en abril del 2019 el Estado Chileno, luego de años de lucha de organizaciones y comunidades, otorga reconocimiento legal al pueblo afrodescendiente mediante la ley 21.151.

Mirada retrospectiva a un círculo vicioso

Por Jimena Andrade.

Una entrevista con Jaime León [1] para entender por qué en Colombia #NosEstanMatando

El pasado 4 de mayo del presente año, entraron a una finca en Santander de Quilichao (Cauca) unos hombres armados y con granadas, atentando en contra de la vida de varixs líderxs [2] de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca-ACONC que se encontraban preparándose para una reunión con el Gobierno que sería el siguiente 8 de mayo en el marco de la Minga Nacional, y en donde debían acordarse las políticas y recursos estatales para beneficio de sus comunidades; entre ellxs se encontraba Francia Márquez, ganadora en 2018 al premio Goldman, considerado como el Nobel del medio ambiente. Francia ha luchado en contra del racismo estructural, ha defendido los ecosistemas de su región y ha denunciado el impacto ambiental de la minería y el extractivismo en su territorio. Su voz, es la voz de las mujeres y hombres que han luchado por defender la tierra. Hoy podemos alegrarnos porque ella y sus compañerxs están entre nosotrxs todavía. Ellxs están vivxs. Pero podrían ser otrxs más de lxs miles que han asesinado en Colombia por lo mismo que hace Francia, por defender sus derechos y los derechos de sus comunidades. En Colombia nos están matando. Esto no  comenzó ahora… pasa desde hace muchos años y de forma sistemática [3] y en la absoluta impunidad. La guerra irregular tiene una forma muy efectiva para apoderarse de los territorios en puntos estratégicos: silenciar a líderxs, asesinándolxs, para así impedir que resuelvan sus demandas colectivas.

Puerto Esperanza. El Castillo. Meta. Peregrinación de la memoria 2017. Conmemoración al asesinato de Lucero Henao.

Después de la firma del acuerdo de paz se dispara escandalosamente la cifra de asesinatos a líderxs sociales y defensorxs de DDH (a quienes ahora se le suman ex-combatientes). Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores [4], dice que en el Acuerdo de paz entre el Estado y las FARC se logró un conjunto de normas, de instrumentos jurídicos y políticos e instancias de coordinación para dejar ese estadio de la protección física y construir garantías de seguridad para los liderazgos sociales en los territorios. Para ella, poner a marchar esos instrumentos era una ruta importante para generar garantías, en lugar de gastar sumas cuantiosas de dinero en esquemas de seguridad a las personas, que en última instancia, no resuelven el problema sino que lo prolongan. Actualmente, el gobierno Duque lanza el PAO (Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas), pero esto es un retroceso en la protección de líderxs sociales, pues desconoce todo lo que se trabajó en materia de construir garantías en los territorios y seguridad humana y regresa el debate a construir planes de protección física, material y lo peor, militar. 

Santuario a la memoria de las Víctimas Medellín del Ariari. El Castillo. Meta. Peregrinación de la memoria 2017.

Jaime León, defensor de derechos humanos y educador popular relata que en el año 1995 comenzaron a acoger a líderxs sociales en las casas de las comunidades religiosas, ligadas a la teología de la liberación. Algunos misioneros Claretianos abrieron sus seminarios para esto, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 90, época de fuerte desplazamiento de personas producto de las masacres. Se fundó la Casa de Acogida a líderxs en condición de amenaza, de la CCNPB (Corporación Claretiana Norman Pérez Bello) y hasta hoy, esta labor no ha cesado; allí se les brindan meses de acompañamiento para que hagan sus gestiones para salir del país o para retornar; llegan recomendadxs por organizaciones sociales de confianza, por otrxs líderes que conocen ellxs y que vienen de procesos de defensa del territorio de sus comunidades o defensa de derechos de mujeres, hombres, lgbti o afrosdescendientes. A la Casa de Acogida no van casi líderxs de alta dirigencia, la mayoría son líderxs populares. Desde esa época hasta hoy, han acogido a más de 1.000 líderxs sociales amenazadxs de muerte.

Marcha del 26 de Julio, en protesta por el asesinato sistemático a Líderxs sociales, defensorxs de DDHH y excombatientes. Bogotá, 2019.

Jimena Andrade (JA): ¿Por qué inician con la Casa de Acogida?

Jaime León (JL): En el cambio de siglo hubo una estrategia macabra de vaciamiento de los territorios, porque son tierras muy ricas, tierras que además, estaban pobladas por comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que habían ido creciendo en su número después de la exclusión histórica a la que las ha sometido la élite de este país. El Estado los deja a la deriva pero ellxs abren monte, selva, ríos, caminos, cultivan, van a esas zonas a vivir, a construir sus mundos, su cultura. Las comunidades afro después del final de sus procesos de liberación ya eran ancestrales en esas tierras, lxs indígenas que fueron aisladxs y excluidxs, fueron creciendo en su población, organizando sus culturas, sus formas propias de gobierno, teniendo autonomía, soberanía alimentaria y soberanía sobre sus tierras. Pero después viene el Estado a verlos como peligrosxs y simplemente los neutraliza y los controla usando la fuerza, la violencia y los desplazan con estrategias perversas de acción y omisión, utilizando el paramilitarismo para vaciar los territorios mediante masacres y para coparlos, pues las regiones quedaron vacías.   Posteriormente otros poseedores, grandes empresarios, se quedan con las tierras para cultivos extensivos y proyectos extractivistas

En ese cambio de siglo, comunidades de Cacarica, San José de Apartadó y Turbo, fueron desplazadas masivamente huyendo de las masacres, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias; el terror se implanta por todos los medios; fumigaciones con glifosato a los cultivos llamados ilícitos y erradicación forzada; muchos campesinxs, afrodescendientes y comunidades indígenas no pudieron volver nunca a sus regiones y se quedaron desplazadxs. Es una de las estrategias de la extrema derecha, que en Colombia siempre ha tenido esa forma de actuar; de ahí vienen las masacres, las desapariciones, y las ejecuciones, esto obedece a políticas internacionales de extractivismo y de control de la soberanía de nuestro país, que no depende solamente de nuestro gobierno interno, sino que depende de los intereses económicos de las potencias mundiales norteamericanas y europeas. De ahí viene todo ese proceso de vaciamiento y de asesinatos. A los pobres se les mata, a las comunidades se les asesina, se les desaparece para que abandonen su territorio y para que cedan ante el poder de la fuerza y el terror. En esos años, el desplazamiento y el asesinato a líderxs fue muy fuerte; todavía quedaban líderes políticos de la UP [5] (en esa década, fue la última fase del exterminio de la UP) y del partido comunista, que fueron asesinados después. En la Casa de Acogida alojamos a muchos líderes de la UP pero fueron asesinados luego de que volvieran a sus regiones. 

JA: En este contexto político aparece la Casa de Acogida, como acción urgente para salvar las vidas de las personas que desde entonces han estado amenazadas; la Casa no sólo se piensa como un lugar donde pernoctar, es un espacio  donde se brindan condiciones para seguir sus luchas, se dignifica su historia, y se plantean posibilidades para un futuro digno.

En diciembre de 2014, después del cese al fuego declarado por las FARC-EP, se exacerba el asesinato a lxs líderxs sociales, sobre todo, en los lugares donde hubo siempre presencia de las FARC y de otros grupos armados. Los asesinatos son muy elevados incluso antes de los diálogos de paz cuando ya había demandas de Restitución de tierras de víctimas del conflicto armado, y lxs líderxs comenzaron a ser asesinados por procesos de consolidación de tierras despojadas. 

JA: ¿Cómo puedes relacionar la violencia de esos años, los asesinatos y desplazamientos, con lo que está pasando ahora?

JL: Esta situación no pasó sólo a finales 90 sino desde los años 20, 30… es una repetición de la historia, pues nuestras élites, egoístas poderosas y mezquinas insisten en controlar, ejercer gobierno y poder de esta forma tan perversa, permitiendo el desequilibrio, la creación de grupos armados de ultraderecha que dominan las resistencias de las comunidades. Es muy parecido el asesinato de lxs campesinxs en los 40, los 90, el 2000 y actualmente. Lo que pasa ahora se parece a los asesinatos a lxs líderes Gaitanistas a quienes mataban antes del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 [6], se parece también a los asesinatos a los sindicalistas en la década de los 40, y también a campesinos que buscaban la tierra y a los asesinatos a líderxs de tierras en todo el país, en Sumapaz, Tolima Santander, Antioquia. Asesinaron a muchos campesinos que buscaban la reforma agraria después de los gobiernos liberales en los años 30 y 40 y donde había una política extractivista en el país: extraer los minerales y exportarlos. Hubo sindicatos y campesinos que exigían mejores condiciones laborales, de tierra y fueron exterminados; por algo surge el Gaitanismo y los sectores populares apoyaron tanto a Gaitán; por eso cuando matan a Gaitán, quien era el líder que tenía posibilidades de representación, lxs campesinxs se encuentran sin estas posibilidades y se arman en las guerrillas de los años 50; es una reacción legítima y natural en ese momento, después de que matan a muchos líderes campesinos, sindicalistas, estudiantes, intelectuales; pues después de intentarlo por la vía pacífica y democrática, asesinan a su máxima expresión, ellxs se arman en las regiones pensando que no hay nada más que hacer. Son guerrillas campesinas que tienen una formación muy natural en sus contextos, muchxs de ellxs hasta habían sido soldados del ejército mismo, y sabían algunas técnicas militares; las técnicas políticas las aprenden en las necesidades que ellxs tienen, en la exclusión, en un contexto totalmente legítimo de reaccionar a unos gobiernos conservadores (como el de Lauereano Gómez 1950 – 51)), muy represivos, que les quitó toda posibilidad de tener tierras y mejores condiciones laborales. Les matan su candidato a la presidencia y por eso muchxs líderxs campesinxs de los 50 conforman guerrillas, lo que en Colombia se llama “la época de la violencia”, que es una expresión, que para mí, es un pico de violencia que ya venía antes; uno podría preguntarse ¿violencia de qué? Pues violencia del establecimiento en contra de campesinxs, principalmente de líderxs, de sindicatos y líderes de universidades; por eso el ejército colombiano y la policía de ese momento es supremamente represiva, porque quiere eliminar lo que se venía construyendo desde los años 20, con el Gaitanismo y muchos sectores socialistas que iban multiplicándose por el país. 

Después del 53, cuando se entregan las guerrillas liberales y viene el Frente Nacional, otra vez lo mismo… es la historia de siempre… se turnan los gobiernos, son los liberales y los conservadores, no más… Y mientras tanto, las comunidades campesinas, aisladas y sin derechos, van fortaleciéndose a sí mismas, solas, autónomamente (no porque el Estado les de autonomía sino porque las excluyó), se organizan en consejos comunitarios, en resguardos indígenas, en organizaciones campesinas, pero vuelve nuevamente el Estado a aprovecharse de su vulnerabilidad como sociedad civil, reprimiéndolos fuertemente. Por algo, somos uno de los países más desiguales del mundo; por algo la tierra, la riqueza y la fuente de producción sigue concentrada en pocas manos y cuando hay algo que quiera equilibrar esas fuerzas, lo eliminan del camino simplemente. Ahí es cuando lxs líderxs sociales entran a jugar un papel importante, ellxs en sus comunidades constantemente reclaman o acompañan los mismos procesos que ellxs viven, para cuidar la naturaleza, un río, una quebrada, o para acceder a algún derecho en comunicación, en salud, en trabajo o en el mismo acceso a la tierra. Y por esto son asesinados.

Lxs líderxs que reclaman tierras, de ellxs mismos, o de otrxs campesinxs, son lxs más asesinadxs en Colombia. Desafortunadamente eso no va a cambiar, esto hay que decirlo con tristeza; porque la tierra da mucho poder y en Colombia la concentración de la tierra es altísima, entonces campesinxs, indígenas, afrodescendientes que exijan derechos a la tierra, son objeto de atentado y asesinato; eso no va a cambiar, porque la tierra da riqueza, es poder económico que se traduce en poder político, en manejar las fuerzas armadas, y quienes se atreven a cambiar eso, van a ser expulsadxs de sus regiones. 

Marcha del 26 de Julio, en protesta por el asesinato sistemático a Líderxs sociales, defensorxs de DDHH y excombatientes. Bogotá, 2019.

¿Cómo romper el círculo vicioso ante tantos intereses de gente muy poderosa?


Sobre la autora

Jimena Andrade (Bogotá, 1971) vive y trabaja en Bogotá y Guasca. 

Con su práctica artística aborda críticamente problemáticas del campo artístico y social. Desde 2006 edita y gestiona los contenidos de la plataforma www.interferencia-co.net. Desde allí se arrojan dispositivos abiertos formalizados en videos, traducciones, estrategias de red, proyectos de recuperación de memoria y autogestión, cuya circulación, producción y contingencia, opera en escenarios de pedagogías disidentes, articuladas con agentes del campo del arte, contextos comunitarios y movimientos sociales. Desde diferentes organizaciones apoya con acciones que buscan contribuir con la implementación del acuerdo de paz. 

Es Docente universitaria y educadora popular, desde 2017 es voluntaria de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello donde colabora con prácticas artísticas en la defensa de DDHH y salvaguarda de memoria de las víctimas.

Desde 2014 es miembro de la RedCSur, actualmente co-organiza la campaña gráfica frente a la situación de líderes sociales en Colombia y los ciclos de círculos de la palabra que de allí se desprenden.

Notas

  • [1] Entrevista realizada el 18 de junio de 2019. Jaime Absalón León Sepúlveda es educador popular, defensor de DDHH, trabaja en la dirección general de la CCNPB (Corporación Claretiana Norman Pérez Bello), también es docente de la Universidad Claretiana en el área de DDHH e historia de la violencia en Colombia, acompaña comunidades campesinas, indígenas y a líderxs sociales de diferentes partes del país, en la Orinoquía especialmente.
  • [2] ¿Cómo se puede definir el concepto de líder social? La condición de liderazgo social se fundamenta en dos pilares: la actividad concreta que esta persona desempeña y el reconocimiento que de esta actividad hace la comunidad en la que se encuentra inserta. De este modo, un líder o lideresa social es una persona que cuenta con reconocimiento de su comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o actividades de carácter colectivo que afectan positivamente la vida de su comunidad, mejoran y dignifican sus condiciones de vida o construyen tejido social. Son personas cuya actividad se encamina hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa orientada a la garantía de una vida digna para sus miembros. Son personas cuya actividad se encamina hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa orientada a la garantía de una vida digna para sus miembros. ¿Cuales son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo, p. 8, ver aquí.
  • [3] Íbid.
  • [4] Diálogos CINEP-PPP. Asesinato de líderes, una verdad oculta, ver video.
  • [5] En 1984 en el gobierno de Belisario Betancur abre un proceso de paz con las FARC-EP en la Uribe, Meta. De allí surge la Unión Patriótica – UP, un movimiento político nacional amplio, que incluía las guerrillas del las FARC, para consolidar una apuesta política nueva, diferenciándose de las fuerzas políticas tradicionales, defendiendo principalmente los acuerdos de paz a los que venían dando de forma intermitente. La UP pretendía convertirse en la fuerza política que materializaría la apertura democrática en un país cuya estrechez política no permitía otro visión sobre el manejo del Estado. A la UP se unió no solo el Partido Comunista Colombiano y las FARC-EP, también lo hicieron líderes que trabajaban en luchas por la vivienda, la Coordinadora Obrera Campesina Popular, fuerzas conservadoras y liberales disidentes, figuras políticas locales con respaldo popular.  Desde marzo de 1985 la Unión Patriótica se preparaba actos de lanzamiento del movimiento en todo el país, alcanzando 300 mil votos, 19 diputados y 286 concejales y una bancada de parlamentarios, un hecho histórico que se le arrebaten a la tradición política curules locales por el nuevo partido de izquierda. Apenas iniciando la UP, los enemigos de la paz institucionalizan el genocidio que registra mas de 3.500 militantes muertos de esta fuerza política. Tras el asesinato sistemático a dirigentes de las FARC que fueron electos por voto popular para cargos públicos, se rompe la negociación y a finales de 1987 la guerrilla se devuelve al movimiento insurgente, y la UP sigue sin estos dirigentes guerrilleros, pero continúan los asesinatos, atentados, desapariciones sistemáticas a militantes de este partido, ocasionando su exterminio, en la absoluta impunidad y sin ninguna manifestación del Estado, dejando a la población en un pánico colectivo, lo cual reafirmaba que en Colombia no existen las condiciones para luchar por la vía legal por las demandas de transformación que el país necesita. Fuentes: Unión Patriótica, quienes somos aquí, Documental El Baile Rojo aquí.
  • [6] NdE: La serie de disturbios ocurridos en Bogotá tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán se conoce como El Bogotazo. Las manifestaciones se expandieron a otras ciudades y regiones de Colombia, dando inicio a la período comúnmente conocido como “La Violencia” que se prolongó formalmente hasta 1959 aunque sus efectos se dejaron sentir más allá a lo largo del conflicto armado entre el Ejército, grupos paramilitares y guerrilleros.