Colombia:¿Cuáles son los silencios de la democracia?

El país que nadie conoce. Segundo Círculo de la palabra en el marco de la Campaña Gráfica.

En julio de 2019 desde la RedCSur lanzamos la campaña internacionlista Colombia, ¿Cuáles son los silencios de la democracia? que contempla un llamado a hacer pieza gráficas en solidaridad con el proceso de Paz en Colombia. En ese marco, convocamos a dos Círculos de la palabra para escuchar a líderes y lideresas sociales desde distintos lugares del territorio colombiano. En el primer círculo, que tuvo lugar el 8 de agosto  de 2019 participaron Henry Ramírez Soler, Carlos Satizábal, Viviana Pinzón Rodríguez, Mónica Álvarez, Fabio López de la Roche, Hector Marino Carabalí Charrupi, Luz Marina Arteaga. El segundo círculo, que presentamos a continuación, se realizó el 5 de septiembre de 2019. Ambas experiencias constituyeron una herramienta para abrir conversaciones situadas con personas que viven cotidianamente en el territorio los efectos de la guerra irregular que tiene lugar en Colombia, y que nos permitieron escuchar y pensar en conjunto las formas y la necesidad de esta campaña en el presente.

Entre un círculo de la palabra y otro, a fines de agosto, se hizo público un video en el que Iván Márquez, el ex número dos de las FARC e importante negociador en los acuerdos de Paz de la Habana, sacara un comunicado público en el que anunciaba una nueva etapa de lucha armada con otros ex líderes de la guerrilla, ante lo que consideran el incumplimiento de los tratados de paz de 2016 y exigiendo el llamado a una asamblea constituyente. El comunicado generó distintos efectos en el plano político, el partido de las FARC se desmarcó públicamente del grupo defendiendo los acuerdos de La Habana; el presidente Ivan Duque, respondió acusándolos de terroristas, narcotraficantes, aliados de Venezuela, pidiendo su expulsión de la justicia transicional y ofreciendo una alta recompensa por su captura; Álvaro Uribe, por su lado propuso quitar el Acuerdo de Paz de la Constitución. Estos hechos encienden una fuerte preocupación sobre los efectos para una guerra interna que no ha cesado, que ha sido funcional a la derecha colombiana en el poder en las últimas décadas, un contexto de para-política, de asesinatos y desapariciones forzadas de líderes y lideresas sociales, de luchadorxs por los derechos humanos, ex combatientes, y personas anónimas en Colombia.

Resulta urgente exigir a las autoridades y al gobierno colombiano responsabilidad con los discursos públicos con relación a los Acuerdos de Paz y defender la paz como un bien común. Líderes y lideresas sociales no son dirigentes de un territorio sino actores políticos de una sociedad, la violencia contra ellxs no sólo afectan a lo local sino que obligan a concebir los lugares de enunciación y acción de un modo completamente diferente de lo nacional, en un país fuertemente atravesado por el racismo y el clasismo.

No se trata no solo de los asesinatos y desapariciones, sino de defender y fortalecer la trama comunitaria de quienes siguen vivos, y que muchas veces viven amenazados y sufren rupturas profundas en su historia de vida. Lo que pasa hoy en Colombia no es nuevo, sino que se conecta con una larga historia de violencias que tienen que ver con la disputa por la tierra, la persistencia colonial y la presión de capitales extractivistas a los que no se les ha pasado la página.

Las amenazas continúan.  Héctor Marino Carabalí, que participó del primer círculo e la palabra, es Representante legal del Consejo Comunitario Cuenca RioTimba Marilopez, Representante del Consejo de dirección permanente en el marco del punto 4 del Acuerdo de Paz (PNIS), Consultivo departamental de Comunidades Negras del departamento del Cauca, Integrante de la Comisión Política de La Coccam, Representante legal de la Asociación de Victimas Renacer Siglo XXI de Buenos Aires-Cauca, Vocero Nacional de CENPAZ  y Vocero nacional de Conafro. El 15 de enero de 2020 a través de un comunicado, recibió junto a otros líderes y organizaciones, amenazas de muerte del grupo paramilitar Águilas Negras. 

Hay antecedentes del hostigamiento hacia Héctor, quien salió Buenos Aires – Cauca, su pueblo, en junio del 2018 a causa de la desaparición, y luego, asesinato de Ibes Trujillo Contreras, miembro activo de los mismos procesos de los cuales él hace parte y quien fue su primo y maestro en  Derechos Humanos. Héctor se vió forzado a salir del territorio, cuando lo amenazaron manifestando que él iba a ser el siguiente. A partir de entonces y por seguridad se ha estado moviendo por varios lugares para salvaguardar su vida, pero sin dejar de acompañar procesos territoriales. 

Más tarde, en marzo de 2019, en el Corrregimiento Timba, Cauca Municipio de Buenos Aires, se frustró un atentado en su contra cuando asistía al funeral de un cuñado.  Gracias a la oportuna reacción de sus familiares, quienes lograron resguardarlo, no le pasó nada. Posteriormente llamaron la Policia y detuvieron a un sujeto que había tomado un sin número de fotos a la camioneta que Héctor  tenía asignada como parte de su esquema de seguridad. Las acciones de la policía se acotaron a exigir que el sujeto borrara las fotos y lo dejaron ir. Ante esta situación, Héctor solicitó el cambio de vehículo a la UNP (Unidad Nacional de Protección) y hasta el momento no lo han cambiado. Hay testimonios de lideres y familiares del atentado en contra de su vida, en su pueblo, donde no puede regresar por la persecución permanente en su contra.

La amenaza de muerte a Héctor por parte del mismo grupo a comienzos del presente año, no es solo una amenaza personal, sino que afecta todo un trabajo comunitario de los Consejos Territoriales que hoy están en curso. Denunciamos este hecho, repudiamos enérgicamente las amenazas y demandamos condiciones de seguridad para todxs lxs líderxs sociales en Colombia.

Por Hilda Paz

A continuación compartimos la transcripción del segundo círculo de la palabra como un modo de difundir y amplificar lo que sucede hoy en Colombia

Participantes:

CIVIPAZ:
Mariela Rodríguez se conecta desde Puerto Esperanza  – Meta. Colombia
Henry Ramírez Soler CMF. Se conecta desde New York – USA

Comunidad de paz de San José de Apartadó, se conectan desde San José de Apartadó.

Germán Graciano Posso (Representante legal)
Javier Giraldo Moreno S.J.

Colectivo de Mujeres Trascendiendo de Buenos Aires, Cauca, y Renacer siglo XXI.
Patricia Carabalí Mozorongo, se conecta desde Buenos Aires, Norte del Cauca – Colombia.

Defendamos la Paz (DLP)
Gloria Arias presencial desde Bogotá – Colombia

RedCSur
Javiera Manzi se conecta desde Santiago – Chile
Fernanda Carvajal Se conecta desde Buenos Aires – Argentina
Jimena Andrade Modera desde Bogotá – Colombia.

Por Lucía Bianchi

Jimena Andrade: Damos comienzo, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando, lxs conferencistas que se están conectando desde diferentes partes del mundo, a Gloria Arias que nos está acompañando presencialmente, a William López de la RedCSur, a quienes nos acompañan en el salón y a las personas que nos están acompañando por la transmisión de Facebook Live.  

Este Círculo de la palabra es una iniciativa que apoya la campaña gráfica de la RedCsur, de cara a la contingencia actual que encarnamos: Asesinatos, amenazas, desapariciones sistemáticas a Líderxs Sociales, Defensorxs de DDHH y excombatientes.  Estos círculos pretenden generar poros comunicantes entre los territorios apartados y ciudades de Colombia y las ciudades del mundo. Antes que nada, quiero presentarles la dinámica del Círculo de la palabra: la primera parte vamos a tener una presentación de cada unx de lxs integrantes, leyendo el breve currículum que cada uno me ha enviado e iniciaremos la conversación en torno a la siguiente pregunta: “Desde su experiencia personal en los territorios, sus propias luchas y su campo de acción ¿Cómo puede definir el país que nadie conoce?. Luego, en una segunda parte, lxs participantes se lanzarán mutuamente una pregunta con base en la lideranza que encarna cada uno en su respectivo territorio.

Por Clemente Padín

PRIMERA PARTE: DESDE SU EXPERIENCIA EN LOS TERRITORIOS, SUS PROPIAS LUCHAS Y CAMPO DE ACCIÓN ¿CÓMO PUEDEN DEFINIR EL PAÍS QUE NADIE CONOCE?

Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CDP

Javier Giraldo Moreno: Voy a iniciar y después Germán sigue… yo creo que el país que la mayoría conoce es un país que se muestra ante el mundo como un país democrático, participativo, en Estado de Derecho, con estructuras jurídicas defensoras de DDHH; así se vende al exterior este país; sin embargo quienes viven o participamos en eventos de la periferia, lo vemos muy distinto.

En este país que se presenta como un Estado de Derecho, nosotrxs decimos que las estructuras jurídicas no funcionan o que lo hacen en función de una pequeña minoría que es poderosa, que está muy relacionada con las grandes empresas, pero donde la inmensa mayoría de la población, muchísimos millones, vive realmente en la marginalidad, no puede participar en las decisiones y más bien es una población victimizada. Desde la comunidad de Paz de San José de Apartadó (CDP), esta victimización se ha sentido de manera terrible en los 22 años de su existencia; una comunidad que ha sufrido más de 300 ejecuciones extrajudiciales, que ha sido víctima de campañas mediáticas de estigmatización,  en la que muchos de sus miembros han sido desplazados y judicializados, muchxs torturadxs y muchísimxs amenazadxs, sobre todo sus líderxs han sido permanentemente amenazadxs, es una comunidad que ha vivido escenas de horror, como la que se vivió en el año de 2005, en el mes de febrero, cuando muchos de sus miembros fueron masacrados, descuartizados, incluyendo a varios niños, incluso un niño de 15 meses; sin embargo, todo esto ante la justicia no ha tenido mucha audiencia, durante muchos años innumerables crímenes han pasado en la absoluta impunidad. 

Es una comunidad que al mismo tiempo se ha definido como una comunidad en resistencia  y la resistencia lleva muchas veces a negar ese Estado; un Estado que se presenta como un Estado Democrático que no lo es; por ejemplo, la CDP hizo una ruptura con la justicia, en este momento, en la última semana se dio un asesinato, no de un miembro de la comunidad, sino de una persona de una familia muy cercana,  sin embargo están identificados los asesinos, que hacen parte de una red enorme de paramilitares que dominan la región, no obstante la justicia no hace nada, los asesinos se pasean por el territorio tranquilamente, sobre todo el modelo de persecución a estas personas, revela el dominio territorial que está teniendo el paramilitarismo en la región. Es un paramilitarismo que quiere controlar la economía, el destino del territorio, e incluso le prohíbe a la gente sembrar alimentos y señala que tienen que potrerizar [1] todo el territorio, cobrándoles impuestos a los que no se someten a sus directrices; es un paramilitarismo que ha dominado muchísimos años (y sigue dominando) con la tolerancia y más que tolerancia, con el apoyo directo de la mayor parte de las instituciones del país, después del Acuerdo de Paz, tal vez, tiene un dominio más absoluto del territorio.

Este es el país que no se conoce, es un país que nadie ni siquiera se lo imagina, porque la propaganda de los grandes medios de comunicación nos dibujan otro tipo de país. Yo le paso la palabra a Germán para que comente lo que se ha vivido desde la CDP

Germán Graciano Posso: Gracias Padre, y gracias en nombre de la CDP, quería mencionar que la estrategia de modelo económico impuesto para el país, específicamente para la región de Urabá, que cada vez nosotras las comunidades, las víctimas, vivimos esa incertidumbre de no poder tener acceso a la verdad, a una justicia realmente verdadera, porque cada vez lo que tenemos en este país, son realmente las políticas a favor de los ricos, de los empresarios, de las multinacionales, y por eso para nosotrxs, las víctimas de las comunidades campesinas, indígenas, afro, que cada vez es mucho más preocupante con esta estrategia que arropa el país, que realmente, como decía el Padre, es el país que no se conoce, porque lo que se conoce es otra realidad, y por eso, todo lo que nosotros estamos viviendo en la CDP, que cada vez nos aleja de esa historia, de esa memoria que hemos venido construyendo, de realmente una defensa de la vida, el derecho a la tierra, el derecho a querer vivir en paz, y que cada vez se vuelve mucho más lejano, porque esta estrategia, esta falta de cumplimiento del gobierno colombiano a apostarle a una paz verdadera, que en Colombia, cada vez se aleja mucho más. 

Por eso es tan preocupante… por eso a las víctimas se le cierran las puertas cada vez más para que no se conozca realmente “el país que nadie conoce”. Las víctimas vivimos esperando esa justicia que todos queremos, esa justicia de no repetición que es lo que más cos preocupa cada vez. 

Todo lo que está pasando en el país con los asesinatos a diario de líderes, lideresas, defensorxs de DDHH y reclamantes de tierras, que no se investigan, que no se encuentra a los verdaderos responsable, al que paga, al que patrocina, al que es el patrón de todos estos homicidios. Creo que cada vez es mucho más difícil tener acceso a esa verdad que queremos. Porque no queremos realmente en nuestro país un asesinato más de la gente que construye un mundo alternativo y otra vida diferente a la que crean los poderes, los modelos opuestos, la economía, el imperio. 

Esto para nosotros cada vez sigue siendo muy importante, que se visibilice el trabajo que hacemos con las comunidades, los defensorxs de DDHH, y que se tenga acceso a la verdad de por qué siguen asesinando líderes y lideresas en Colombia.

Colectivo de Mujeres Trascendiendo de Buenos Aires, Cauca, y Renacer siglo XXI.

Patricia Carabalí Mozorongo:  Hola a todos y a todas, muchas gracias por invitarme a participar de tan importante espacio de incidencia como es el Círculo de la palabra.

Yo considero que Colombia es el mejor país, que tiene todos los elementos para ser el mejor vividero para nosotrxs, para los extranjeros, para todo el que llegue. Pero desafortunadamente este país que es tan rico, que tiene una cantidad de cosas importantes, sufre del abandono total del Estado, que se manifiesta por ejemplo  desde el Estado de las vías (especialmente en mi municipio), hasta todas las masacres que se han cometido, como por ejemplo, la reciente masacre en contra de la candidata Karina García y sus acompañantes; considero que todo esto hace parte del abandono estatal, de ese abandono tan grande en el que nos tienen a nosotras las comunidades afros e indígenas menos favorecidas de este país, que ocupamos estas zonas por cultura, a veces, o también porque desafortunadamente nos han arrinconado acá, en las montañas, en las partes recónditas donde no llega la señal, donde es súper difícil comunicarse, y todo esto en pleno siglo XXI sigue afectándonos de manera abrupta. Pero además de eso, obviamente la corrupción que se administra a nivel nacional hasta acá, el odio y la venganza con el que se han ensañado algunos de nuestros dirigentes y líderes políticos, también desde las ciudades hasta acá. 

Hoy nosotras como mujeres salimos a hacer pedagogía del Acuerdo de Paz, salimos a explicar cada uno de los puntos en esas zonas donde no llegó el Estado; donde no estaba ningún tipo de institución, salimos nosotras, nos metimos porque considerábamos, tal vez de manera egoísta que nosotras parimos esta paz, porque teníamos una Zona Veredal [2], un ETCR [3] y por esto nos considerábamos con mayor derecho para pelear y de alguna manera salir a compartir y hacer pedagogía de paz. 

Pero hoy todos esos enemigos de la paz nos están arrebatando esa posibilidad, nos han arrebatado todo ese gran sueño, toda esa fuerza que teníamos. Porque hoy estoy enfrentando, con esa palabra tan horrible que se utiliza en la guerra, siguen desmembrando el Acuerdo de Paz, por todo el odio y la venganza que tienen en contra de este país,  en contra de mucha gente que vive en las zonas recónditas, que nos acusan de guerrilleros, que nos acusan de todo, menos de las personas que somos, que nos levantamos todos los días a apostarle a esta paz, que construimos paz desde los territorios, que seguimos soñando con ese gran país en donde quepamos todos en medio de todas las diferencias.

Yo creo que ese es el país que nadie conoce, el país que le apuesta a la guerra, el país que olvida, el país que desampara a sus pueblos, a sus regiones y que las deja a la suerte de quien tenga el poder. Eso es lo que tenemos en este país, carencia de investigación, no se investiga si se siguen asesinando los líderes, siguen amenazándonos, nos toca salir corriendo, irnos de acá, salir a escondernos quizás dos meses, tres meses, porque tampoco contamos con recursos económicos para vivir en las grandes ciudades, para encadenar esos cordones de miseria. Nosotros hoy en Buenos Aires (Cauca) tenemos una cantidad de gente que vive en el Distrito de Agua Blanca, desplazados por la construcción de la Salvajina, y que cada 15 días los traen acá a enterrarlos porque nos los matan allá, porque es gente que ha vivido en el campo, que tiene otras costumbres, otras idiosincrasias, que llegan a las ciudades y se estrellan con toda esta realidad, que existen las fronteras invisibles en donde el vecino roba, que está el tema de consumo de sustancias psicoactivas, que nos violan a las niñas. Todo esto es lo que hoy está acabando con esta sociedad, está acabando con los sueños de muchas personas.

Para nosotros hoy, la salvaguarda de la implementación del Acuerdo de Paz, y la implementación del capítulo étnico, es lo que va a hacer que nosotrxs podamos seguir viviendo en nuestros territorios, que el Estado investigue y el gobierno nacional en cabeza de su Presidente Duque investigue, que no crea que la única opción es militarizar los territorios, que por favor ponga sus ojos en estos territorios, que podamos volver al campo a producir, que la seguridad alimentaria sea el pan de cada día de nuestra gente, que los niños puedan salir. Hoy después de las 6 de la tarde ya no podemos salir, hoy estamos reviviendo toda esa política de guerra que dejaron los paramilitares en nuestros territorios, hoy yo estoy confinada en mi casa, encerrada, porque no puedo salir después de las 6 pm porque estoy amenazada, porque para muchos soy un estorbo, porque le apuesto a la paz, le apuesto y sigo convencida de que el único camino que tenemos es continuar. Hoy yo tengo ese deseo en mi corazón con todas esas ganas y toda esa tristeza que me embarga hoy, pero hasta el último minuto voy a seguir luchando para que esto cambie, no sé hasta cuando, es posible que mañana cambie de opinión, que decida irme, meterme al Distrito, a cualquier otro lugar donde no pueda respirar este aire puro que respiro aquí en mi casa, donde no pueda salir y saludar a los vecinos, donde no me pueda reunir cada ocho días con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, con los que les estamos apostando a la paz.

También estamos apostando a disminuir el consumo de sustancias psicoactivas (tenemos un grupo de jóvenes que acaba de formarse), con las víctimas, a quienes les vamos a entregar el 17 de junio nuestra iniciativa de memoria como un monumento en honor a todas esas víctimas que cayeron en nuestro municipio, donde colocamos simbologías tan importantes para nosotros como el Cerro Teta, que es un cerro emblemático para nosotros como comunidad afro, pero también indígena (los indígenas dicen que para ellos se llama Catalina, porque lo referencian con una india, y nosotros los afro decimos que es Teta, porque tiene la forma de una mujer negra con unos senos protuberantes).

Esa es nuestra verdad, esa es la verdad a la que seguimos apostando y por eso proyectamos un informe a la Justicia Especial para la Paz (JEP) [4] porque seguimos apostándole a esos sueños que tenemos de paz, porque creemos que nos los merecemos. El viernes vamos a presentar un informe a la Comisión de la Verdad [5], porque seguimos apostándole a la Justicia Transicional que muchos quieren desmembrar y dañar, porque muchos quieren cortar esas alas que las comunidades y las víctimas decidimos continuar, ese es el país que nadie conoce, el país que está al otro lado, que está movido por la guerra, que está movido por los odios, y ese es el país que queremos acabar, a ese es el país al que no le queremos apostar ni uno más, absolutamente nada, ni una gota más de sangre de nuestra gente, de nuestros hijos, de nuestras comunidades. No le queremos apostar ni un peso más, ni un peso más.

Defendamos la Paz (DLP)

Gloria Arias: Buenas tardes para todos y todas, oyéndolos a Uds. y pensando en la pregunta que nos formulan… yo vivo en Bogotá, aparentemente debería ser un territorio más conocido, un territorio que no es tan desconocido en el imaginario de la gente, pero sin embargo creo que aún siendo la capital del país, “el país que nadie conoce” es el que cada uno tiene adentro, el que tiene su vecino. Nosotros estamos muy empeñados en vivir en unas burbujas creando una cantidad de fronteras, unas visibles, otras invisibles, unas reales, otras inventadas, que nos han hecho vivir muy aisladamente los unos de los otros, y no darnos permiso de conocer la verdadera realidad de Colombia. El país que no conocemos es posiblemente el que está en la puerta de junto a nuestra casa y no nos hemos dado permiso de verlo y de sentirlo; es inclusive el que está adentro de nosotros mismos. Muchas veces tratamos de tapar la realidad porque nos parece muy dura, porque nos parece muy triste, porque nos parece que nada de lo que hagamos será suficiente para modificarla; y es muy común la tendencia a pensar que es tan grave lo que nos sucede, que es tan dramática la situación de nuestros líderes, que es tan eterno nuestro conflicto, que nosotros ¿qué es lo que podemos hacer? Y sí es mucho lo que podemos hacer, comenzando por sanarnos a nosotros mismos, comenzando por rescatar al humanismo del último lugar al que lo han ido mandando diferentes oficios, profesiones, intereses de toda índole. Entonces ese país desconocido es el que debemos darnos permiso de sacar a la luz, de sacarlo a relucir, y es el país que esté dispuesto a trabajar por la paz, un país que esté dispuesto a endosarle toda su dedicación, su tiempo, su voluntad su empeño a construir un país libre de violencia. 

Nosotros somos capaces de vivir en un país libre de violencia, pero estamos tan encerrados en nuestras propias burbujas de zonas de confort, de comodidad, de lo que ha sido la tradición de vivir, que pensamos que es una tarea demasiado grande, o que es una tarea que le corresponde a otro. Entonces “vivir en paz” es algo que le corresponde garantizar al gobierno que debe hacer todo por nosotros o le corresponde a unos señores comisionados que se fueron a La Habana, o les corresponde a los jefes de X o Y grupo, y personalmente pienso que no es así, el país desconocido está adentro de nosotros y es nuestra obligación sacarlo de lo oscuro. Es nuestra obligación no desfallecer, a veces pasan cosas como las que sucedieron la semana pasada [6], por todos conocidas y uno tiende a desmoralizarse, a decir: Tanto trabajo, tanto esfuerzo, tantos años y volvemos a caer en lo mismo, o está el peligro de caer en lo mismo, y creo que no tenemos tiempo de darle espacio ni de dedicarle minutos ni dedicarle ninguna parte de nuestro pensamiento ni de nuestra voluntad, no se lo podemos dedicar al sentimiento de derrota, al sentimiento de angustia, al sentimiento de  frustración. Este país que debemos conocer y debemos re-conocer, nos necesita desde hace mucho tiempo, y no podemos darnos el lujo de desperdiciar o de hacernos los indiferentes. La indiferencia es tal vez una de las peores tragedias que puede golpear a una sociedad, y nosotros con frecuencia caemos en la tentación de la indiferencia, no creo que ni siquiera sea por maldad, muchas veces es por cobardía, pero la cobardía tampoco sirve de nada. Entones la invitación un poco es a romper esas murallas que nos hemos ido creando a lo largo de nuestra vida y empezar a reconocernos a nosotros, a reconocer nuestras propias debilidades, reconocer los pequeños procesos de guerra interna que cada uno tiene, de conflicto interno que cada uno tiene y en la medida de que los podamos ir solucionando, seguramente va a ser mucho menos difícil tratar de acercarnos a los demás. Hacer un esfuerzo enorme por identificar las cosas que nos unen, las cosas que nos hacen parecidos, las cosas que podemos tener en común y no las cosas que nos hacen distintos, no las que nos separan. Siempre habrán cantidades de cosas que nos hagan sentir distintos a los demás, distintas ideologías, distintas corrientes políticas, distintas regiones distintas tendencias, pero ¿Qué nos une? Esta es un poco la filosofía de DLP, que es una plataforma absolutamente plural, en la que estamos más de 2.000 personas de diferentísimas tendencias políticas, religiosas, sociales, ideológicas, pero tenemos un hilo conductor absolutamente imprescindible y fundamental que es la búsqueda de la paz. La construcción de un país libre de violencia. Entonces es ese esfuerzo por centrarnos en lo que nos une y no centrarnos en lo que nos hace distintos y celebrar esa diferencia. Hace poco decía yo en la apertura del capítulo de DLP en Cartagena, que sería terrible un país en el que todos fuéramos iguales, sería de verdad, muy aburrido y muy inútil y muy plano; no hagamos de la diferencia una tragedia, hagamos de la diferencia una fortaleza, porque realmente eso es lo que es. Y cuando tengamos la firme decisión como la tenemos, de sacar adelante la paz, centrémonos en lo que nos une, si nos centramos en lo que no nos une, vamos a pasar otros 60 años, van a pasar otros ocho millones de víctimas, van a volver a pasar todos los muertos que ya hemos tenido. Pensemos que por más dificultades que haya con este proceso de paz, por más que no sea una paz perfecta, cualquier paz por imperfecta que sea es mejor que cualquier guerra; es curioso que se le exija a la paz que sea perfecta, y no se preocupen tanto por las imperfecciones de la guerra, entonces quitémonos un poco esos miedos. No puede ser lógico, no puede ser normal un país que le tenga más miedo a la paz que a la guerra, eso es absolutamente imposible uno intenta explicar esto en otras latitudes y no tiene traducción, no tiene lógica. No podemos por pura costumbre, por que lo que hemos vivido, toda nuestra generación y los que están más jóvenes y sus padres, y hasta de sus abuelos, ha sido un país en guerra. No más. De verdad No más, que no nos asuste la paz, la paz no nos puede asustar, que exige esfuerzos: sí. Que exige sacrificios: sí. Que exige botar a la caneca una cantidad de paradigmas y hacernos un cambio de mentalidad: sí. Pero démonos permiso de volver realidad la ilusión de la paz. Y que no sigamos teniendo países desconocidos, que no sigamos teniendo fantasmas, donde se nos va perdiendo la vida, la ilusión, la esperanza. Porque eso no es lo que nosotrxs tenemos que dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos, para que haya valido la pena vivir en este país y en esta época.

CIVIPAZ

Henry Ramírez: Quisiera que Mariela nos contara, por qué se originó CIVIPAZ y qué es CIVIPAZ y yo creo que esa historia es la que nos va a dar respuesta a esa Colombia que no conocemos.

Mariela Rodríguez: Desde CIVIPAZ, desde la zona humanitaria, estoy ubicada en la Casa de la Memoria. CIVIPAZ nació de un desplazamiento masivo que hubo por problemas de violencia en nuestro municipio, sobre todo en la parte alta, donde nos asesinaron, desaparecieron, y torturaron muchas personas. Muchas personas están desaparecidas. En 2002 hubo un desplazamiento masivo, las familias que salimos desplazadas al verlo perdido todo, enseres materiales y también muchas vidas humanas que se quedaron, nos fuimos a diferentes partes del país. A Villaviencio, a Bogotá, a Granada, a diferentes sitios buscando dónde protegernos, dónde huir del enemigo, de los paramilitares y el ejército colombiano. Estando en Villavicencio, al ver la situación que vivíamos, nos unimos 35 familias de las que llegamos ahí a “Villavo” y al ver la situación que vivíamos en cabeza de Reynaldo Perdomo Hite,  que fue el que nos ayudó a encontrar esa salida, encontrándose con la Misión Claretiana de Medellín del Ariari, que era el Padre Henry y otros, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, esas 35 familias comenzamos a reunirnos, a caminar en Villavicencio, digo a caminar porque había que caminar de barrio en barrio para podernos encontrar, muchas personas que no tenían ni para el pasaje lo hacían a pie, en cicla, mirando cómo volvíamos a recuperar nuestro territorio y gracias a estas personas de buen corazón que nos ayudaron, así fue como se creó la organización CIVIPAZ en Villavicencio; nos organizamos para volver a regresar al territorio. Salimos desplazados en el 2002 y al territorio volvimos en el 18 de marzo del 2006, el territorio estaba todo destrozado, todo era un descombro, porque no habían habitantes, las casas estaban ya deterioradas; gracias a la ayuda de estas personas volvimos al territorio a comenzar de nuevo, pero volvimos en medio de los paramilitares que estaban dentro de la región, nos ubicamos en una Zona Humanitaria, terreno que nos donaron unas organizaciones a nivel internacional, y podemos estar acá. 

Volviendo atrás, viendo cómo nos asesinaban, cómo acabaron con muchos líderes de nuestra región, por estar defendiendo nuestro territorio, porque el municipio del castillo es un territorio rico en tierras, en aguas, en cultivos, porque había mucha tierra que de todo se daba, todo, el café, el fríjol, el maíz, sin necesidad de abonos, era una tierra muy buena, muy fértil. Por eso el enemigo nos sacó de nuestras tierras, para poder adueñarse del territorio, pero nuestra organización hizo que se cerrara un paso para que no se diera y hasta el momento estamos en la lucha, porque nos han querido privatizar el agua, y está la minería nuevamente en la región, pero con muchas organizaciones que nos han apoyado, hemos puesto una barrera, pero vemos amenazado nuevamente nuestro territorio por la minería. 

Hoy en día, por ejemplo, muchas familias ya recuperaron sus bienes, o su tierra, porque sus bienes ya se los habían llevado, entonces están nuevamente en las fincas, trabajando, comenzando nuevamente de cero, el Padre Javier Giraldo es testigo, él estuvo con nosotros trabajando, cosa que le agradecemos mucho en la comunidad, de verdad me alegra muchísimo estar hablando hoy con Uds.  escuchándoles también las problemáticas que hay en otros municipios, en otros departamentos, que también estamos pensando que en cualquier momento podemos ser azotados por las amenazas que hay a muchos líderes a los candidatos, a la alcaldía al consejo, entonces todo esto nos preocupa que se vuelva a repetir, aunque nosotros luchamos porque las cosas no se vuelvan a repetir, pero ya hemos visto las noticias en los diferentes municipios, departamentos, en donde están acabando con los líderes, con los campesinos, con los falsos positivos, todo esto nos aqueja y nos preocupa mucho. 

Henry Ramírez: Quisiera decir una cosa que me parece importante en términos de historia, pero que estamos viviendo hoy de una manera especial. En la década de los 80 y los 90, El Castillo fue un escenario de exterminio de la Unión Patriótica (UP) de un partido político que surge de un proceso de paz con las FARC; varios candidatos, varios alcaldes de la UP, funcionarios de la Administración Pública, fueron asesinados por paramilitares con toda la complicidad del Estado, de hecho, quien era el comandante de la VII Brigada, el General  Cabuya de León, hoy tiene que estar rindiendo indagatoria en la JEP frente a los crímenes cometidos en esta zona. Podemos decir que El Castillo aporta hoy casi el 40% de los militantes de la UP asesinados en todo el departamento del Meta, hoy realmente había pensado compartir otras cosas, pero lo que pasó hoy, o lo que nos hemos enterado hoy nos deja muy preocupados. Pareciera que esta lógica de estigmatizar, de señalar, de enlodar el nombre de los líderes sociales vinculándolos a la guerrilla siguiera siendo un escenario común en la política; quienes en esa época decidieron hacer parte del ejercicio electoral fueron asesinados, hoy también muchos de esos líderes son asesinados y también muchos de esos líderes, apostándo a creer en la democracia (y es ahí el país que nadie conoce) muchos hablan de democracia, pero no existe, y lo digo así, hoy por ejemplo, la candidata a la Alcaldía del El Castillo – Meta, Sonia León Camacho manifiesta a través de las redes sociales que distintas personas de El Castillo la señalan de que si ella llega a la Alcaldía, la guerrilla se toma el poder y que se va a tomar El Castillo otra vez. Afirmaciones de estas son las que escuchamos en los medios de comunicación desde altos mandos militares, desde altos funcionarios, entonces ese es el país que nadie conoce, lo que replican los altos funcionarios en los medios de comunicación es lo que termina replicando mucha gente del pueblo, y termina haciéndole daño a la gente. Ese país que enfrenta a unos y a otros. Esta candidata, por sus miedos, por sus cosas, está ahí… recibió un apoyo de Colombia Humana – UP y hoy, está recibiendo estigmatización. Ese es el país que no conocemos, es el país de la intolerancia, de los odios infundados, por eso que estaba diciendo Mariela, Sonia y que con otros hemos estado denunciando, cómo la minería y la industria petrolera se quiere apropiar de El Castillo para destruir esas fuentes naturales de agua que existen. Entonces ese país que juega hoy a la democracia, que simula hoy la justicia, ese país que simula hoy tener una participación política, está concentrado en unos pocos poderes económicos que son los que hoy, por ejemplo, tienen en control de la vía al llano y la tienen cerrada.  Son los que hoy controlan la contratación, no solamente en el Departamento de El Meta, sino en todo el país y tienen el poder. Tienen el poder de la justicia, tienen el poder de perseguir solo a quienes ellos quieren perseguir y dejan libres a otros, es este país que se niega a reconocer que hay una estructura. Y bueno, aquí está nuestro maestro, el Padre Javier, y vemos cómo el paramilitarismo ha sido una estrategia de Estado que se ha enquistado en lo más profundo de las instituciones del Estado, no solamente en los militares, en la justicia, sino que lo vemos en muchas otras esferas de la sociedad donde el paramilitarismo ya no es solamente una doctrina militar sino una doctrina de pensamiento, una doctrina que se ha ganado el corazón de algunos colombianos, y que por eso terminan polarizando este tipo de situaciones hoy nos tienen muy angustiados y que efectivamente, tras una serie de incumplimientos frente a la implementación del Acuerdo de Paz, estamos en un escenario nuevamente y tristemente (no quiero ser profeta de la catástrofe) pero estamos a las puertas de volver a repetir lo de los años 80, creo que las cifras ya nos dan para decir que estamos repitiendo eso con los líderes asesinados.   

Red Conceptualismos del Sur (RedCSur)

Fernanda Carvajal: Lo que hemos estado hablando desde la RedCSur, y que también tratamos de plantear en la convocatoria, es que de alguna manera para lxs que vivimos en el cono Sur, y que estuvimos expuestos a proceso de violencia que tuvieron que ver más con dictadoras militares, a veces resulta difícil imaginar lo que significa un conflicto con un nivel de responsabilidad tan fuerte de un Estado supuestamente democrático, y con actores complejos como la guerrilla, el paramilitarismo y el ejército, con las comunidades, que se sostenga en el tiempo por tantos años.  Por esto nos parece muy importante tener estos espacios de diálogo porque efectivamente hay un montón de aspectos que es necesario comprender, aproximarnos, escuchar, para poder de alguna manera, generar espacios de acompañamiento, solidaridad y poder transmitir, amplificar esto que Uds nos están contando. 

En el cono sur, lo más conocido es la estructura de dictadura, donde pareciera que los actores de alguna manera están más claros. En conflicto colombiano hay un nivel de complejidad de los actores que hace que sea muchísimo más difícil encontrar espacios de articulación, de apoyo, es decir, todo lo que cuentan Uds. en relación con la falta de justicia, de cómo el Estado deja de ser de forma escalofriante, un lugar de interpelación; todo el tema del abandono que Uds señalaln, y a la vez, la fortaleza del tejido comunitario que es muy importante, lo más importante. A todo esto se suma además otro actor, que es el avance económico, extractivista, y cómo desde las comunidades está ese desafío de tener que responder a todas esas diferentes escalas, es decir, cómo relacionarse y defenderse del Estado, de los grupos paramilitares, del avance de estos emprendimientos económicos, que es una situación muy compleja. 

Javiera Manzi: Para nosotras esta es una pregunta que nos parecía fundamental, cuál es la intersección entre las distintas violencias, cuando vemos que evidentemente el cruce entre cómo operan las formas de la violencia que trae la guerra y la falta de paz, se cruzan con expresiones específicas más intensivas de violencia que operan específicamente sobre mujeres, comunidades racializadas, sobre pueblos indígenas, y cómo en el fondo vemos que hay ahí un cruce de cuestiones que nos parece muy importante de poder pensar y ver desde las propias comunidades, cómo es que se vive en estos procesos. Para nosotrxs es muy importante abrir estos espacios de escucha en la posibilidad de hacer una campaña de solidaridad, creo que una principal tarea es escuchar a las propias comunidades que están viviendo, luchando, experimentando las formas de violencia y también porque precisamente a lo que nosotras nos dedicamos y lo que investigamos desde la Red, es rescatar experiencias artísticas, estrategias creativas que permitan visibilizar momentos de conflicto, situaciones de crisis, momentos de violencia, y que la única forma de darle sentido es desde un contenido que sea situado, que tenga relación con los proceso que se viven en los territorios, es partir con estos ejercicios que puedan luego hacer que estas estrategias que nosotras estamos pensando desde la gráfica tengan una importancia y puedan responder a una necesidad que contribuyan a superar el cerco mediático, el olvido y la fragmentación. 

SEGUNDA PARTE: CÍRCULO DE LA PALABRA.

Jimena Andrade pregunta para el Padre Javier Giraldo: Padre Javier, quiero lanzarle una pregunta en torno al victimario, si nos puede responder ¿quién es el victimario? ¿Cómo opera el victimario? ¿cómo es él? ¿cuáles estrategias se están usando hoy para asesinar a lxs líderxs, Padre? ¿a lxs defensorxs de DDHH y excombatientes? ¿cómo lxs matan? ¿cómo lxs mataban antes? ¿cómo se puede definir la forma de operar del victimario a lo largo de la historia? ¿cuáles son las diferencias entre el hoy y antes en estos términos?

Javier Giraldo: En mi trabajo en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP-PP durante más de 30 años, he observado que ha habido una metamorfosis del victimario. Al comienzo, a finales de los años 70, el victimario era un agente del Estado oficial, era la fuerza pública la que torturaba, la que mataba, pero sin ninguna clandestinidad, sino que lo hacían a la luz del día, identificándose y también con unas garantías de impunidad porque todos esos casos iban de todas maneras a la justicia militar y allí nunca se condenaba el victimario. Como a mediados de los años 80, cuando la comunidad internacional comienza a intervenir y a preocuparse por esta situación de represión tan terrible, por parte del mismo Estado y de sus mismos funcionarios, entonces el Estado saca un instrumento que tenía ya preparado desde los años 60, comienza a utilizar otro victimario que es el paramilitarismo, que eran cuerpos civiles, que se involucraban con el ejército, pero no aparecían abiertamente como funcionarios del Estado. Había una relación clandestina, era como un brazo clandestino del Estado. El victimario se convierte y asume un nivel de clandestinidad, que consiste en no aparecer ya como un funcionario abierto del Estado, y así persiste durante mucho tiempo asesinando, matando, torturando, desplazando, sin que aparezca oficialmente como actos del Estado, porque son grupos paramilitares. Esto dura durante los 80, los 90 y podríamos decir que con la Constituyente de los 90 y más allá, se lanza una campaña contra el paramilitarismo.

Ya prácticamente en los años 2000, para suprimir la palabra “paramilitar” para que no se vuelva a utilizar la palabra “paramilitar” sobre todo en el gobierno del presidente Uribe, que hace un simulacro de desmovilización de los paramilitares. Se dice que ese fenómeno ya se acabó y que lo que existen son Bandas Criminales, las famosas BACRIM. Se monta esa sigla de las BACRIM y se intenta hacer creer a la comunidad nacional e internacional que es un fenómeno adscrito a la delincuencia común, como Bandas Criminales, sin ninguna relación con el Estado. Sin embargo, los mismos métodos y la misma ideología del paramilitarismo y de los funcionarios del Estado como represores, sigue igual, no cambia nada pero si cambia la imagen del victimario, ahora aparece como un delincuente común, que no tiene ninguna relación con el Estado y pertenece a las famosas BACRIM, y ya cuando se abren los diálogos de La Habana, y cuando se firma el Acuerdo de Paz, aparece un nuevo nivel de clandestinización del victimario, y es lo que estamos viviendo en este momento. El victimario es uno o dos encapuchados que llegan en una moto sin placa, disparan y se van; y no sacan ningún comunicado reivindicando el hecho y justificándolo, como lo hacían antes. Entonces hemos pasado por diversas etapas de clandestinización del victimario, en este momento estamos en el máximo nivel de clandestinización del victimario y es el encapuchado que nadie conoce y del que nadie puede hacer un retrato hablado porque va encapuchado, se pierde inmediatamente y no se identifica ni siquiera detrás de esas cantidades de siglas que inventaron los paramilitares. Sin embargo, los motivos de ese victimario siguen siendo los mismos que los de los años 60 en adelante, que es un victimario que apoya las políticas del Estado, que apoya los grandes empresarios y los grandes proyectos, que se muestra enemigo de todos los movimientos sociales, que se muestra aferrado a una ideología de extrema derecha, de tipo facista, anticomunista, que está persiguiendo a todos los movimientos de protesta y los movimientos sociales y que si ya no lo reivindica en comunicados y a través de siglas que utilizaron en el pasado, sin embargo cuando uno examina, las características de la víctima, en qué estaba comprometida la víctima,  qué estaba haciendo la víctima, se puede ver quién es ese victimario. En esta explicación, se denota cómo el victimario se ha ido clandestinizando progresivamente, ahora estamos en el máximo nivel de clandestinización, pero si uno examina las características de la víctima, el compromiso, el trabajo y la actividad de la víctima, uno puede descubrir ahí en el victimario la misma ideología de todas estas décadas pasadas, y lo que se quiere es suprimir los movimientos sociales, lo que se quiere es suprimir las posiciones alternativas.

Javier Giraldo pregunta para Patricia Carabalí: Escuchando lo que habías explicado hace un momento, yo recuerdo que todo el Norte del Cauca lleva muchos años en una lucha y en una cuestión terrible, es una zona terriblemente ensangrentada y por eso aprecio tanto los movimientos sociales y étnicos que se han desarrollado allí en esa región. En este momento yo quisiera saber cómo se está desarrollando el compromiso por la paz, porque yo creo que el Acuerdo de Paz no tocó de fondo las raíces del conflicto armado, que eran sobre todo la tierra y la democracia, y me imagino que en los movimientos sociales que hay en el norte del Cauca, hay alguna manera de promover la desconcentración de la propiedad de la tierra y la participación progresiva de la población en las decisiones. Quisiera escucharte en qué medida los movimientos sociales del Norte del Cauca están buscando esto de la democratización de la tierra y las decisiones.

Patricia Carabalí: Muchas gracias Padre por esta pregunta que es tan importante, porque realmente la tenencia de la tierra en el Norte del Cauca, es un factor neurálgico generador del conflicto, no sólo con los grupos armados sino que también ha generado algunos problemas interétnicos, aquí en el norte, entre afros, indígenas y camposinos,  precisamente por la tierra y también obviamente el factor de las multinacionales que son quienes están ocupando la mayor parte de nuestra tierra. El cultivo de la caña de azúcar, está prácticamente por todo el territorio, y esa es la apuesta que tenemos hoy los movimientos del norte del Cauca, en cabeza de los consejos comunitarios. Nosotros, con todo este “proceso de restitución”, el gobierno nos ha podido adjudicar unas tierras tanto a comunidades negras como indígenas. 

En el caso nuestro, como comunidad negra, el consejo comunitario Cuenca del Río Cauca y Microcuenca Teta Mazamorrero, tiene una finca precisamente que está invadida por la caña de azúcar, con todas las necesidades de tierra que tenemos las comunidades negras, pero resulta que cuando nos entregaron esa finca, ya había un contrato por 10 años, el dueño anterior y el Estado dejaron ahí ese contrato con vigencia de 10 años. Lo que estamos haciendo es empezar a sembrar el territorio que está libre de caña de azúcar, pero estamos presionando al ingenio para ver qué figura jurídica utilizamos para terminar ese contrato ¿por qué? Primero, porque eso no aporta mucho a las comunidades negras, a los concejos comunitarios, y segundo, porque la gente necesita la tierra, porque no tenemos tierra en el Norte del Cauca, esa es una de nuestras dificultades, entonces, la minería legal e ilegal nos resta territorio, este municipio también es afectado en el norte del cauca con el tema de la minería ilegal, los cultivos a los que se les hace uso ilícito nos resta territorio, y desafortunadamente tenemos que reconocer que hay una gran presencia de cultivos a los que se le hace uso ilícito en el territorio, además están los megaproyectos y las multinacionales con el cultivo de caña, de eucalipto y de pino. Entonces lo que queremos es recuperar esos territorios y que vuelvan a quedar en cabeza de los concejos comunitarios, cabildos y resguardos indígenas, para poder repartirla entre nosotros mismos, y poder asegurar nuevamente cosas tales como el tema de volver a cultivar nuestros cultivos del pancoger, volver a la agricultura tradicional, pero además de ello, asegurar, valga la redundancia, la seguridad alimentaria; volver a tener modelos tradicionales de comercialización entre nosotros, de la mano cambiada, así nosotros vamos a la finca de los otros compañeros y les prestamos la mano de obra por ese día, luego ellos vienen y nos prestan también esa mano de obra, yo creo que tenemos que empezar por nosotros, terminando con los contratos y con cualquier figura que exista, para volver a acomodar nuestra gente en esos territorios.

Patricia Carabalí pregunta a Gloria Árias – DLP: Gloria cómo estás, realmente es a veces desconsolador el panorama que nos espera y que estamos viviendo los líderes y lideresas en el territorio, en el Cauca está bastante crítica la situación para nosotrxs. Tú, desde la capital, qué aporte nos puedes dar a nosotros, lídetrxs para continuar en el territorio, cuál sería esa gran píldora de consuelo o estrategia que podemos desarrollar para poder continuar nuestros trabajos desde el territorio sin tener que salir, sin tener que desplazarnos y abandonar nuestros territorios.

Gloria Arias: Gracias por la pregunta. Te comento que hace un par de semanas, fui a Caloto con Iván Cepeda y con algunas de las personas de la comisión de Paz y me vine con una sensación, te confieso, un poco triste en el corazón,  porque tuve la imagen de que muchos están con una enorme melancolía adentro, con una inmensa fortaleza y valor de seguir adelante, pero también con una melancolía que se les ve en las expresiones, en la mirada, en la forma de hablar. Lejos de dar recomendaciones, yo no podría darles una recomendación ni enseñarles nada, pues verdaderamente los valientes son ustedes, quienes están literalmente poniendo el pecho, una apenas se asoma llena de buenas intenciones y de afecto, pero no sería yo capaz de darles recomendaciones, lo único que te podría decir es que no están solos, el mensaje como DLP y yo personalmente como Gloria Arias, es “no están solos” “no sientan nunca que están solos” no sientan nunca que no nos importa lo que les está pasando porque sí nos importa” porque su problema es nuestro problema, porque su solución tiene que salir de un consenso de soluciones de todo el país; entonces es absurdo decir “no tengan miedo”, es completamente ridículo; uno no puede decir desde aquí, sentado en un escritorio, “no tengan miedo”, cuando es allá donde están expuestos directamente a los más crueles ataques de violencia. El miedo es válido. No tengan miedo de tener miedo, eso es válido, lo valiente es precisamente seguir adelante a pesar del miedo, no en lugar del miedo, sino a pesar del miedo. Eso es lo que Uds. están haciendo magistralmente y sientan que no están solos, sientan que tenemos un enorme respeto, una enorme consideración, un enorme deseo de aprender las mejores formas posibles de apoyarlos, de estar con Uds. de acompañarlos y sientan que no están solos, sientan que todo lo que les sucede a Uds. a nosotros nos importa. Yo sé que ustedes pueden decir, ¡Dios mío! Pasan cosas y siguen pasando y nos siguen matando y no reaccionan, créame que a veces, si no reaccionamos más, es porque no sabemos cómo reaccionar mejor, pero aquí se están moviendo muchas cosas para acompañarlos, ayer hubo un debate muy interesante en el congreso, no sé si Uds lo siguieron por televisión, un debate presidido por el Senador Iván Cepeda, precisamente sobre la situación del Cauca, créanme que el Cauca lo tenemos en el corazón, es una cosa que realmente no puede pasar que haya 39 territorios en este país, indígenas que estén al borde de la extinción. Claramente, lo que no podemos hacer nosotrxs es quedarnos quietos y quedarnos en silencio. Entonces sí nos importan, sí lxs tenemos en el corazón, sí lxs tenemos en la primera línea de pensamiento. Estamos cada día tratando de encontrar mejores soluciones para que el acompañamiento tenga cada vez más un impacto real y positivo y realmente seamos capaces de evitar que lxs sigan asesinando. 

No se trata de reducir los crímenes a lxs líderxs sociales, no se trata de reducir la cifra para que sean menos, se trata de que no haya ningún otro líder social asesinado, esa es la consigna nuestra, ese es nuestro propósito, nuestra misión y lo que tenemos que sacar delante de la mejor manera posible, créanme que somos muchxs de muy distintas corrientes, de muy distintas ideologías, pero con un propósito común y es proteger la vida de UDs. y defender la paz de este país. 

Gloria Arias pregunta a Fernanda Carvajal y Javiera Manzi: Hola, oyendo sobre todo lo que tú decías respecto a la dificultad para entender nuestro conflicto, porque no es fácil la relación entre tantos agentes, es una pluralidad tanto de víctimas como de victimarios muy grande, y por esto creo que la reconstrucción de nosotrxs como sociedad va a ser tremendamente difícil,  por esto creo que no podemos perder tiempo. Yo quería preguntarles a Uds. que vienen de una violencia distinta a la nuestra, pero también absolutamente dolorosa y difícil, cómo se ha ido tejiendo, reconstruyendo esa reconciliación, esta capacidad de recomenzar, de perdonarse, para que Uds. hoy no carguen la herencia de los resentimientos, de los odios de los dolores que tuvieron generaciones anteriores,  porque esta es una clave que va a ser muy importante para nosotrxs, pues no podemos seguir heredando odios de generación en generación, no podemos seguir repitiendo un discurso de que el mundo está partido en buenos y malos, en victimarios y víctimas y tenemos que empezar a reconstruirnos sin heredar tanta carga negativa. ¿cómo lo han logrado Uds? ¿cómo lo están haciendo?

Fernanda Carvajal: Escuchando tu pregunta, una primera cosa que se me ocurre, es interesante, porque yo soy chilena, pero vivo en Argentina y creo que los procesos de Argentina y Chile son diferentes porque en Argentina ha sido muy importante es el tema de los juicios. 

Creo que la reparación y procesar lo que implica la violencia muchas veces lleva más de una generación y claramente no son heridas que se sanan rápidamente, pero creo que los procesos de justicia han sido batallas sociales, jamás el Estado las ha brindado fácilmente, digamos, pero creo que es el primer punto para poder empezar a dialogar, digamos. Y esto por ejemplo, ha sido muy distinto en Argentina y en Chile, creo que eso se nota. Javiera podrá decir su opinión, pero creo que en Argentina sí ha habido un proceso social, que ayudó también a que hubiera un consenso social de rechazo a las dictaduras, no sólo de los afectados (aunque sabemos que hoy en día, con el avance de las derechas hay un avance a su vez del negacionismo), pero yo me atrevería a decir, que por lo menos en los últimos años, el hecho de que se iniciaran estos procesos de juicio y se generara esa legitimidad social, generó otra forma de procesar esto, que sea algo que se discute, que la gran mayoría de la sociedad está informada, y todas las políticas de la memoria, todo lo que han hecho organizaciones como “Madres de Plaza de Mayo” e “Hijos”, me parece muy interesante, porque el hecho de que haya abuelas, madres, hijos, muestra lo que voz decís, una cuestión que es generacional, y que son años lo que tarda ir sanando el trauma, creo que eso es súper importante saberlo, digamos. Eso para empezar, no sé si Javiera querés agregar algo. 

Javiera Manzi:  Sí, tal cual dice Fernanda, la verdad es que en un país como Chile, la impunidad es básicamente total, no existen juicios, casi todos los crímenes a violaciones a los DDHH realizados en la dictadura y la postdictadura, se mantienen absolutamente impunes, lo que hace que las posibilidades de la reconciliación, en los términos en los que imaginamos, como parte de un proceso de justicia, no se han llevado a cabo dentro del país. Me parece que ese es un énfasis muy significativo, porque en la actualidad aparece la idea de la reconciliación vaciada de sentido cuando emerge como una demanda de sectores que lo que buscan es más bien omitir la falta de justicia histórica que existe. Esta impunidad, en la actualidad se exacerba con algo que nosotras desde la RedCSur hemos visto con mucha preocupación, que es una tendencia hacia el negacionismo histórico, que está sucediendo en toda la región. Incluso hemos visto esto de la manera más terrorífica, no sólo como negación de lo sucedido, sino a veces incluso exaltándolo. Lo que hoy día sucedió, por dar un ejemplo, con los comentarios de Bolsonaro respecto a Bachelet, es un ejemplo donde se evidencia no solamente la posibilidad de decir “no hubo muertos” sino incluso “los hubo y tenía que haberlos”. Eso es básicamente lo que le dice Bolsonaro a Bachelet, respecto de su padre que precisamente fue asesinado en dictadura. Es un debate muy importante. Pero para nosotras la reconciliación está asociada a la justicia. La reconciliación efectiva solamente es posible desde ahí y desde la reconciliación con la memoria histórica, que en un país como Chile es una tarea muy pendiente. 

Javiera Manzi y Fernanda Carvajal preguntan a Mariela Rodríguez y Henry Ramírez CMF de CIVIPAZ.  Queríamos hacerles dos preguntas. La primera,  teniendo en cuenta que es tan difícil el tema de la violencia, que el duelo y la injusticia son tan fuertes, queríamos preguntarles cuáles han sido las experiencias comunitarias de resistencia y saber colectivo que han ido encontrando en estos años del conflicto, qué aspectos de la trama social ustedes rescatan en medio del conflicto e incluso después de la firma del Acuerdo de Paz, como una ganancia de la comunidad digamos, qué aspectos creen que podrían ser inspiradores para las resistencias. Pensamos que lo que está sucediendo en Colombia, tiene mucha resonancia en otros contextos, en Centroamérica, incluso en México, este conflicto en el territorio, la disputa por la tierra es algo que está sucediendo en muchos lugares y así como es necesario entender la estructura de la violencia, nos parece también súper importante rescatar cuáles son los saberes y las estrategias que se han ido pudiendo elaborar. Esa es la primera pregunta.

Mariela Rodríguez: Yo diría las estrategias como organización. La estrategia de habernos organizado y haber llegado a una zona humanitaria, la zona humanitaria es una estrategia muy importante para nosotrxs porque está delimitada por vallas con letreros donde dice que sólo es para población civil, donde no debe entrar gente armada, entonces esto para nosotrxs ha sido una salvedad. También se logró tener medidas cautelares para la organización, entonces eso es una estrategia que nos sirvió mucho, y por ese medio podíamos denunciar, porque anteriormente, cuando ocurrió el exterminio de la Unión Patriótica (UP), no se podía denunciar porque la persona que denunciaba, la asesinaban, entonces ya pasaba lo que pasaba y nadie decía nada, por el temor también a ser asesinado. Entonces, la estrategia como comunidad de llegar a una zona humanitaria, poder tener un diálogo con el Gobierno que nunca nos apoyó, porque el apoyo que tuvimos fue a nivel internacional, y por organizaciones nacionales, pero con organizaciones, no como Gobierno, como Estado. Entonces la estrategia de habernos organizado es muy importante porque desde ahí se comenzó a denunciar los hechos ocurridos de asesinatos, desapariciones, todo lo que había ocurrido, robo, porque se robaron más de 3.000 cabezas de ganado, entre el 2002 y 2004 nos asesinaron 226 personas, entre ellas, muchas que están desaparecidas todavía, que guardamos la esperanza de algún día poderlas encontrar. Entonces esa es una estrategia para nosotrxs, muy importante, y de esa manera nos hemos podido sostener como personas organizadas, y cuando llegamos en el 2006 nuevamente a la región, regresó mucha gente a la región, muchas personas volvieron y se pobló nuevamente el municipio. Entonces esa estrategia es muy importante y se ha tenido en cuenta en otros departamentos también, que ha servido mucho, como ha sido en el Chocó en Cacarica. La experiencia nosotrxs la tuvimos de Cacarica, por Reinaldo Perdomo, como les decía en un inicio, él fue el que encabezó esta organización, pero fue asesinado, a él lo asesinaron el 12 de agosto del 2003, no tuvo la oportunidad de volver con nosotrxs a la región. 

Henry Ramírez: Yo lo que creo es que una de las estrategias que ha servido es mantener los niveles de organización comunitaria. Si bien es cierto, lo que intentaron hacer los paramilitares en El Castillo y muchas otras regiones, fue desarticular los procesos organizativos, yo creo que El Castillo ha sido un ejemplo de cómo mantener distintas organizaciones. Hoy El Castillo puede dar cuenta de distintas expresiones organizativas como ATCARI (Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Alto Ariari), Sintragrim (Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta), CIVIPAZ (Comunidad Civil de Vida y Paz), Acueductos comunitarios, las Juntas de Acción Comunal, que son una expresión social, pero que también son una expresión de un pensamiento político distinto al pensamiento hegemónico, ese es un nivel de estrategia que se potencia. Luego, otra estrategia fuerte que se ha impulsado en El Castillo es el tema de la memoria. Porque incluso muchos habitantes de El Castillo no alcanzan a dimensionar qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando allá, pero cuando se encuentran y muchos jóvenes y adultos ven el listado de las víctimas, se puede ver y dimensionar que aquí pasó una catástrofe de proporciones altísimas, como ha pasado en muchas regiones, no es El Castillo la excepción, pero digamos que El Castillo ha tenido una experiencia fuerte de organización. El tercer elemento creo que también tiene que ver con nuevos lenguajes, nuevas maneras de expresión política, artística, social, que permite que otrxs vayan llegando. El tema de la minería ha permitido que muchos jóvenes a través del video o de la radio o la fotografía se puedan interesar de estas realidades y asumiendo una posición política, crítica y organizativa.  

Por Alejandro Thornton

Javiera Manzi y Fernanda Carvajal preguntan a Mariela Rodríguez y Henry Ramírez CMF de CIVIPAZ: Esta es una pregunta más coyuntural, pero nos parecía que no podíamos dejar de hacerla, y es cómo ver el escenario del proceso de los acuerdos de paz, tras lo que se hizo público en el video de Iván Márquez y los aspectos que esto trajo también desde la respuesta del presidente Duque, de Álvaro Uribe. Para nosotras desde afuera trajo una gran ola mediática del proceso y nos parecía muy importante aprovechar esta oportunidad para escuchar de primera fuente, desde comunidades organizadas, cómo ven este proceso, qué es lo que está pasando. 

Henry Ramírez:  Yo creo que el video de algunos miembros de las FARC, que participaron en el proceso de paz en La Habana, es la manifestación de una serie de incumplimientos y tristemente, como la repetición de los ciclos. En distintos procesos de paz que se han efectuado en Colombia, los incumplimientos del Estado han sido sistemáticos, reiterativos y estratégicos. No son incumplimientos ocasionales…  tipo “¡uy! ¡Se nos pasó!”. No. Yo creo que hay una intencionalidad muy fuerte de que esto pasara, porque si hubo un elemento que el acuerdo, que obviamente tenía sus limitaciones, pero que el acuerdo no tocó, fue la parte del conflicto que era El Estado, y este nunca reconoció su responsabilidad tampoco, ni reconoció la necesidad de transformar las instituciones, ni el desmonte del paramilitarismo, ni el desmonte de una política anticomunista o anti-izquierda. Entonces la respuesta de estos hombres y mujeres que están en el video, pues, digamos, tendría que ser normal. Yo no sé si esa sería la mejor respuesta. Claro, políticamente no sería la más correcta. De hecho, en una columna que yo escribo para El Llano siete días, que saldrá mañana, yo invitaba a Iván Márquez e Iván Duque a que no nos siguieran metiendo en una lógica de guerra, no soportamos más guerra, reconocemos los principios éticos revolucionarios, pero creo que esta guerra nos va a desgastar muchísimo más y no nos va a conducir a nada. Hay razones objetivas, es decir, 700 líderxs asesinadxs, más de 200 combatientes de las FARC asesinados, pero digamos que en este momento, la vía armada, aunque la respeto, no creo que sea la salida que permita recomponer y denunciar este Estado tan corrupto en el que estamos.

Henry Ramírez le pregunta a Germán Graciano Posso de la CDP: Yo casi devolvería la pregunta que nos hacen Javiera y Fernanda, y es, cómo Uds. leen este momento del conflicto armado y cómo la CDP lo dimensiona, sabiendo que Uds. han sido víctimas de ese escenario de guerra todo el tiempo. Cómo ven este momento, cómo lo leen y cómo lo analizan.  

Germán Garciano Posso: Gracias Padre Henry, yo creo que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha tenido la fuerza organizativamente como para mantener esa valentía de un grupo de campesinxs que han decidido organizarse en una Comunidad de Paz neutral en rechazo con todo lo que tenga que ver con actores armados, generalmente ilegales, y para nosotrxs, yo creo que es una coyuntura política; hemos pasado por momentos muy difíciles en muchos gobiernos de turno, especialmente el gobierno de Uribe; creo que tenemos en esta situación actual, en este nuevo gobierno de Duque que es prácticamente el gobierno de Uribe, tenemos un escenario muy fuerte, muy peligroso, especialmente para las organizaciones sociales, las comunidades indígenas y campesinas en un tema de control estratégico del paramilitarismo, que desde décadas y años ha existido el paramilitarismo (como mencionaba el Padre Javier, hay una historia de paramilitarismo), y ha tenido esa fuerza de organizar el paramilitarismo en una estrategia armada para callar muchas voces, entonces para nosotrxs la coyuntura que está viviendo el país es supremamente peligrosa, bastante preocupante para las víctimas, para la comunidad de paz de San José de Apartadó. En estos momentos, en la región de Urabá, tenemos es un incremento del paramilitarismo, un incremento de muchos jóvenes reclutados, especialmente en la zona de San José de Apartadó, siendo menores de edad, y por esto es tan peligroso lo que se vive con este nuevo rearme, supuestamente, de las FARC.

Para nosotros, el desafío es cómo formar nuevas generaciones en un presente y futuro. Cómo distinguir estas coyunturas políticas que se están dando a través del gobierno de turno, en este caso del gobierno de Duque que apuesta más bien a la guerra. Y eso tiene que ver mucho con un incumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana entre la Guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Donde no se firmó realmente una paz verdadera, respondiendo a una sociedad civil, a un país victimizado como lo es Colombia durante décadas, sino que se firmó una paz más bien respondiendo a intereses económicos del modelo opuesto para muchas regiones de Colombia; y es por esto que hoy, con muchas preocupaciones nosotrxs las víctimas, las comunidades, vemos muy lejos esa reconciliación verdadera, ese anhelo de conocer esa verdad entre los dos actores. Es muy importante para que las nuevas generaciones no sigan viviendo lo que hemos vivido durantes estas muchas generaciones, la pérdida de los familiares y sin tener real conocimiento de los responsables. Hoy los responsables gozan de plena libertad, gozan de las mejores mansiones en Colombia y a nivel internacional, por eso cada vez el anhelo de distinguir la problemática de Colombia, la guerra que se camufla a través de unos intereses económicos. Soñamos con una fuerza organizativa de las comunidades indígenas y afro, con tener derecho a vivir y derecho al territorio colectivo, como ha sido la búsqueda de muchas comunidades en el país, porque sólo por esas dos cosas  nos siguen asesinando. 

Para cerrar, es muy importante que el país a nivel nacional, a nivel internacional, comience a acompañar mucho más de cerca, cada vez más este proceso de paz que se ha firmado en La Habana, que por una u otra razón, estamos convencidos que las armas no son la solución a la paz. 

La solución a la paz somos estas personas de población civil que le apostamos sin ningún interés a dar la vida por las comunidades, por el territorio y que realmente hemos visto que si las armas fueran la solución a la paz, no se hubiera firmado un Acuerdo de Paz, y muchos acuerdos a nivel de muchos años atrás. Por eso para nosotros es muy importante que se de una apuesta con el Gobierno nacional, para tratar de corregir, de tener una mirada de una verdadera reconciliación, donde las víctimas seamos los que propongamos cómo debe ser una reconciliación verdadera, con una responsabilidad del Gobierno colombiano, con todo lo que tiene que ver con la responsabilidad que ha tenido y que sigue teniendo, de realmente no aceptar, no reconocer el incremento del paramilitarismo en Colombia, no reconocer el desmonte del paramilitarismo, el paramilitarismo sigue ahí, por esto las muertes se incrementan y pero se invisibilizan a nivel internacional más los asesinatos que está padeciendo el país, y es de acuerdo a una estrategia política del gobierno de Uribe.  Muchas Gracias.

Mariela Rodríguez pregunta a Germán Graciano Posso de la CDP: ¿Qué estrategias podemos usar para poder continuar con este proceso de paz y seguir haciendo frente a este desorden que hay de asesinatos a los líderes campesinos? 

Germán Garciano Posso: Gracias Mariela, yo creo que esta estrategia de las comunidades y a nivel del país, de cómo tratar de acceder a la verdad, de cómo con las comunidades incluso ayudar a combatir esa impunidad a través de todo este negocio que se está dando en Colombia a través de las víctimas, se sabe a nivel nacional e internacional que se está comprando la conciencia de muchas organizaciones sociales en Colombia y que también es una estrategia política que le permite al victimario, al poderoso tener el control de muchas comunidades en el país a través del dinero. Todo lo que tiene que ver con los acuerdos, el tema de la restitución de cultivos ilícitos, el tema de la reforma agraria integral, el tema de tener acceso a una educación, a una salud y que hoy no la tenemos, por eso es vital mantener la autonomía de las comunidades para poder aguantar.

Por Bianchi – Castro

Notas

  • [1] Reemplazo de bosques por potreros para explotación ganadera.
  • [2] Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización ZVTN fue el nombre que le puso el Gobierno Nacional colombiano a las zonas que en 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano t las FARC-EP, albergaron a los excombatientes que se encontraban en la clandestinidad, para, principalmente, garantizar la dejación del 100% del armamento, como garantía de la firma del acuerdo. Para más información ver aquí.
  • [3] Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR fue el nombre que el gobierno colombiano le dio a las ZVTN, espacios en donde se asentaron los excombatientes, después de la dejación de armas y de que se cumpliera el plazo de dejación de armas.
  • [4] “La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años.” Tomado de: https://www.jep.gov.co/Paginas/JEP/Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx 
  • [5] “En el marco del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC -EP, mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR, para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad.” Tomado de: https://comisiondelaverdad.co/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad
  • [6] Se refiere al anuncio del rearme el 29 de agosto de 2019), de un grupo de disidentes de las FARC, ante el incumplimiento por parte del gobierno de la implementación del Acuerdo de Paz. https://www.youtube.com/watch?v=tGFVuxpV9EI 

Dé_Tour [etnografía y derivas]. Investigación expandida en territorio Aconcagua

Por Metaverba / Jocelyn Muñoz Báez.

Más que nuevas críticas, son nuevas cartografías lo que necesitamos.
Cartografías no del Imperio, sino de las líneas de fuga fuera de él.
¿Cómo hacer? Necesitamos mapas. No mapas de lo que está fuera del mapa.
Sino mapas de navegación. Mapas marítimos. Herramientas de orientación.
Que no buscan decir, representar, lo que hay al interior de los diferentes
archipiélagos de la deserción, sino que nos indican cómo llegar a ellos.
(¿Cómo Hacer?, Tiqqun)

I _  Investigación expandida como experiencia artística

Si la democracia liberal chilena no ha sido más que la continuación de la dictadura por otros medios, los efectos de la devastación parecen diluirse en la superficie de lo real. Nada es más devastador que la naturalización de la violencia ejercida como poder sobre otrxs y, en este sentido, nada es más peligroso que la sumisión silenciosa a las coordenadas dictadas por un estado de excepción, guerra permanente en la que se inscriben los códigos de control y acumulación.

En este momento en el que podemos sentir el intento por esconder la vida o la inminente subsunción de la vida hacia una categoría definible como capital humano, resulta imprescindible la negación frente a esta vida capturada. La entropía no puede ser la totalidad de nuestros días, existe allí afuera un pasado que ha sido estallido de nuestras fi(a)cciones futuras. En los Andes, la historia es una constante reconstitución, es un principio vivo y se expresa en el concepto de Quip Nayra (Rivera Cusicanqui, 2015) [1], cuya traducción literal es pasado-futuro, una integración de la memoria contenida en ese pasado-futuro para caminar el presente. El concepto constituye una forma de conocimiento fundamental del pensamiento y principio andino, específicamente el aymara, así como un principio de observación no lineal en sintonía con formas de pensamiento no normativas y en negación ante el imperio del pensamiento único; su pertinencia radica en ser un recordatorio inicial acerca de cómo descolonizar la lengua y el tiempo. El Quip Nayra representa una descolonización epistémica, sin duda, a la vez que un indicio clave de la mirada precolonial, una mirada que es capaz de interrogar o evocar el pasado para dar forma al futuro. 

En este sentido, el intento de este escrito apunta a la proximidad con ese conocimiento que vibra en el pasado para visibilizar las condiciones de vida presente, así como a la negación capaz de deconstruir la operación de montaje de la historia. Esto abriría un campo de posibilidad para el pensamiento crítico desde un conocimiento que, en palabras de Francisco Varela (2000), puede entenderse como enactivo; es decir, una forma de conexión contextual que nos vuelve a integrar con el objeto de estudio o, más bien, lo diluye.

A la par de estas reflexiones, se ha ido articulando un archivo visual y documental en torno a la devastación de las formas de vida en la zona central del Chile, así como en torno a las luchas individuales y colectivas que se oponen al modelo cultural del régimen actual. A esta investigación la nombro Archivo Abyecto, valpop contra visual [2].

En principio, la voluntad de generar un archivo de la abyección implica una reflexión sobre el lugar del documento en relación a las culturas visuales y, más concretamente, a los regímenes de visualidad de los nuevos paisajes culturales en el contexto de las mutaciones geopolíticas y cognitivas del capitalismo tardío. Anclado en una historia que se remonta a las primeras fases de la colonización, el Archivo Abyecto indaga en las actuales formas de cosificación de las mercancías en tanto narrativas del progreso, la devastación de la naturaleza y la crisis interna. Así, el archivo pone su mirada en zonas políticas situadas en los bordes de la representación, intersticios sociales que han sido expropiados o están en vías de ser expropiados por las redes de infraestructura capitalista en su fase final. Como señala Anselm Jappe en su análisis Reforestar la imaginación:

Ya no vivimos en un capitalismo ascendente y triunfante, sino en un capitalismo en fase de declive. Al reducirse, el capitalismo no deja más que islas en las que aún puede funcionar una reproducción normal en términos capitalistas, mientras que cada vez más regiones del mundo se ven abandonadas a su suerte: no sólo países enteros, sino también vastas zonas en el interior de los países llamados desarrollados. (Jappe, 2015: 56)

A partir de este trabajo documentativo, la investigación expandida adquiere una dimensión fundamental como experiencia artística donde se cruzan los campos de reflexión de los estudios visuales (Brea, 2005), la dimensión política de los imaginarios urbanos (Delgado, 2007) y las estrategias de negación crítica de las prácticas contemporáneas (Brea, 2008), abriendo la posibilidad de una praxis donde el arte y la cultura visual sean mapas de ruta para observar y decodificar las coordenadas del proyecto moderno. Estos elementos, además, nos permiten discutir la pertinencia de resituar el cuerpo como un espacio de ruptura con una episteme eurocéntrica [3], interrogando las condiciones de posibilidad de la obra artística dentro de un marco de inteligibilidad occidental.

Es preciso reconectar con la dimensión abyecta de nuestros propios archivos, observar, ante todo, los mapas usados por los conquistadores para recoger los restos enterrados en la tierra de nuestra propia existencia. Mirar, una vez más, el lugar abyecto que nos permitirá comprender la convergencia de los múltiples dispositivos biopolíticos; así como el alcance de la trama global de las redes de infraestructura estratégicamente encadenadas y su estrecha relación con el avance de este desierto humano.

En el marco de esta investigación, desde la relación directa con los entornos y a partir de la memoria y el documento –murales, informes, fotografías, mapas, entre otros– la experiencia situada ha sido fundamental para articular el programa Dé_tour [etnografía y derivas] en tanto investigación expandida que se entiende cómo proceso colectivo e individual donde el cuerpo y la mirada intentan situarse más allá de la experiencia estética del paisaje. 

Observando la manera en que el capitalismo ha programado un modelo y finalmente un ecosistema que gestiona el territorio, los diversos escenarios de reorganización del mundo nos permiten repensar la noción de movilidad al interior del fenómeno turístico –entendiendo éste como parte de una red de encadenamiento global que impulsa la homogenización a partir de la diversidad–, donde la experiencia del mundo se nutre de representaciones y apropiaciones construidas que estandarizan el flujo de la experiencia.

Lo anterior termina por establecer nuevas y cada vez más específicas políticas de uso de los entornos vivos; transformando el paisaje de nuestras relaciones, prácticas, rituales e intercambios afectivos a través de pautas dirigidas desde una profunda dimensión colonialista. En este sentido, se propone cómo un estudio sobre las políticas de representación presentes en las tensiones operativas de la gobernanza capitalista, específicamente en el territorio chileno actual.

El hecho de que el viaje haya sido un componente esencial de la economía, instrumento y vector determinante de la colonización y el dominio durante las primeras cruzadas nos obliga a indagar en las imágenes que han dado forma al relato histórico de aquel viaje de conquista inicial, permitiéndonos comprender hasta qué punto este se reactualiza en el presente. En este sentido, el flujo que mueve este proyecto de arte que camina se ubica en la perspectiva de la crítica decolonial y el antidesarrollismo. A partir de la observación directa, el viaje situado ofrece la posibilidad de encarnar la experiencia del cuerpo y el tiempo en nuestras propias prácticas visuales, permitiéndonos re-pensar las capas y relaciones de poder que constituyen la morfogénesis de los modelos urbanos desde los cuáles se está reconstruyendo gran parte de la memoria social, visual y política de Abya Yala, así como las lógicas de poder que han sido necesarias para gobernar el territorio. Lógicas –estas últimas– que operan fragmentando, codificando y segregando las formas de vida, gestionando las fuerzas productivas o realizando lo que, en otras palabras, podríamos definir como la segmentarización y la separación de los cuerpos que importan de áquellos que no. 

Este escrito se propone como un despliegue de las primeras experiencias en torno a la investigación expandida y el relato de las tres derivas psicogeográficas realizadas entre el 2017 y el 2018 en la zona del bajo Aconcagua, específicamente, en el valle de Quillota, en los contornos de la ciudad de Valparaíso y en la zona costera de Puchuncaví-Ventanas. Después de describir esta zona, las derivas son descritas en tres momentos: La invención del paisaje; Flujos, márgenes y pliegues; y Sitio, memoria y lugar. El objetivo ha sido situarnos al interior de los espacios, desplazando nuestro propio habitar en ellos, indagando en la memoria y los significantes que el avance o la última avanzada del capitalismo y el neoliberalismo han hecho emerger.

II. Imaginarios neoextractivistas (región de Valparaíso como caso de estudio)

En el contexto específico de la zona central de Chile podemos observar los indicios del entrelazamiento escalar implicado en la transformación ontológica y geopolítica de la región en su totalidad. A partir de 1982, con el auge del contenedor, la ciudad puerto de Valparaíso inició un proceso de modernización mediante el cual se construyeron explanadas, se adquirió equipamiento y se cambió el sistema de operación portuaria, incorporándose finalmente el sector privado a las operaciones de movimiento de carga y descarga en el puerto chileno. Este desmantelamiento de las actividades portuarias clásicas a través de nuevos regímenes de gestión productiva desencadenó no sólo la devastación de un área de producción básica en la economía local y estatal, sino también el socavamiento de las bases que habían dibujado las relaciones sociales en la esfera pública durante todo el siglo XX y que aún hoy tensionan las dinámicas laborales y sindicales en la ciudad.

Posteriormente, a partir del nombramiento de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad en el año 2003 por la Unesco, la emergencia de una nueva economía de servicios fortalece a la ciudad turística, provocando un escenario de profundos cambios y puntos de fricción, principalmente en relación al destino de su borde costero. Esta modernización de la actividad logístico-portuaria establece una reconfiguración territorial y un nuevo ecosistema productivo asociado a su doble dimensión como capital cultural y regional. Actualmente, Valparaíso se ubica como enlace estratégico en el contacto entre el mercado liderado por China y el Mercosur, sumado a las nuevas implicancias que traerá el eje entre Buenos Aires-Valparaíso, según la nueva segmentación que impone el mapa económico-gubernamental de IIRSA [4].

A partir de estas transformaciones –condensadas en las últimas décadas–, se advierte una reorganización a gran escala tanto de la ciudad como del extenso territorio interior de la región. Las sólidas tramas de enlace que propone IIRSA y que por ahora sólo podemos advertir cómo un futuro programado (que comienza a manifestar sus primeras consecuencias como modelo y que ha tenido variadas modificaciones a lo largo del tiempo, siendo una de las más significativas el debilitamiento de la alianza UNASUR), reorganizando Latinoamérica en 10 ejes de Integración y Desarrollo. 

Estas nuevas redes territoriales difieren enormemente con las formas de relación intercomunal prehispánicas, altamente receptivas e integradoras, cuyo gesto expansivo conocido como reciprocidad –propio del mundo andino– implicó un orden de sociabilidad y economía (precolonial) estratégica, aplicada fundamentalmente en la reproducción y la sobrevivencia como sistema cultural. Esa antigua forma social, que implicaba dar esperando una retribución equivalente al gesto, podría ser considerada como una primera fase política de complejización del entramado logístico a través del rito. Sin embargo, su diferencia radical es que ninguna avanzada expansionista precolonial puso en entredicho la vida cómo prolongación de la existencia social. Estas antiguas forma de redes viales, redes afectivas y estratégicas, configuradas como extensos corredores bioculturales permitieron el florecimiento de innumerables formas de pensamiento estético y político de carácter ahistóricos.

Esta idea toma aún más fuerza cuando se observa el entorno inmediato, por ejemplo, el espacio costero de la región de Valparaíso, perteneciente a la amplia zona del bajo Aconcagua, donde se destaca la coexistencia de múltiples escalas ecosistémicas, redes de subsistencia y prácticas extractivas. Valparaíso es parte de un corredor biológico conectado a los valles y cordilleras centrales y su espacialidad da cuenta de ese tránsito. En medio de la ciudad, se encuentra la quebrada Cabritería, ubicada entre los cerros Barón, Rodelillo y Placeres, perteneciente a un gran bosque esclerófilo autoregulado por cientos de años y que está conectado a los valles que se acercan a la costa desde el interior. Su extensión, fragmentada por la ciudad, aún permite observar su persistencia a través de miles de ciclos climáticos, ciclos que han dado forma a vidas endémicas como la Jubea Chilensis (palma), el boldo, el quillay, el peumo y una infinita variedad de plantas y hierbas que sostienen el equilibrio de otros pequeños reductos bioculturales al interior de la ciudad (Hoffman, 1998).

El vestigio de aquel gran bosque da cuenta de los grados de relación entre formas y tiempos de existencia disímiles, mediadas en la actualidad por lógicas de consumo y legibilidad que han tendido hacia un funcionamiento que explota racionalmente los ecosistemas. Esta excesiva racionalización puede entenderse desde una perspectiva escalar, donde encontramos que si bien fue el proceso de universalización lo que dibujó la forma actual de Valparaíso, fue durante la primera ola de colonización española en Chile el momento en que la bahía se transformó en ruta de salida de las mercancías humanas y no humanas extraídas de la tierra. El lugar, que en ese entonces era nombrado por sus habitantes como Alimapu, tenía una bahía donde hoy día se encuentra la plaza Echaurren, llamada bahía de Quintil. Su privilegiada situación topográfica le permitió durante el siglo XV tener una fuerte presencia en el proceso fundacional de las nuevas tierras conquistadas por Pedro de Valdivia para la corona española. En este proceso podemos encontrar dos momentos que funcionan como imágenes claves del emergente proceso de gobernanza local en los inicios de la colonia: uno es 1536, fecha en que se realiza la primera expedición de Juan de Saavedra a las costas del Océano Pacífico; el segundo momento es 1544, cuando Valdivia declara a Valparaíso como puerto de Santiago (Ugarte, 1910). A partir de aquí, ese antiguo mundo costero de la bioregión de Valparaíso ve alterada sus rutas de encadenamiento entre culturas locales y comienza a forjarse una historia de mestizaje y usurpación que ha tenido como consecuencias la pérdida de saberes y la reproducción de la violencia colonial hasta el presente. 

De acuerdo a entrevistas sostenidas con investigadores locales como el arqueólogo Charles Garceau, podemos barajar hipótesis sobre el paisaje existente a la llegada de los españoles. La amplia bahía oceánica estaba poblada en diferentes puntos por changos, pequeños grupos de indígenas pescadores y nómadas que ocupaban los valles y la costa y que dependían de Tanjalonco, señor de los indios de Quillota y del curso inferior del río Aconcagua –alrededor de este río habitaron culturas preincaicas que alcanzaron una considerable densidad de población desde por lo menos 2000 años-. Los changos fluctuaban entre las costas y los valles centrales y, mucho antes, entre el 200 AC y el 800 AC, lo hicieron las primeras comunidades alfareras Bato y Llolleo, que habitaron el curso inferior y superior del río Aconcagua. Este curso llamado del Conconcagua o Aconcagua es el punto de anclaje de ocupaciones culturales diversas y sucesivas que germinaron a los alrededores de la ruta fluvial que atraviesa de este a oeste la región de Valparaíso. 

La cultura Bato estuvo presente en toda la zona costera desde la desembocadura del río Petorca hasta al río Maipo y por el Valle Central hasta el río Cachapoal, caracterizándose por su movilidad entre los valles centrales y las costas de Con-Con, que es donde desemboca el río. La relación con el entorno estaba, al parecer, profundamente unida a este principio de movilidad o condición nómada del cuerpo y la habilidad para interrelacionarse con otras formas de vida, intercambiando recursos marinos y agrícolas o a través de influencias estéticas y prácticas culturales, principalmente con pueblos nortinos, pero también con comunidades mapuches. 

Ya a fines del siglo XV, los habitantes de los alrededores del Aconcagua hasta la costa estaban profundamente influenciados por el Imperio Inca, que, en su expansión, estableció en el valle de Quillota el centro administrativo de la wamani (provincia) de Chile. El valle fue dividido en dos sectores: el alto u oriental, llamado Aconcagua y gobernado por Michimalonco, y el bajo u occidental, denominado Chile y señoreado por Tanjalonco; estableciendo mitimaes en varios puntos de la zona. Así, los habitantes fueron adquiriendo modos de vida semisedentarios y decantó lo que se denomina actualmente como cultura Aconcagua (900 DC a 1540 DC): cultura fundamentalmente agroalfarera cuyos asentamientos costeros, aunque menos conocidos, se ubicaban de preferencia en las terrazas litorales, a cierta distancia de las playas y más próximos a las desembocaduras de ríos o esteros. 

Quillota se había convertido, hasta 1536, en el centro administrativo de la provincia incaica comprendida entre los ríos Choapa y Maipo. De acuerdo a la cartografía actualmente conocida, este gran territorio central conecta naturalmente el norte y el sur de Chile, no sólo a través de ríos y cordones montañosos, sino desde influencias culturales y estéticas que afloraron como resultado de esta primera ola de dominación por parte del Imperio Inca en Chili, a finales del siglo XV.

Durante esta gran ocupación incaica del territorio centro y sur de Abya Yala, la cultura Aconcagua fue el epicentro social y económico del Collasuyu, mayor y más austral de los suyos del Imperio incaico o Tahuantinsuyo. Este punto nodal fue sostenido en gran medida por esa forma política de conquista que los incas llamaban mitimaes o mitmaq, con etnias quichuas, aymara, diaguita, entre otras y a través de la designación de yanaq-kuna o yanaconas asignados para prestar servicios y oficios en otros territorios, como parte de la organización del Tawantinsuyu. Los mitmaq o mitimiaes fueron grupos más o menos numerosos enviados, junto con sus familias y sus propios jefes étnicos subalternos de sus lugares de origen, a otras regiones para cumplir tareas o misiones específicas (Rostworowski, 1988: 244).

Los límites del wamani de Chile, cuyo centro político se encontraba específicamente en el valle del Aconcagua, se extendían desde el valle del Choapa por el norte hasta el Maipo o el Maule por el sur. La ruta por donde se extendieron los incas partía de la zona cordillerana de Petorca al norte de la región, conectando la zona central con el Cuzco a través del camino del inca o Qhápaq Ñam, que bajaba hasta los valles centrales desde Alicahue, pasando por el punto nodal de Quillota en dirección al río Marga-Marga. Esta ruta que parte en la zona aurífera de Petorca representa hoy un punto crítico del avance del desierto hacía el territorio central de Chile y ha sido declarada zona de escasez hídrica por el MOP (Ministerio de Obras Públicas). Este punto nos permite comprender y observar el escenario distópico que se levanta a partir de la reconversión estandarizada de las formas de vida territoriales hacia estructuras propias de ciudades genéricas funcionales al capitalismo, las que, en la actualidad, viven con mayor intensidad procesos de devastación a partir de modelos extractivistas. Es el caso de la zona Puchuncaví-Ventanas en la costa de la región de Valparaíso, uno de cuyos conflictos emblemáticos y de larga data es el originado hace cinco décadas por la instalación del Complejo Industrial Ventanas. Una primera termoeléctrica propiedad de la entonces empresa estatal Chilectra se instala en 1958 y, ya en 1964, comienza a funcionar en Ventanas la primera fundición y refinería de cobre de la ENAMI (Empresa Nacional de Minería). Precisamente en las comunas de Puchuncaví y Quintero en la actualidad se cuentan alrededor de 19 empresas altamente contaminantes y a sólo 20 minutos del sector encontramos la Refinería de Petróleo de Concón, hoy Refinería Aconcagua, puesta en marcha en 1954.

Este largo período de industrialización propia del siglo XIX, con una serie de contaminaciones masivas y derrames de petróleo en la costa, ha sido la razón por la cual se ha dado impulso a una serie de movilizaciones y formas de organización política en defensa de la tierra y contra la devastación. Según Ana María Vásquez Duplat, “el extractivismo es un modelo de ocupación territorial que busca desplazar otras economías al competir por la utilización de agua, energía y otros recursos, lo que genera dinámicas territoriales excluyentes y la emergencia de nuevos lenguajes de valoración del territorio” (2015: 3-4). Estos nuevos lenguajes de valoración han rearticulado los modos de vida y la subjetividad territorial de quienes habitan la bahía, que señalan como zona de sacrificio y fue declarada en 1993 por el Ministerio de Agricultura, mediante Decreto Supremo N° 346/93, zona saturada de contaminación. 

Otros conflictos de larga data se ubican hacia el norte de la región, en la provincia de Petorca, a raíz de la crisis hídrica agravada por la usurpación y la intervención de ríos y napas subterráneas para el monocultivo de paltas y cítricos, negocio vertebral de algunas familias y empresas instaladas en los valles transversales del alto Aconcagua. En la zona de Quillota y el sector interior de Limache principalmente, la biodiversidad se ve amenazada con la anunciada instalación de la termoeléctrica Los Rulos, propiedad de la empresa israelí IC Power y la gran carretera eléctrica Cardones-Polpaico. Esta línea de transmisión eléctrica es el mayor proyecto de transmisión en Chile con una extensión de 753 kilómetros, que unirá la III Región del país con la Región Metropolitana, pasando por las regiones IV y V.

No es difícil constatar que la apariencia neutral del discurso progresista de los actuales estados-nación esconde el sesgo ideológico del modelo global de extracción y agotamiento de los sistemas vivos. Uno de los principales efectos de la dictadura cívico-militar y la posterior modernización neoliberal ha sido la sistematica cooptación y fragmentación de las debilitadas organizaciones sociales, efecto de la prolongada dictadura chilena. La política de los consensos durante las décadas posteriores generó un  falta de perspectivas frente al asfixiante discurso de desarrollo, estabilidad laboral y movilidad social. Precisamente, esta moneda de cambio es la que ha puesto en la encrucijada vital a las comunidades, hasta ahora.

 El Plan IIRSA, los proyectos asociados al Terminal 2 del puerto de Valparaíso, la instalación de termoeléctricas en zonas declaradas reservas del biósfera o la privatización del agua, son formas contemporáneas de la violenta expansión territorial, pero  sostenida por siglos bajo la lógica de una colonización permanente.

III. Tránsitos, derivas y prácticas artísticas

Ni el espacio ni el tiempo son fenómenos posibles de comprender sin el punto clave de la encarnación (Varela, Thompson y Rosch, 1999: 2), es decir, en relación situada y  activa con la experiencia del presente, donde espacio y tiempo suponen la interfaz para el movimiento continuo del devenir humano.

Sin duda, son los desplazamientos, los tránsitos, la movilidad y los procesos de intercambio y conocimiento mutuo lo que, en relación a un conjunto de fenómenos –migraciones, flujos de capitales sociales, culturales y de mercancías, pero también movimiento de mitos, discursos y sistemas de valor–, han dado forma a un complejo entramado de datos y procesos informativos que han contribuido a la acumulación del sistema mundo. Esta logística adquiere en la actualidad una dimensión en la que el mismo fenómeno político y cultural del viaje deviene transferencia de segmentos productivos, es decir, individualizadas formas de valor fluctuantes entre un lugar y otro; reificación de las relaciones que ha tenido en el capitalismo global su momento de máxima expansión, transformando profundamente la percepción del mundo según la perspectiva y el lugar material en los que nos situemos.

A partir de esta certeza, podríamos afirmar que, en principio, la modernidad colonial tuvo como objeto de dominio el viaje y la conquista, y su principal herramienta, la exploración situada. Desde ese primer acercamiento, las imágenes construidas socialmente por Occidente –desde la invasión de Abya Yala hasta las nuevas formas del colonialismo en su contexto neoliberal– resultan fundamentales no sólo para leer el pasado, sino para entender la historia del capitalismo desde la representación.

La concepción del paisaje y la invención de una nación a partir de la observación de intención científica y artística realizada por exploradores como Claudio Gay, Amado Pissis, María Graham y Charles Darwin dio origen a los primeros mapas, así como a las diversas representaciones y recreaciones del paisaje realizadas durante el siglo XIX. Digamos que las genealogías construidas para dotar de identidad al continente han sido claves en la separación o distanciamiento con el saber de las antiguas culturas preincaicas y precoloniales. Se conformó así un sistema de pensamiento único que, a partir de imaginarios cómo paisaje, naturaleza, territorio o patria, no sólo ha escrito o mapeado las formas de gobernanza, sino también la episteme del sujeto histórico que habita el presente. 

La deriva, si bien lúdica, es una técnica que permite reconocer la manera en que los diversos ambientes presentes en el tejido de una comunidad o ecosistema van estableciendo modos de relación desde un nosotras con todas las formas de vida: es decir una exploración consciente del paisaje biopolítico, pero también una deriva interna.

Las derivas psico-geográficas como herramientas exploratorias han sido utilizadas por los situacionistas para desarrollar su crítica y entender cómo las comunidades o territorios de vida no existen solo en sus delimitaciones físicas. Esta técnica nos permite conectar con narrativas que se nutren de los intersticios, zonas donde nos volvemos a encontrar para interrogar nuestra idea de cultura y dilucidar los elementos que intervienen, modifican o alteran nuestros tránsitos cotidianos. Al ser capaces de reconocer los intersticios de la psico-etno-grafía, encontramos una herramienta para cartografiar las capas que subyacen invisibles a la mirada histórica, revelando una trama genealógica que tensiona las relaciones imbricadas en un territorio determinado. 

Precisamente, la pregunta que recorre esta investigación desde el arte es acerca de las herramientas y los usos que hemos de darles, ante la necesidad de escribir y caminar la historia desde la experiencia directa, como única posibilidad de desmontaje. Repensar nociones como territorio, paisaje y naturaleza en los entornos contemporáneos ha sido una estrategia aplicada como recurso estético y político en diferentes momentos de la historia, al menos desde que se vuelve a reconocer la influencia de las transformaciones urbanas y la gestión del medio ambiente como dispositivo ideológico capaz de contener el discurso que dibuja las fronteras cognitivas en la actualidad.

Fue durante los primeros años de la década del veinte que la corriente artística dadaísta experimenta con sus visitas-excursiones a los lugares más banales de París. La Internacional Letrista y la Internacional Situacionista aparecen a finales de los años cincuenta, y durante los sesenta, su integrante Guy Debord propone la teoría de la deriva, la psicogeografía y el détournement. Prácticas artísticas que pueden entenderse como tácticas de intervención cultural, o tal como las definió la Internacional Situacionista (1999), se tratarían de  comportamientos experimentales al interior de la sociedad urbana. 

A mediados de los 1990, el grupo Stalker crea lo que denominaron transurbancias, que serían una variación de la propuesta situacionista. Estos, sólo por nombrar algunos, son los principales referentes que permiten reconocer y dibujar una trayectoria teórica y práctica del andar como una herramienta estética y también política que las primeras vanguardias utilizaron como recursos (políticos y estéticos) para accionar, conocer y actualizar el conocimiento crítico; referentes que nos estimulan a reconocer, a través del andar, aquellas zonas de conflicto, tensión y encuentro que nos encarnan, mientras recorremos y habitamos las líneas imaginarias de la geografía psicológica de los territorios y sus relieves emocionales.

Mapa zonas de conflicto extractivista. Primera visualización de rutas del proyecto Dé-Tour

IV. Dé_Tour [etnografía y derivas]. Exploraciones realizadas durante el año 2017-2018, región de Valparaíso

1. La Invención del Paisaje. Caminata y deriva junto a Cesar Valencia.

Este valle de Aconcagua es mejor y mas abundoso que todos los pasados. Tiene tres leguas de ancho por las más partes, y por otras, menos. Tiene de la syerra al mar XX leguas. Tiene ovejas y mucho mayz y algarrobales. Corre por este valle vn rrio cavdaloso. Tienen sacado los naturales XX y dos açequias grandes para rregar todas las tierras que cultiuan y sienbran. Tiene pocos yndios que no pasan de mil y quinientos. Solia aver mucha jente.
Gerónimo de Vivar. Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reinos de Chile (1558)

El río Aconcagua resulta ser mucho más que un flujo transandino que atraviesa la tierra desde las alturas de los Andes hasta llegar a la costa. Desde la visión arcaica, el río es una extensión viviente de la fuente primordial de la que somos parte; un flujo de historia infinita, diría Eliseo Reclus. El agua del río, con su particular energía en movimiento, parece ser una onda entrelazada al devenir humano cuyo destino final es el mismo. Estamos en resonancia permanente con el fluido vital, nuestra relación no es sólo en términos de recursos, tal como lo entiende hoy la pulsión extractivista en su lógica productiva, y cualquier bloqueo a esta relación contínua terminará por romper el tejido que sostiene nuestra existencia.

Hoy hablamos del avance del desierto, de la sequía, de la desertificación que amenaza la tierra norte de la región ACONCAGUA. La misma zona cordillerana de Petorca por donde pasó el Camino del Inca hasta los valles centrales, bajando desde Alicahue, y que sirvió de ruta a los colonizadores españoles es hoy una zona devastada y en resistencia permanente frente a la amenaza genocida de los especuladores del agua. Esta devastación, si bien tiene su origen en la privatización de las aguas consagrado en la Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981 (Mundaca, 2014) es el resultado de una ruptura sistémica de las relaciones cooperativas y organizativas de la vida propia de las comunidades agroalfareras que habitaron la zona. 

En la primera deriva psicogeográfica hacia los valles interiores de la región, viajamos hasta Quillota, capital provincial, junto a Cesar Valencia Donoso, activista y performer, con el objetivo de observar y analizar la manera en que las ciudades contemporáneas organizan urbanizaciones estratégicas a partir de la progresiva aniquilación de los entornos y rutas biológicas. El recorrido por esta ciudad, que aún mantiene características coloniales, nos permitió una observación situada del modelo de emplazamiento urbano, que desde comienzos del siglo XXI ha modificado el uso de suelo que anteriormente tenía un uso principalmente agrícola hacía la edificación de viviendas sociales, ampliando las zonas urbanas y el tipo de edificación desde el plano horizontal hacia uno vertical. Lo que implica que una serie de estrategias (bio)políticas de ordenamiento espacial propias de la colonia (la ciudad fue fundada en 1717) como la cuadricula, la plaza de armas rodeada por lugares de encuentro cívico como la intendencia, la iglesia o la municipalidad permanezcan inalteradas, delimitando un centro rígido y un contorno cada vez más movedizo sujeto a la especulación y a la concentración de ghettos hacia las periferias. 

Como parte de las derivas, recorrimos algunos sectores relacionados con antiguos asentamientos o lugares de enterramiento indígenas de Quillota, como la Población Aconcagua norte y el sector Sargento Aldea, Aspillaga, donde se encuentra la Feria y Centro Cultural Leopoldo Silva. Tomamos como referencia el río Aconcagua, la nueva planificación urbana y su relación con asentamientos como los de la cultura Bato, Llolleo, Aconcagua.

El crimen de lesbodio de Nicole Saavedra, ocurrido en la ciudad de Limache el año 2016, su secuestro, su tortura y su silenciamiento, se inscriben dentro de un mismo orden de pensamiento único que encarna un archivo de barbarie y domesticación de siglos. Un tiempo que aniquila la diferencia y opera como matriz ideológica que se extiende con la complicidad impune de las redes de control totalizante. Cuyo poder consiste en invisibilizar los indicios de la violencia sobre el cuerpo a través de la “invención” de un margen que nos separa de la heteronorma. Ese mismo discurso articula las imágenes que resumen la vida y separa los cuerpos que importan de los que no. Se diría que la docilidad con la que se acepta la desaparición del cuerpo es la dictadura que persiste como totalidad parcial y sustancia política de la civilización, en la medida en que el odio es la expresión de la estructura patriarcal que la sostiene.

Esta ruptura responde, finalmente, a un modelo de cultura patriarcal que ha terminado por fragmentar las relaciones, volviéndolas funcionales a los intereses centrales del orden de dominación. En este sentido, la misma lógica que rige el desarrollo del capitalismo a escala local conforma el carácter estructural de la violencia patriarcal en pequeñas zonas rurales o provincias aledañas a la urbe. Allí la política sexual es regulada por una serie de códigos y prácticas conservadoras que, en su extremo más radical, han llegado a significar una verdadera caza de brujas para las disidencias.

Vistas del Sector Puente Boco, Río Aconcagua, noviembre de 2017. En su ribera se concentran las poblaciones Aconcagua Sur y Aconcagua Norte. Cruzando el río desde Quillota encontramos la bifurcación hacía el sector Rautén y Boco. El sector es abundante en transas de pasta base o churri, verde y paraguayo. Además, los domingos la ciudad se vuelva hacía la feria de cachureos, ropa, verduras y nuevas tecnologías. Observamos la débil presencia del agua y el encuentro con los sauces.
Sector Avenida Valparaíso, camino al puente Boco y el Hospital de Quillota. Sobre este muro se ha reivindicado la Memoria de Nicole Saavedra Bahamondes, lesbiana secuestrada y asesinada por la dictadura heteropatriarcal. Nicole vivía en El Melón, comuna de Los Nogales (Chile), era lesbiana y lo visibilizaba en su vida cotidiana. Nicole fue vista por última vez el sábado 18 de junio de 2016. En este muro, lesbofeministas escriben rabia y resistencia frente al lesbo odio internalizado y perpetuado por la civilización.

2. Flujos, márgenes y pliegues. La ruina, la cadena y la joya: una visita por los paisajes trans-escalares de las cadenas logísticas de Valparaíso

El giro que las economías de América Latina han dado hacia China –con el “Consenso de los Commodities” en el centro de las operaciones (Svampa, 2012)– ha situado a Valparaíso como un punto de contacto entre el mercado liderado por la potencia asiática y el Mercosur, señalando a la ciudad como uno de los puntos estratégicos en la nueva segmentación que impone el mapa económico-gubernamental de IIRSA sobre Abya Yala.

En el marco de esta investigación, se realizó un taller en el espacio de arte Mutua en diciembre del 2017, coordinado por el sociólogo e investigador Alejandro Donaire y la artista e investigadora Jocelyn Muñoz. El encuentro buscaba entregar herramientas conceptuales y metodológicas que permitieran a individuxs y grupos de investigación autónoma entender el impacto del acondicionamiento de los territorios en la composición de los escenarios sociales por venir. Para esto, se puso el foco en entender la composición ecológica del sistema portuario en Valparaíso, de manera de desenredar la trama de actores, tecnologías e infraestructuras que dan forma a este cluster logístico. Esta mirada eco-lógica pretendía comprender cómo se constituyen las escalas y dinámicas de interacción involucradas en los circuitos de mercancías, las tensiones y mismatches que se producen, y cómo las operaciones logísticas incorporan la contingencia como motor de dinamización y autorregulación. 

Posteriormente realizamos una deriva hacía los contornos de la ZEAL (Zona de Extensión de Apoyo Logístico), sistema portuario chileno que permite operaciones de flujos de carga de mercancías a través del acceso sur del puerto de Valparaíso. La iniciativa portuaria de infraestructura ZEAL se encuentra a 11 kilómetros del puerto de Valparaíso, en lo alto de la ciudad, y tiene una extensión total de 45 hectáreas. La deriva se inició subiendo por la toma Violeta Parra hasta el sector que divide la Cárcel de Alta Seguridad y el Cementerio Parque del Puerto, cruzamos el sector conocido como Camino la Pólvora perteneciente a una red de transporte integrado a través del Sistema de Transporte Inteligente (ITS). Durante este recorrido andado pudimos reconocer el denominado Camino la Pólvora que une la Ruta 68 con el terminal portuario. Esta antigua ruta fue construida en 1866, luego del bombardeo de Valparaíso por parte de una escuadra española, las autoridades de la época decidieron artillar el puerto para su defensa. Así, se construyeron varias fortificaciones en los cerros aledaños, las que debían ser abastecidas permanentemente con municiones y pólvora. Como este cargamento no podía pasar por el centro de la ciudad, debido a su peligrosidad, se construyó un sendero para mulas, el que con el tiempo se denominó Camino La Pólvora. Hasta hace sólo algunos años, este camino no era mucho más que un sendero, pero en el año 2000 se inició la construcción de un ambicioso proyecto destinado a crear un corredor bioceánico, para mover la carga proveniente de Brasil y Argentina. 

Taller teórico Flujos, márgenes y pliegues. La ruina, la cadena y la joya. Realizado en el espacio Mutua en Diciembre del 2017.
Deriva Taller Flujos, márgenes y pliegues. La ruina, la cadena y la joya: una visita por los paisajes trans-escalares de las cadenas logísticas de Valparaíso. Sector ZEAL. Diciembre 2017.

3. Sitio, Memoria y Lugar. Escritos en relación a la acción del artista Danny Reveco, “Sin tierra, Sin agua, Sin cielo”

La costa del Pacífico es una estrecha franja litoral flanqueada al este por la Cordillera de la Costa y al norte por el desierto más absoluto. Allí, bañada por la fría corriente marina de Humboldt el clima no permite la formación de nubes altas productoras de lluvias pero toda la humedad que se crea progresivamente por las brisas marítimas se estaciona a lo largo de la escarpada cordillera costera, creando un fenómeno climático característico de este litoral que se conoce como camanchaca, una neblina muy densa que posibilita la presencia de ecosistemas costeros muy ricos y de gran biodiversidad. Se dice que lxs changos, antiguas formas de vida humana asentadas en la costa norte del océano Pacífico, habitaron ese litoral desértico desde Perú a Atacama y fueron señalados, por esa especial y específica textura en la que habitaban, como camanchacos o camanchangos. Fue desde esa niebla que bajaron en pequeños grupos hasta alcanzar la zona del Aconcagua y la costa de Valparaíso. 

A la llegada de los españoles, en 1536, un grupo de changos habitaba en la costa central de Valparaíso. Más al norte, en la zona conocida hoy como Papudo, los colonizadores conocieron a Carande (cara grande), jefe de la tribu. En esa pequeña bahía, habían establecido un pequeño reducto de vida que se vio diezmado en medio de la crisis social que implicó la barbarie colonial [5].

Con la invasión española, se cancelaron más de diez mil años de relación con el mar, todo un largo proceso de acumulación de saberes, experiencias y técnicas; un arte vivo que se vio confrontado con la inmensa marea de la Historia y el progreso. En esta ruptura de las relaciones se ha terminado por definir un sujeto total o, más específicamente, un discurso total que se contrapone al tiempo mítico y no lineal de las antiguas organizaciones humanas. Este quiebre, que desde distintas esferas se recrea aún en el presente, a modo de retorno, es la producción de sentido que, sujeta a la crisis permanente de la lógica colonial sobre los cuerpos, se revitaliza o reactualiza en el dominio soberano sobre espacios de vida no humanas como el mar.

Junto al artista Danny Reveco quien elabora y proyecta la acción Sin Tierra, Sin Agua, Sin Cielo. Nos planteamos dos derivas junto a colaboradorxs y obserbadorxs: la primera de ellas se llevo a cabo en Playa Ventanas durante el mes de Febrero del 2018 en colaboración con Gustavo Pulgar y la segunda durante Julio del 2018 a Playa Boca, sector de Con-Con donde desemboca el río Aconcagua. La propuesta nos empujaba a pensar por ejemplo, ¿qué historia subterránea reúne la trayectoria de lxs navegantes nómadas del sur del mundo, aquellxs que habitaron el bosque infinito del océano, con la experiencia actual de alguien que les imagina y reconstruye una mirada sobre sus huellas? Recrear o reinterpretar en el caso particular del trabajo de Danny Reveco es hacerse cargo de las relaciones de tiempo que nos habitan. Construir nuevamente las naves y mirar la mar.

Afiche Intervención Desembocadura del Aconcagua, Danny Reveco y Programa Dé_Tour.
Sector Playa Ventanas, acción “ Sin Tierra, Sin Agua, Sin Cielo”. Febrero, 2018.
Programa Investigación Expandida Dé_Tour [etnografía y derivas] Playa Boca, Con-Con. Julio 2018.
Vista desde Playa Boca, Con-Con. Río Aconcagua, al fondo ENAP Refinería Aconcagua. Julio 2018.

Sobre la autora

Jocelyn Muñoz Báez es Magíster en Estudios de Cultura Visual por la Universidad de Barcelona y Licenciada en Artes por la Universidad de Playa Ancha. Fue cogestora de ESPACIO-G Cooperativa de Arte durante 11 años y del proyecto de cooperativa alimentaria La Lechuga. Actualmente cogestiona el espacio de arte y crítica transdiciplinar MUTUA. Sus investigaciones refieren al arte contemporáneo, la pedagogía crítica, la gestión autónoma y las culturas visuales en América Latina. Entre sus producciones destacan Archivo Abyecto, expuesto en el Centro de Documentación del Centro Cultural Palacio La Moneda el año 2016 y en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal el año 2015;  Videografías de una nación, políticas de representación visual décadas del 80 y 90, expuesto en el CEDOC CCPLM en 2011 y en el II Encuentro Nacional de Nuevos Medios en 2013. Es coeditora del libro Del mapa a la casa / experiencias de autodeterminación en el territorio del arte (Valparaíso: CED, 2016) y autora de “Demoliendo el muro. Cultura televisiva / regímenes televisuales de los años ochenta en Chile” (en CEDOC. Ensayos sobre Artes Visuales IV. Santiago: LOM, 2015). Investigaciones en curso 2020: Dé_Tour [etnografía y deriva] y el proyecto curatorial Valle de Chili: crisis-ecopolítica-crítica en el MSSA.

www.metarchivo.cl // @de_tour_etnoderivas

Bibliografía y referencias

  • Brea, J. L. ( 2005). Estudios Visuales, La epistemología de la visualidad en la era de la globalización . Madrid: Akal.
  • Brea, J. L. (2008). El tercer umbral: Estatuto de las prácticas artísticas en las sociedades del capitalismo cultural. Murcia: CENDEAC.
  • Certeau, M. (1996). La invención del cotidiano, 1 Artes de Hacer. Madrid, Editorial Univ. Iberoaméricana.
  • Debord, G. (1999). Teoría de la deriva. En Internacional Situacionista. La realización del arte. Internationale situationniste # 1-6 más Informe sobre la construcción de situaciones. Madrid: Literatura Gris, 50-53.
  • Delgado, M. (2007). Sociedades Movedizas: Pasos hacia una Antropología de las Calles. Barcelona: Anagrama.
  • Eagleton. T. (2001) .La idea de cultura: una mirada política sobre los conflictos culturales, cap. 4, Biblioteca del presente, n° 16. España, Paidós. 
  • Foucault, M. (1979). La arqueología del saber. México: Siglo XXI.
  • Georges Didi-Huberman. (2011). “La imagen malicia”, en Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
  • Hoffman, A. (1998). Flora Silvestre de Chile, Zona Central 4ª edición. Santiago de Chile. Fundación Claudio Gay.
  • Homi K. Bhabha, (1990). “Narrating the Nation”, comp., en Nation and Narration Londres: Routledge, 
  • Jappe, A. (2015). Reforestar la imaginación. En Jappe, A.; Maiso, J.; Rojo, J.-M. Criticar el valor, superar el capitalismo. Madrid: Enclave de Libros. 45-72.
  • Lefevbre, H. (1974). La producción del espacio. Madrid, Capitan Swing libros.
  • Mundaca, R. (2014). La privatización de las aguas en Chile. Causas y Resistencias. Santiago de Chile: Editorial América en Movimiento. 
  • Rivera Cusicanqui, S. (2015). Sociología de la Imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina. Buenos Aires: Tinta Limón.
  • Rostworowski, M. (2008). Historia del Tahuantinsuyu. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
  • Svampa, M. (2012). Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina. OSAL Observatorio Social de América Latina, XIII (32), 15-38.
  • Ugarte, J de D (1910). Valparaíso 1536-1910 : recopilación histórica, comercial y social. Valparaíso , Impr. Minerva. Colección Biblioteca Nacional de Chile.
  • Varela, F. (2000). El fenómeno de la vida. Santiago: Dolmen.
  • Varela, F., Thompson, E; Rosch, E. (1999). De cuerpo presente. Las Ciencias cognitivas y la experiencia humana. Barcelona: Gedisa.
  • Vásquez Duplat, Ana María (2017). Urbanismo feminista: perspectiva clave contra el extractivismo urbano. Actas del II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política “Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global” [en línea]. Buenos Aires: UBA. Recuperado de aquí.

Notas

  • [1] Concepto aymara ampliamente revisado junto a Silvia Rivera Cusicanqui en el marco del Taller Sociología de la imagen, celebrado durante enero del 2017 en el Tambo Colectivx Ch’ixi en La Paz, Bolivia.
  • [2] Proyecto de investigación autónomo, realizado desde el 2016 a la fecha. Observa y propone a la región de Valparaíso como caso de estudio, con investigaciones y recopilación de imágenes y documentos en Ventana-Puchuncaví, Quillota, Limache, Petorca y Valparaíso.
  • [3] Siguiendo la lectura foucaultiana de episteme, podemos comprender el conjunto de relaciones que, en una época determinada, articula ciertas prácticas discursivas estableciendo las condiciones históricas de posibilidad de un discurso verdadero (Foucault, 1979).
  • [4] IIRSA: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana; se trata de un nuevo proyecto geográfico para Sudamérica, que implica profundos cambios estructurales. A nivel mundial, es el proyecto más ambicioso de ordenamiento territorial nacido al alero de COSIPLAN (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento). Visitar http://www.iirsa.org.
  • [5] Aunque sin lugar a dudas el quiebre social más sustancial al que se vieron enfrentados los grupos litorales en su historia fue su integración al sistema capitalista colonial a partir del siglo XVI, transformándose en una masa laboral primeramente encomendada y posteriormente asalariada, enajenando por primera vez su condición en pos de un sujeto ajeno al grupo y produciendo un giro sustancial en la naturaleza de las relaciones entre los individuos de la sociedad.

Buscando el río en la ciudad

Por Carolina Andreetti.

Para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, caminar por la ribera o navegar por sus ríos, es algo fuera de nuestra vida cotidiana, casi, un acto extraordinario. Una experiencia que nos falta en el cuerpo y que cuando ocurre, se siente como si por ese rato, viajaras a otra parte, pero en tu propia ciudad. Como la extrañeza que produce estar en un paisaje que no se habita.

Buenos Aires, fue concebida como ciudad-puerto, a orillas del Río de la Plata y del Riachuelo. Pero esas orillas, que albergaron un pasado de febril actividad naviera, deportes náuticos y balnearios ribereños, parecen hoy sólo postales perdidas.

¿Cuándo dejamos los ríos de la ciudad?  ¿Por qué los olvidamos si están tan cerca?

En la memoria porteña, como el barro amarronado de su lecho, se guardan celosamente, escenas de multitudes de bañistas en las aguas dulces del Río de la Plata. Un río que era el lugar de las vacaciones para quienes no podían irse de vacaciones, que fue escenario de amores, peleas, historias de familias o películas.
Relatos de épocas pasadas, pero no tanto, de cuando aguerridas damas en la década del ‘30 ganaban regatas internacionales en el Riachuelo, o donde obreros anarquistas practicaban el ocio en los Recreos para trabajadores. Voces apasionadas que cuentan sobre días enteros pasados en la costa, comiendo moras, asados o sandías, aprendiendo a nadar, jugando al fútbol, escuchando música, o simplemente, inventando casillas construidas con urgencia, en madera, lona o chapa para resguardarse del sol de la ribera.

Buscar los caminos al río, nos da sed de ese río perdido. Nos interpela y borra del olvido, el deseo de nuestros cuerpos mojados, de tardes de sol costero y del viento húmedo pegando en la cara. 

Alejar el horizonte

Las pronunciadas pendientes de la calle Corrientes, llegando a la Av. Alem, en el bajo porteño, me anuncian que el río está cerca y marcan la huella de que también estuvo ahí. El GPS me indica que a 4.13 km de ese punto, se encuentra la orilla más cercana. Voy tras su encuentro! Camino en dirección Este. Cruzo la Avenida Huergo, y al llegar a los Diques del Antiguo Puerto Madero, presiento el río cerca. Voy dejando atrás los edificios de aquel obsoleto puerto que fue reciclado en exclusivas residencias, hoteles internacionales, restaurants y torres altísimas. Sigo. Las arboledas son frondosas, el pasto prolijo y corto. Llego a la Avenida Costanera. Todavía puede deducirse aquel paseo señorial, con parques donde ponían mesitas de hierro fundido en las cervecerías. Sigo un poco más y encuentro una glorieta rodeada de rejas que impide que las personas bajen a la explanada, donde una escultura de un hombre con salvavidas en actitud de rescate mira a una laguna colmada de camalotes y patos. La escultura conmemora a Luis Viale quien en 1871 perdió la vida rescatando náufragos del Vapor América hundido es esa costa.
La costa está cada vez más cerca, pero aún faltan recorrer algo más de 1,5 kilómetros y varios proyectos, algunos vigentes, otros inconclusos o abandonados, que llevaron el horizonte un poco más allá. 

Vista del Balneario Costanera Sur decada del ‘60
Vista actual del Antiguo Balneario Costanera Sur

Navegar en Internet fue la fuente de mis primeras visiones del río colmado de bañistas. Fotografías, películas familiares y noticieros, en color y en blanco y negro, registraron la vida gozosa en las costas que más tarde serían abandonadas.

Una familia filma su viaje por la ciudad. Viajan en un Fitito, el popular auto de la época, y en la travesía urbana recorren la Ciudad Deportiva de la Boca y bordean la antigua Costanera Sur, en plena actividad como balneario hacia el este y como puerto, en las dársenas de Puerto Madero hacia el oeste. La costa de la ciudad era un paseo buscado por los visitantes.

Un noticiero, nos dice cómo sacarse el calor del verano porteño refrescándose en las aguas del río. Pero ya en 1975 las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, prohíben el acceso al río y los carteles con la leyenda “Prohibido Bañarse” comienza a aparecer, sin demasiadas especificaciones sobre el tipo de contaminación que amenazaba las aguas. Poco a poco los asiduos bañistas abandonaron estas orillas y toda la costa pública.

Fuente: Atlas / Archivo

En 1978, plena dictadura militar, se iniciaron los rellenos de las aguas del Balneario en la Costanera Sur para desarrollar una ciudad judicial. Los escombros de las viviendas demolidas para la construcción de las autopistas urbanas fueron volcados como restos de hormigón, hierro y cemento para avanzar sobre la costa. Algunos años después, con la dictadura en retirada y tras una sudestada que dejó a toda la región bajo las aguas, se abandonó el proyecto.

Junto con la inundación, llegaron la flora y fauna del alto litoral y por desidia pública y afán de la naturaleza, se desarrolló en forma espontánea lo que hoy conocemos como la Reserva Ecológica Costanera sur, que se encuentra bajo protección municipal.

Fuente: Atlas / Archivo

La Costanera Sur es visitada por miles de personas semanalmente que caminan por este borde de la ciudad entre rellenos y abandonos, se sientan a mirar el horizonte, toman mate, caminan, fotografían aves y especies nativas, recogen restos de casas demolidas, juegan con el agua e intentan meterse al río hasta que algún empleado de seguridad les recuerda con el silbato que está prohibido bañarse.

Derrotero entre Canales / Video Performace Fluvial 2011

La ciudad desde el agua

La pérdida de la experiencia del agua para los habitantes de Buenos Aires, no es tan lejana, son apenas 30 o 40 años. Pero parece un siglo. Remar en el Riachuelo, ese otro emblemático río urbano, suena a cuento. Pero este deporte comenzó en su cauce. Varios clubes náuticos realizaban actividades en sus aguas, para luego re instalarse en el Delta del río Paraná. 

El Club de Regatas Almirante Brown (CRAB) es un club de remo, que hoy no tiene espacio físico, ni bajada al río, apenas un bote propio, pero rema periódicamente en el Riachuelo. La búsqueda de Puerto Piojo nos enlazó con el CRAB desde el inicio. Fueron los antiguos socios del Club quienes nos contaron las primeras historias de la playa.

AACPP Archivo Abierto y Colaborativo Puerto Piojo / CRAB

Una medida judicial prohíbe toda actividad de navegación en este río por considerarlo peligroso para la salud de la población. El Riachuelo tiene un recorrido de casi 70 kilómetros  y desemboca en el Río de La Plata, dándole su nombre al antiguo barrio de La Boca. En su lecho se acumulan metales pesados y en la ribera aún podemos ver las ruinas del pasado industrial de este río y el verdor de las orillas.

EL CRAB afirma que con los remos oxigenan el agua y benefician a las especies acuáticas. ‒Que la gente se acostumbre de nuevo a vernos remar ‒dicen y haciendo uso de pedidos excepcionales, logran que Prefectura (autoridad en ríos y puertos) otorgue los permisos necesarios para que semana a semana bajen sus botes al río.

Varios años antes de conocer al CRAB, aprendí a remar. Me encontraba en el proceso de lo que tiempo después, sería Derrotero entre canales una video performance fluvial que realicé en 2011, en los canales navegables del sur de la ciudad, en el Barrio Rodrigo Bueno y en Puerto Madero. 

El Barrio Puerto Madero surgió de la reconversión de la antigua estructura portuaria en una exclusiva zona residencial bajo los vientos gentrificadores de la década del `90 y al expandirse, se hizo visible el Barrio Rodrigo Bueno, un asentamiento que desde los años ochenta crecía silenciado al costado de la Reserva Ecológica. Estos espacios cercanos y contrapuestos, albergaban canales del río. Me propuse navegarlos, replicando las formas de uso de cada lugar.

Para iniciarme en el remo, me inscribí en un club instalado en los diques de Puerto Madero, el acceso más cercano que encontré a las aguas del río. Aprendí los rudimentos del deporte, y durante varios meses fui a practicar allí. Semanalmente subía al bote, incorporando con la práctica, las maniobras de salida, giro y estabilidad. El encuentro periódico con el agua, fue moldeando la forma de las ideas para la performance. Remar cambió mi perspectiva de la ciudad, le dio sentido a la arquitectura del puerto. Deslizarme en el agua, aprender a equilibrar su cambiante estabilidad, transitar la superficie blanda y densa, y entender algo de las lógicas de la marea y del viento. 

Estar en el agua y desde ahí, mirar de nuevo el paisaje conocido.

Derrotero entre Canales / Video Performace Fluvial 2011

En el Barrio Rodrigo Bueno, una red de personas y encuentros, me conectaron con Don Viviano, un antiguo vecino del lugar. Salíamos en su bote cuando el nivel del agua lo permitía. El bote se amarraba en un muelle improvisado sobre el canal que bordea el barrio.  Los vecinos llamaban a este canal ‒formado por la salida de un inmenso caño pluvial que desagotaba justo ahí‒ Venecia..
Don Viviano, construyó su bote con maderas de obra, siguiendo los planos de otra embarcación que tenía en Paraguay. Cuando hacía buen tiempo, remaba hasta la boya, casi 300 metros a río abierto y tiraba sus líneas a la espera de un dorado.

Derivas o perderse para encontrar

2010. Una tarde tomé el colectivo 98 ramal 5, que pasa a 8 cuadras de mi casa, salí a buscar el río. Casi 2 horas después, lo encontré en la costa de Quilmes. Otro borde.

Llegué después del mediodía, había poca gente, era un día de semana, un martes o miércoles. Estaba soleado pero fresco. Creo que era el fin del invierno.

La costa de Quilmes, como la Costanera sur, fue otro famoso balneario popular en la zona sur del Río de la Plata.

Caminé por la rambla. Quise entrar al Club de pescadores para ir al baño, pero no me dejaron. Continué caminando hasta donde pude avanzar, 500 metros de vereda a la orilla del río. La costa seguía, pero todo a partir de ahí eran pastizales altos.

Había algunos pescadores con tachos de lombrices que tiraban líneas, un auto estaba estacionado casi al borde, una pareja se abrazaba entre las piedras,  un perro dormía al sol, un grupo de chicos intentaban con gomeras cazar unos patos en el horizonte inmenso. La playa era ondeada y barrosa, se veían botellas de plástico, camalotes y pañales descartables. Pasé toda la tarde ahí, sentada, mirando el río.

Chicos en el río

Puerto Piojo, la última playa de Buenos Aires.

En 2014, junto al colectivo Expediciones a Puerto Piojo, comenzamos a buscar los rastros de esta playa a orillas del Río de la Plata, en la desembocadura del Riachuelo.

Nos parecía inverosímil la idea. Lo más concreto que teníamos al iniciar la búsqueda eran las historias que nos contó Alfredo Rodríguez, fotógrafo y remero del CRAB de sus aventuras de juventud. “Se llenaba de gente, nosotros le decíamos Piojo’s Beach”, contaba Alfredo. 

AACPP / Archivo Abierto y Colaborativo Puerto Piojo / Archivo Alfredo Rodriguez

Pero poco a poco, otras personas nos contaban más historias, de cómo vecinxs de los barrios cercanos cruzaban el canal Dock Sud, o remaban por el Riachuelo hacia el Río de la Plata, giraban a la derecha y llegaban a una playa, preparados para el pic-nic, con la pelota de voley o de futbol, dispuestos a pasar todo el día en la costa.

AACPP / Archivo Abierto y Colaborativo Puerto Piojo / Archivo Coco Teodori

Entonces, fuimos tras esas imágenes y relatos de quienes habían tenido una experiencia vital con el río. Llegamos por primera vez en enero de 2015, junto a Coco, otro remero del CRAB que volvió después de casi 40 años.

Primera Expedición a Puerto Piojo / Puerto Piojo TV

En la actualidad Puerto Piojo, se encuentra dentro del Polo Petroquímico, una zona de industrias petroleras y químicas, bajo la custodia de Prefectura. La playa, como todas las costas de los ríos nacionales, es un espacio público, pero las sucesivas reconfiguraciones de la ciudad la aislaron en este borde de difícil acceso físico y administrativo, y para cada visita, se debe solicitar autorización para llegar.

Son múltiples las causas del abandono de este último espacio de playa en la ciudad. Con la creciente contaminación de las aguas, el incremento de seguridad en la zona costera durante la dictadura, el avance de las empresas y la infraestructura portuaria, el acceso a la costa fue cada vez más complicado y restringido para la población.

AACPP / Archivo Abierto y Colaborativo Puerto Piojo / 5º Expedición a Puerto Piojo

Desde que iniciamos esta búsqueda, realizamos siete Expediciones a Puerto Piojo y llegamos a su playa con personas que dicen haber pasado allí los mejores años de su vida y con otras que nunca habían imaginado su existencia. También con arqueólogxs, biólogxs, curiosxs de todo tipo, urbanistas y arquitectxs, investigadorxs de arte contemporáneo, niñas y niños de un barrio cercano y otros  lejanos, ambientalistas, vecinxs expertxs en la historia de la ciudad, etc, etc.

Grabamos videos, sacamos fotos, recogimos cosas de la playa, armamos colecciones, jugamos al fútbol, nos metimos en el río, aprendimos a reconocer plantas nativas, siendo además,  testigos de la transformación permanente del paisaje. Pero lo que más hicimos hasta ahora, fue estar ahí. Estar presentes en esa playa casi imposible de habitar, tratando de hacerla nuestra por un rato más.

¡Desear con otrxs las costas públicas!

Las derivas de Expediciones a Puerto Piojo, nos enlazaron con otros grupos e iniciativas colectivas que desde diversas formas también buscaban vincularse con las orillas. Con estos intereses en común creamos en 2016 el Colectivo Ribereño. Y desde entonces,  realizamos caminatas abiertas y públicas buscando maneras y accesos para llegar a las costas de los ríos urbanos. Algunas veces lo logramos y otras no tanto.

Caminata a Isla Demarchi / Colectivo Ribereño. Leer la crónica completa.

En una de las primeras caminatas del Colectivo Ribereño, nos propusimos recorrer la llamada Isla Demarchi, que no es una isla, y se accede caminando hacia el sudeste de la Costanera Sur. Pasando por el frente del Barrio Rodrigo Bueno y la Ex Ciudad Deportiva de La Boca.

Allí fuimos en una larga caravana de peatones, por veredas y calles, alternando entre arboledas, astilleros y rejas. A pocos metros de llegar a la costa del río, nos encontramos con el estacionamiento de autos del personal de la Central Eléctrica de la ciudad, que ocupaba el único acceso hasta la orilla.

‒¿Son turistas? ‒nos preguntó una oficial de Prefectura, que no salía de su asombro por vernos en el lugar. La conversación se tornó algo tensa, al discutir sobre nuestro derecho a llegar a la costa pública del río, que la empresa impedía con el estacionamiento. 

‒Este es un lugar privado ‒afirmaba la oficial, que desconocía el Código Civil, pero custodiaba la lógica de este borde de la ciudad perdido para el uso público.Esa tarde no llegamos al río, pero igual seguimos volviendo a las costas intentando ocuparlas para recordarle a nuestros cuerpos que las orillas se acercan si continuamos buscándolas.

AACPP / Archivo Abierto y Colaborativo Puerto Piojo / Colectivo Ribereño / Caminata a Costa Salguero

Sobre la autora

Carolina Andreetti se formó en artes visuales en Buenos Aires, donde vive y trabaja. Es Licenciada en Artes Visuales (UNA). Su práctica artística se vincula con el espacio público, video, performance, experiencias sonoras y audiovisuales en tiempo real. Se interesa en dinámicas relacionales con la comunidad a partir de proyectos de investigación y activaciones territoriales. Desarrolla su trabajo en forma individual y en diversos proyectos colectivos. Es miembro de Circuito CINICO, TAPP,  Expediciones a Puerto Piojo y Colectivo Ribereño. Es Docente en artes visuales.

www.carolinaandreetti.com.ar

¡Puerto Piojo existe!

Por Mabel Tapia.

Es posible que Puerto Piojo existiera antes. Es posible que efectivamente hubiera habido una playa. Es posible que en esa playa hubiera habido gente tomando mate y que, sentados, pasarán la tarde contándose naderías o mirando el horizonte. Es posible que un día, Puerto Piojo haya reproducido la eterna escena de tarjeta postal. Es posible que aquellos que cuentan que estuvieron realmente estuvieron. Es posible. No es que pretendamos negar los testimonios ni los preciados recuerdos atesorados durante años pero la historia se construye en presente. Aquellas voces, aquellas escenas, eran parte de lo posible, ecos de un tiempo que se transmite entre un condicional perfecto y un pretérito pluscuanperfecto. Un tiempo que, como en los tangos, habita un pasado potencial donde lo único seguro es que es mejor. 

La incomodidad con lo posible es que se quede en posible. Sin embargo, si lo posible tiene la virtud de abrir perspectivas, todo posible no necesita, no debe actualizarse. Todos los posibles no nos pertenecen, no nos atañen; no todos nos convocan a la acción, ni deberían. Todos los posibles no; éste sí. Al menos así lo intuyó Expediciones a Puerto Piojo, incluso antes aún de conformarse como colectivo, junto con aquellos que siguieron y siguen remando en el río, de manera empecinada y sostenida, desafiando sin duda a lo posible.

Puerto Piojo existe y esta afirmación no es performativa. Ella no se constituye en acto a través de alguna función discursiva. Ella no es vehiculizada por el lenguaje como acción; aunque podría. Sin embargo, en este caso, no es en su afirmación que la existencia de Puerto Piojo se hace efectiva. Su existencia se construye, se efectúa, se confirma, a través de voces y acciones múltiples y colectivas – quizás, la única vía posible para el necesario paso al acto que distancia lo posible de su actualización en un aquí y ahora. 

Puerto piojo existe. Y esto no es sólo una proclama sino la propia expresión de un ser que se conforma muy concretamente, material e inmaterialmente, a través de expediciones y expedicionarios, a través de una flora y una fauna insospechadas, de innumerables preguntas sobre el río, de toda la burocracia para los permisos que permiten llegar hasta allí, de fragmentos de objetos, de una ballena encallada que ha sido mirada, fotografiada, comentada; de cada mirada, cada imagen, cada comentario; de los calcos realizados; de las fotografías de antaño que se superponen a este paisaje entre apocalíptico y sublime… incluso de todo aquello que no ha sido escrutado pero que se intuye… la enumeración podría, sin dudas, extenderse exponencialmente. 

Es que, de alguna manera, Expediciones a Puerto Piojo perece apostar a la enumeración, suerte de inventario sin restricciones ni institución, para asentar la existencia y proclamar esta afirmación no performativa del ser de Puerto Piojo. Puesto que, no se trata tanto de caracterizar Puerto Piojo como de hacerlo existir. No es tanto qué es Puerto Piojo como Puerto Piojo es. La enumeración emerge de una investigación en curso. Es la misma investigación, como suele suceder, que lleva la expedición allí adonde no se había imaginado. Es desde la investigación que Expediciones a Puerto Piojo construye su objeto, produce sus metodologías y sus formas de restitución: acciones, documentos, huellas, exposiciones, un museo (o quizá varios), un archivo (el Archivo Abierto y Colaborativo Puerto Piojo, AACPP), un canal de televisión en internet, otro(s) colectivo(s), nuevas-otras expediciones… Así como la enumeración que sustenta la afirmación de existencia de Puerto Piojo parece propagarse al infinito, así es que las metodologías y formas de restitución se multiplican también exponencialmente. Ciertamente cada una de las metodologías y restituciones tienen especificidades que podrían ser analizadas. Cada una tiene también su razón de ser. Sin embargo, todo intento de delimitar las fronteras entre cada una de estas formas-estrategias, tanto metodológicas como restitutivas, carecería de sentido. No son las fronteras de cada estrategia que nos interpelan sino los procesos de las mismas, los procedimientos, o, para ser más precisos, de los modos de proceder.

En esta tentativa por hacer existir, Expediciones a Puerto Piojo se confronta —y nos confronta— a un dilema intrínseco a su propio proceder y presente en el nombre del colectivo. La propia expedición. La expedición entendida como exploración geográfica, tiene una larga historia anclada en el imaginario colectivo y, en el caso de América latina, históricamente ligada a la noción, particularmente problemática, de “descubrimiento” y al proceso, absolutamente contestable, de “colonización”. Toda perspectiva colonizadora, asentada, además sobre la idea de descubrimiento excluye indefectiblemente todo posible y cualquier forma de actualización del mismo. ¿Es pensable generar posibles a través de expediciones o exploraciones? ¿Cómo explorar sin descubrir ni colonizar? Una de las respuestas que aparece subyacente en Expediciones a Puerto Piojo reside sin duda en la apuesta a la multiplicación de estrategias, estructuras e instituciones para generar formas de reposición y de reflexión que se convertirán a su vez en disparadores de nuevas pistas de investigación. Por un lado la multiplicación de formatos, recursos y estrategias llama a proponer narraciones múltiples que desarticulan todo ideal de una historia o una mirada única; por el otro, las nuevas pistas desplazan una y otra vez la reflexión y sobre todo, cualquier posible definición perenne de Puerto Piojo. Es particularmente llamativo que Expediciones a Puerto Piojo apele a las instituciones de la modernidad -como es el caso del museo- y que ellas sirvan aquí como herramientas. Es que, Expediciones a Puerto Piojo parece entender menos las instituciones que manipula como los lugares de una narración unívoca y reificada que como herramientas de restitución de la investigación en curso. Es en su multiplicación y en los múltiples desplazamientos que las metodologías y las restituciones no se estabilizan, no se cierran sobre ellas mismas. De manera a que, antes que a institucionalizar se arriesga a instituir.

Entre enumeración y multiplicación, entre institución e instituyente, Expediciones a Puerto Piojo niega finalmente toda tentativa de “descubrir” Puerto Piojo para favorecer la manifestación de su existencia, siempre en construcción y siempre en presente. ¡Puerto Piojo existe! 


Sobre la autora

Mabel Tapia es investigadora. Actualmente se desempeña como coordinadora de L’Internationale y es parte del área Museo en Red del departamento de Actividades públicas del Museo Reina Sofía. Desde el año 2016-2017 co-dirige el programa de investigación en arte «Documento y Arte contemporáneo» de EESI-Poitiers/Angoulême y ENSA-Bourges. Es integrante de la Red Conceptualismos del Sur, de la que fue coordinadora entre 2014 y 2017. Se interesa en prácticas artísticas del siglo XX y XXI caracterizadas principalmente por la desactivación de la función estética, articulando uso de archivos, propuestas heurísticas y práctica política. Participa regularmente en coloquios y medios escritos y ha trabajado en relación con diferentes instituciones, artistas y curadores en Buenos Aires y Paris. Ha coordinado el trabajo editorial de las siguientes publicaciones: Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 80 en América latina (Madrid: MNCARS, 2013 / Buenos Aires: Eduntref, 2014), Un saber realmente útil (Madrid : MNCARS, 2014), Desinventario (Santiago de Chile: Ocholibros, 2015), también ha sido co-editora (junto con Fernanda Carvajal y Mela Dávila) de Archivos del común II – El archivo anómico (Buenos Aires/Paris: Pasafronteras, 2019).

El nuevo diseño jurídico y las segunda etapa de movilizaciones indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia

Por Pedro Pachaguaya Yujra.

Las movilizaciones indígenas de principios del siglo XXI, culminaron con el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia y la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) el año 2009. Este documento incorpora al diseño jurídico boliviano los derechos colectivos representados principalmente por los derechos indígenas.

Respecto a la justicia boliviana debo señalar que atraviesa una crisis, cuyas principales características son la corrupción y la retardación de justicia. En este escenario, las personas en situación de pobreza y de origen indígena, son las principales víctimas. Según un informe de la CIDH existe una “escasa y deficiente cobertura y funcionamiento de la administración de justicia ordinaria, escasa presencia de operadores del Poder Judicial, así como difíciles posibilidades de presentar demandas judiciales, frente a las perspectivas reales de obtener una respuesta judicial en un plazo razonable” [1].

En relación a este tema el año 2014, el presidente Evo Morales, dio una polémica declaración a los medios de prensa para referirse a esta problemática: “afirmó (…) que la retardación judicial y la corrupción son el cáncer de la justicia boliviana, y que poner ‘poncho y pollera’ no cambió nada” [2]. Este sentimiento que expresa Morales respecto a la incorporación de los magistrados indígenas, refleja el desencanto que sufre gran parte de la población boliviana en relación al Estado Plurinacional. 

La incorporación de los derechos indígenas no impactó de manera inmediata en la sociedad boliviana, por tal motivo muchos investigadores críticos señalaron que “el Estado Plurinacional fue una falacia” [3] o que era necesario “reconducir el proceso de cambio”. Es decir la academia y sus intelectuales que en algún momento apostaron por la CPE se salieron del proyecto y empezaron a ser críticos con este [4]

En este contexto, creo que gran parte de los bolivianos aún no conocen los alcances políticos y jurídicos que tuvo la promulgación de la CPE, sólo pusimos nuestros ojos en analizar lo que hace el gobierno y no vemos otros procesos, principalmente aquellos protagonizados por los pueblos y las colectividades que dieron nacimiento al actual Estado Plurinacional.

El presente artículo intenta dar cuenta de las nuevas movilizaciones indígenas que se vienen gestando cuya principal premisa es hacer cumplir lo que dice la CPE y describe las estrategias jurídicas que utilizan, para desmontar el viejo Estado Nación. En primera instancia se describe cómo se entiende el actual diseño jurídico boliviano, luego se presentan dos casos emblemáticos de movilización y procesos jurídicos, finalmente se presentan algunas conclusiones. 

El nuevo diseño jurídico plurinacional

El actual diseño jurídico boliviano, intenta conjurar en su seno dos fuentes jurídicas  antagónicas, por un lado los derechos individuales que protegen al individuo por sobre la colectividad y por el otro, los derechos colectivos que protegen el colectivo por sobre el individuo. 

Metafóricamente la incorporación de los derechos colectivos al Estado se asemeja al nacimiento de un ser vivo con dos corazones, un corazón monista y otro corazón plural, un corazón que no acepta la existencia de otras formas de legalidad, porque se asume como la única verdad jurídica y el otro corazón plural que sí puede dialogar con otros sistemas, un corazón monoteísta y el otro corazón politeísta. 

Hasta el momento el corazón monista es el que domina el funcionamiento del Estado Plurinacional, tiene una máquina productora de leyes destinadas a dominar a los otros sistemas. El otro corazón aún es una wawa [5] y representa a toda la diversidad jurídica existente en las comunidades y pueblos indígenas, su fuerza está en la diversidad de pueblos que, a partir de asambleas, generan acuerdos para solucionar conflictos, no aspiran a ser hegemonía, más al contrario: tienen un comportamiento que podría considerarse anárquico.

Pese a estas contradicciones epistémicas el actual Estado Plurinacional diseñó un orden jurídico compuesto por cuatro jurisdicciones que poseen la igualdad jerárquica (ninguna es superior o inferior a la otra). De las cuatro, tres utilizan el derecho individual, estas son la jurisdicción Ordinaria, la Agroambiental y la Especial. Solo una utiliza el derecho colectivo, la Jurisdicción Indígena Originaria y Campesina (JIOC). Las cuatro jurisdicciones están a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) [6]. En el siguiente cuadro presentamos cómo se conforma el esquema:

Esquema del actual diseño jurídico boliviano

A partir de este esquema podemos concluir que donde más fuerza política y jurídica tienen los pueblos en el actual Estado Plurinacional es en la JIOC que está compuesta por las autoridades tradicionales de las comunidades denominadas Mallkus, Mama Tallas, Secretarios Generales, Caciques y otros. En todo el territorio boliviano existen alrededor de veinte mil autoridades indígenas originarias y campesinas (sean sindicatos, comunidades indígenas o ayllus), cada una de ellas conforman una JIOC y enfatizamos que fueron incorporadas en igualdad jerárquica, sin necesidad de reglamentación ni mucho menos. Podríamos afirmar que fue la política más transgresora y descolonizadora llevada a cabo en los últimos años.

Esta incorporación pone en cuestión a la jurisdicción ordinaria generando un conflicto de intereses. debido a que en el mismo territorio donde existen las JIOC, existen los Jurisdicciones Ordinarias JO [7], las cuales se inmiscuyen en asuntos que las JIOC ya resolvieron. Por lo tanto existe una superposición de intereses que genera conflictos.

Una segunda etapa de movilizaciones 

Una vez redactada la CPE, como todo proceso social, tuvieron que pasar varios años para que alguna parte de la sociedad boliviana empiece a distinguir la magnitud de los cambios que se habían logrado [8]. En ese sentido desde hace 10 años viene gestándose una nueva forma de protesta, cuya principal demanda es el respeto a los derechos y las decisiones emanadas de las JIOC. Estas nuevas protestas se caracterizan por dos tipos de estrategias: la lucha movilizada (marchas, plantones y bloqueos) y la lucha jurídica, donde las autoridades de las JIOC se enfrentan a los jueces ordinarios, disputando la capacidad de juzgar, y luchando porque estos jueces ya no se entrometan ni juzguen problemas relacionados a los pueblos. 

Cuando uno acompaña a las comunidades y los pueblos que participan de estas movilizaciones se percata que existe un nuevo objetivo que se podría resumir en “hacer cumplir la constitución”, ejerciendo y practicando lo que contiene. 

El conflicto de competencias de Zongo 

Zongo es una central agraria que se ubica a los pies de los Andes orientales, posee tres pisos ecológicos, puna, valles y trópico, sus pobladores se dedican a la agricultura familiar, el cultivo de la hoja de coca, el comercio en las ciudades y una parte a la minería, ya que existen yacimientos de wolframio, un metal muy preciado en el mercado. 

Desde hace 40 años una persona de la ciudad se interesó en la explotación del wolframio, para tal efecto compró algunos terrenos a precio ínfimo. Los comunarios cuentan que su empresa minera fue creciendo y ellos trabajaban como sus empleados. Con el pasar del tiempo, el empresario minero empezó a provocar abusos a sus empleados, no les pagaba la indemnización, pero además contaminaba el medioambiente con los deshechos de su mina. El año 2010 después de muchas llamadas de atención la comunidad de Zongo decide expulsar al empresario minero y confisca sus bienes para que pasen a favor de la comunidad:

El dueño de la mina Alexander contaminaba los ríos, no daba arreglos sociales a nuestros comunarios en varias ocasiones se lo convocó a nuestros ampliados para que se descargue sin embargo nunca cumplió, es por eso que en el último ampliado se decidió expulsarlo por los daños al medioambiente y porque no pagó beneficios sociales a los comunarios que trabajaban en la mina. Después se firmó la resolución donde todas las autoridades firmaron, el empresario debido a esto empezó denunció a todas las personas que firmaron la resolución ante un juez ordinario, el juez no quiso valorar la resolución de la comunidad alegando “la jurisdicción indígena no está normada” e igual metió a la cárcel a cuatro autoridades. [9]

Por este motivo el empresario inicia juicio contra 32 comunarios acusándolos de robo de mineral, el año 2012 hizo detener a tres de las autoridades indígenas que lo habían expulsado, este hecho fue la detonante para que Zongo inicie la defensa de sus comunarios y sus autoridades, exigiendo el respeto a sus decisiones y planteando un conflicto de competencias en el TCP. 

El argumento consistía en que la JIOC de Zongo, tomó una decisión de acuerdo a procedimientos propios al expulsar al empresario minero, y según como ellos interpretaban la CPE, las decisiones de la JIOC no pueden ser revisadas por la justicia ordinaria. Por lo tanto la idea principal era hacer respetar la decisión de expulsión de la empresa frente a la Jurisdicción Ordinaria, y así hacer cumplir la igualdad jerárquica. Pero llevar a cabo esta empresa fue difícil, pues ni los mismos comunarios entendían esta estrategia. Por este motivo las autoridades decían a su gente:

Hermanos ahora vamos a usar nuestra justicia, nosotros sabemos manejar muy bien la justicia en nuestras comunidades en eso somos capos, pero ellos siempre nos llevan a su cancha, y ahí nosotros no podemos defendernos, para defendernos en la justicia ordinaria tenemos que contratar abogado y el abogado siempre trabaja por plata, el juez siempre nos pide abogado ¿acaso el abogado y el juez saben cómo vivimos y cómo practicamos nuestra justicia? ¿Acaso nosotros en nuestras comunidades nosotros contratamos abogados para defendernos? [10]

La JIOC Zongo recurrió a varias instituciones con el objetivo de buscar apoyo y hacer pública su denuncia por ejemplo a la Asamblea de los Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo, al Viceministerio de Justicia Indígena, al Viceministerios de lucha contra el Racismo, a la Universidad. Sin embargo ninguna de estas instituciones comprendió su demanda.

El año 2014 el TCP emite una hermosa sentencia, que define el conflicto de competencia a favor de la JIOC Zongo obligando al juez a entregar los cuadernos jurisdiccionales (que consistían en un legajo de 7 cuerpos cada uno de 200 hojas) a las autoridades indígenas. 

Cabe señalar que cuando la JIOC de Zongo realizó la expulsión del empresario minero, esta fue hecha en varias asambleas comunales y después de varias deliberaciones a favor y en contra se redactó en una sola hoja del libro de actas la resolución de expulsión. Mientras que la Justicia Ordinaria elaboró los siete cuerpos. Esta es una de las diferencias cualitativas entre la JIOC y la Justicia Ordinaria.

Entrega de cuadernos jurisdiccionales a la JIOC de Zongo, véase la inmensa cantidad de papel

La JIOC de Zongo trabajo durante dos años, casi nadie entendía la estrategia que estaban planteando, sufrieron la burla y la discriminación de las instituciones estatales por presentar sus argumentos, sin embargo tuvieron la capacidad de realizar una lectura adecuada a los desafíos que propone la actual reconfiguración jurídica en Bolivia, lograron hacerse respetar en un litigio los derechos indígenas y la igualdad jerárquica, ejercieron esta estrategia desde abajo, desde las comunidades, desde lo que sienten, lo que practican y lo que viven. 

La competencia que adquirió la JIOC de Zongo demostró que el legislativo no es la única fuente de donde emana la legalidad, la JIOC es una fuente legítima de la cual Bolivia puede recoger el espíritu jurídico de las leyes colectivas para gobernar a los bolivianos. Es por eso que una ley individualista que emanó del legislativo y que intenta regir el derecho de los pueblos, fue contrarrestada por la fuente jurídica colectiva de la jurisdicción indígena.

Actualmente la hermana Marcela Quisbert miembro de la JIOC Zongo señala: “la primera etapa fue demostrar que pudimos ganar en los tribunales y que podemos ejercer nuestra justicia, la segunda es socializar a todos los pueblos que hay igualdad jerárquica y la tercera, implementar y seguir descolonizando la justicia” [11].

La marcha de la nación Qhara Qhara

En febrero del 2019 los ayllus de la nación Qhara Qhara, iniciaron una marcha desde la ciudad de Sucre rumbo a la ciudad de La Paz, que tenía tres objetivos: abrogar la ley de deslinde jurisdiccional, abrogar dos artículos de la ley de autonomía y reclamar el respeto a los territorios ancestrales.

Respecto a la ley de deslinde [12], cabe mencionar que esta ley fue producida por el Órgano Legislativo Plurinacional. Su principal objetivo es reglamentar el diálogo entre la JIOC y la Jurisdicción Ordinaria, sin embargo en su artículo 10 dicha ley, quitó muchas competencias a las JIOC, por este motivo algunos intelectuales señalan que la JIOC solo sirve para juzgar robo de gallinas.

Respecto a la ley de autonomías, el reclamo era la existencia de dos referéndums para acceder a la autonomía indígena, por lo tanto ponía llaves a la libre determinación de los pueblos [13]. La marcha de la nación Qhara Qhara demandaba que se elimine esta figura.

Sobre la tercera demanda, respeto a los territorios ancestrales, mencionar que si uno revisa la jurisprudencia del TCP, se percatara que la JIOC de los ayllus de Qhara Qhara tienen varios procesos a favor, sin embargo, las instituciones jurídicas no quieren cumplir lo que dictan esas disposiciones, entonces se dieron cuenta de que esas sentencias “si no se cumplen son papel nomás”, sin ningún valor jurídico real.

La movilización de la Nación Qhara Qhara llegó a la ciudad de La Paz después de 40 días de marcha, trajo consigo una propuesta contra-hegemónica de hacer justicia, puesto que llegó con otros códigos y valores cuya fuente es lo comunitario, inclusive comparecieron otras entidades relacionadas al ámbito jurídico. Las autoridades llegaron portando unas varas de mando denominadas tatarreyes [14], que son objeto de culto y libaciones. Pero también llegaron otras entidades como ser: el viento, la sequía, la helada, los uywiris (entidades encargadas de cuidar a las personas), los dueños del bosque que son las entidades que cada ser posee en los bosques tropicales de Bolivia. Imagino que muchos no saben que estas entidades tienen mucho que decir respecto a la justicia, pues son las encargadas de resguardar el equilibrio entre la naturaleza y la sociedad y castigan a quien rompe la convivencia. 

Estas entidades también llegaron a la ciudad de La Paz a enfrentarse con el sistema jurídico hegemónico basado en la razón, aunque este sistema intente refugiarse en el racionalismo, no puede negar que en su seno también existen entidades, por ejemplo la diosa Temis que encarna a la razón misma y es representada por una mujer con los ojos vendados. 

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Las varas de mando, símbolo de justicia en los Ayllus de Qhara Qhara (Foto tomada de la página facebook “marcha naciones originaria y pueblos indígenas”)

La Marcha Qhara Qhara también muestra los conflictos internos que los pueblos poseen entre sí, me refiero a que en su territorio existen sindicatos y ayllus que utilizan la forma comunal en su organización política y jurídica, ambos tipos de organización se disputan un mismo territorio y de ahí surge el conflicto. Muchos intelectuales críticos al gobierno dieron su opinión respecto a esta marcha y se parcializaron con los ayllus señalando que “los sindicatos renuncian a sus derechos colectivos”. En otros casos dijeron que “los sindicatos son migrantes disfrazados” [15].

No estoy de acuerdo con estas opiniones, considero importante dar una mirada al pasado, si bien hoy en día existe una diversidad de pueblos indígenas, no debemos olvidar que todos poseen algo en común; fueron y son víctimas del sistema colonial, para poder sobrevivir generaron diversas formas de resistencia, conservando formas de vida comunitaria, hoy en día, los herederos de esos pueblos son los sindicatos, ayllus, e inclusive las personas que viven en las ciudades que de alguna u otra manera intentan resolver sus vidas conservando reglas comunales. El colega Raúl Rodríguez comenta al respecto: “si no comprendemos este proceso, borramos de un plumazo los 500 años de lucha indígena y la diversidad de formaciones sociales que se produjeron” [16]

Por esta razón considero que una salida al conflicto por el territorio implica que las dos colectividades hermanas de la nación Qhara Qhara (Sindicato y Ayllu Quila Quila) arreglen el problema de manera interna y en el lugar, sin la mediación del Estado ni mucho menos de sus instituciones jurídicas.

Conclusiones 

Para concluir me gustaría citar al tata Cenobio Sánchez de la nación Qhara Qhara que explica: “la lucha ahora no es armada, ahora es jurídica, y para eso tenemos que tener pleno conocimiento de nuestros derechos”. En ese mismo sentido el tata Feliciano de la nación Paqajaqi, casi todos los días alienta a los pueblos para que lean lo que dice la CPE, utilizando estas palabras: “mira aquí clarito dice que nosotros tenemos derechos a nuestro territorio y hacer justicia, tienes que leer pues, cómprate una CPE cuesta 10 bolivianos en la calle”.

Estas autoridades no sólo realizan un estudio minucioso de la CPE, en muchos casos recurren a las movilizaciones como los ayllus de Qhara Qhara con el objetivo de hacer cumplir lo que nuestra CPE manda. Esta forma de movilización es similar a la estrategia propuesta por el líder ecuatoriano de la CONAIE Luis Macas que dice: “nuestra lucha es política y epistémica [17]. Agregaremos que ahora también es jurídica. 

Puesto que el actual sistema civilizatorio tiene bases legales legitimadas en un sistema jurídico basado en los derechos individuales, la profesora Alma Melgarito señala que tenemos que disputar el espacio jurídico y no tenerle miedo, pues es el lugar donde más cimentado está el sistema hegemónico.

Quisiera recalcar que las luchas políticas, jurídicas y epistémicas también son ontológicas, puesto que en ambos lados existen entidades cuya visión de lo jurídico está en conflicto. La hermana Marcela Quisbert dice al respecto: “la justicia de los pueblos indígenas no es ciega”.

Por estas razones asumo que estas movilizaciones ponen en vigencia lo plurinacional, pero desde abajo, es una propuesta de pluralismo emancipadora frente a una visión conservadora, me animo a pensar que posee una capacidad de renovación alternativa al lamentable estado en que se encuentra la justicia boliviana. A su vez estamos frente a un nuevo ciclo de movilizaciones que cuestiona el conservadurismo de la academia y la forma en que el actual gobierno sigue ejerciendo sus funciones en clave republica monista.


Sobre el autor

Pedro Pachaguaya Yujra es antropólogo, maestrante en Filosofía y Ciencia Política, miembro del Grupo de Trabajo de la CLACSO “Derecho, Clases y reconfiguración del Capital”.

Bibliografía y referencias

  • Pachaguaya. Pedro; Marcani; Juan (2016) “Etnografía de un litigio interlegal: la defensa jurídica desde la jurisdicción indígena en Bolivia”. Tinkazos vol.19 no.39, La Paz. 
  • Tribunal Constitucional Plurinacional (2013). Expediente Conflicto de Competencias Jurisdiccionales N°: 03667-2013-08-CCJ. 
  • Tribunal Constitucional Plurinacional (2014). Sentencia Constitucional Plurinacional 0874/2014.

Notas

  • [1] Kennemore, A. et al. (2017). “El derecho de acceso a la justicia a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009: El pluralismo jurídico como nuevo escenario”, enLayuno, J. ed. Derecho de Acceso a la Justicia: Aportes para la construcción de un acervo latinoamericano. Santiago de Chile: CEJAS, pp.409-10.
  • [2] Ver: “Evo: ‘En vano incorporamos poncho y pollera en la justicia’” Página 7, 12 de febrero de 2014, disponible aquí.
  • [3] Mamani Pablo. “Estado Plurinacional como estafa histórica”. Página 7, 13 de marzo de 2015, disponible aquí.
  • [4] Asimismo vale la pena mencionar que varios investigadores extranjeros llegaron a realizar su investigación respecto a los alcances del Estado Plurinacional, puedo dar fe que muchos llegaron entusiasmados con la idea, sin embargo poco a poco se fueron desanimando ya que pusieron el ojo solo en la letra muerta de la constitución y como el actual gobierno estaba implementándola, cuando terminaron su investigación, llegaron a la conclusión que el Estado Plurinacional reconfiguró al viejo Estado Republica.
  • [5] En el idioma aymara, wawa significa recién nacido, es aquel bebé que necesita muchos cuidados, porque no puede valerse por sí mismo.
  • [6] Para profundizar sobre la estructura del Órgano Judicial Plurinacional ver: Bedoya, Gabriel. (2019). “Las jurisdicciones en el estado plurinacional” en Compas Vol. 10 N°27 1er  Cuatrimestre. Cochabamba: Universidad Privada del Valle, pp-6-15. Disponible aquí.
  • [7] En toda Bolivia deben existir alrededor de 1400 juzgados ordinarios.
  • [8] Se debe mencionar que la primera contradicción que el actual proceso vivió fue la encabezada por los pueblos indígenas del TIPNIS, la premisa principal de ese movimiento fue que el gobierno respete a los pueblos y que no construya el camino que cruzaría por su territorio.
  • [9] Entrevista del autor con autoridad de Zongo 2014. 
  • [10] Testimonio de Juan Carlos Marcani Enlace Jurídico de Zongo, 2014. 
  • [11] Testimonio de la hermana Marcela febrero 2019.
  • [12] Ver: Gaceta oficial de Bolivia (2010) LEY N° 073. Ley de Deslinde Jurisdiccional.
  • [13] En el mes de junio del presente año el Órgano Legislativo Plurinacional eliminó el doble referéndum de la ley de autonomías, gracias a la marcha de la nación Qhara Qhara.
  • [14] Estas varas de mando hacen alusión al poder de la corona española durante la colonia, también se refieren a los tres reyes magos, pues su fiesta suele ser el 6 de enero, fiesta de reyes.
  • [15] Declaraciones de Silvia Rivera en canal 13 Televisión Universitaria. Véase aquí.
  • [16] Conversación personal febrero 2019.
  • [17] Macas citado en: Porto-Gonçalves, Carlos Walter (2009). “De Saberes y de Territorios – diversidad y emancipación a partir de la experiencia latino-americana”, Polis [En línea], 22, Publicado el 08 abril 2012, consultado el 12 diciembre 2019. Ver aquí.

¿Del «consenso de los commodities» al «consenso antiindígena»? Viaje al corazón de Vaca Muerta

Por Maristella Svampa.

El no reconocimiento de la responsabilidad de la Gendarmería nacional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y más aún, la negación sistemática del hecho, ocurrido en una solitaria ruta de la Patagonia argentina el pasado 1º de agosto, en el marco de una protesta en reclamo por la liberación del lonko (líder) mapuche Facundo Jones Huala, ha generado en el gobierno de Mauricio Macri una inesperada crisis política. Por un lado, la desaparición puso en el tapete no solo el endurecimiento del contexto represivo, sino también el desconocimiento y la indiferencia del actual gobierno respecto de los consensos forjados en la sociedad argentina en torno de los derechos humanos, luego de la experiencia del terrorismo de Estado y la desaparición forzada de miles de personas bajo la última dictadura. Por otro lado, en medio de una enorme campaña política mediática de carácter antiindígena, la crisis terminó por dar visibilidad a los reclamos de los mapuches sobre la propiedad de las tierras, hoy en disputa.

Vaya a saber cómo evolucionará la indagación de la justicia, ante el llamado a declaración de los gendarmes presentes en la represión que culminó con la desaparición de Maldonado y cómo esto impactará en las elecciones parlamentarias de octubre, que –supuestamente– confirmarían el triunfo del oficialismo a escala nacional. En lo que respecta a los reclamos mapuches, desde el principio el oficialismo dejó en claro una estrategia política que retoma y potencia las lecturas demonizadoras de los grandes propietarios rurales, que asocia a los mapuches con la violencia e incluso el terrorismo, además de desempolvar viejas acusaciones como aquella de que «los mapuches no son argentinos, sino chilenos» o que «han exterminado a los tehuelches», los supuestamente verdaderos «originarios» de la región. La campaña de demonización está ligada a la apuesta explícita que el gobierno de Macri hizo por la profundización del modelo extractivo, basado en la explotación de combustibles no convencionales, la megaminería a cielo abierto, la multiplicación de represas hidroeléctricas y la expansión de cultivos transgénicos, a lo cual hay que añadir los emprendimientos inmobiliarios, emplazados en territorios que defienden comunidades indígenas y no indígenas, muchos de ellos en manos de propietarios extranjeros.

El caso es que desde fines de 2015 la situación de las comunidades indígenas que reclaman tierras ancestrales ha empeorado. Ha habido numerosos desalojos y varios dirigentes indígenas encarcelados en situación irregular, entre ellos el wichi Agustín Santillán, detenido y encarcelado en la provincia norteña de Formosa, contra quien se reactivaron causas anteriores, así como el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, a quien se le atribuyen crímenes de una enorme gravedad y está en proceso el pedido de extradición de Chile. La agresiva campaña político-mediática que apunta a asociar a grupos mapuches con la violencia política, supuestamente articulada por el grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), del cual se sabe poco y se inventa mucho sin rigor investigativo alguno, arrancó a principios de año y fue nota central de dos de los principales diarios del país.

Las comunidades mapuches están repartidas por el inmenso territorio patagónico, en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Después de la llamada «campaña del desierto», en 1878, que exterminó a una parte de los indígenas del sur, muchos de los sobrevivientes fueron reclasificados como «trabajadores rurales», considerados ciudadanos de segunda y arrinconados en la estepa y la cordillera, en territorios en ese entonces no valorizados por el capital.

Hace unos días tuve la oportunidad de visitar Añelo y Campo Maripe junto con la Confederación Mapuche de Neuquén. Se trata de una de las organizaciones indígenas más solidas y de mayor trayectoria en la Patagonia. Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, ha venido desarrollando un trabajo social y político que apunta a lograr un mayor ejercicio de los derechos, así como el fortalecimiento y la difusión de su cultura. Las relaciones de la Confederación Mapuche con el poder político, económico y judicial de la provincia siempre han sido tensas. En 2006, logró un triunfo histórico, al incorporar en la reforma de la Constitución neuquina un artículo que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento jurídico de las comunidades por parte del Estado provincial. Sin embargo, la realidad de los territorios atravesados por la lógica del capital extractivista está lejos de la promesa de la interculturalidad. En 2013, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI) destacaba que, solo para el caso de Neuquén, había 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación), que criminalizaban a 241 mapuches por sus acciones. Estas luchas están ligadas a derechos reconocidos jurídicamente, como los reclamos de tierras y territorios, que se hallan amparados por la normativa nacional y provincial existente.

Mi presencia en el corazón de Vaca Muerta, junto con organizaciones sociales, activistas e intelectuales de variados países, estuvo vinculada a la realización de un «acto de desagravio» por el cuarto aniversario de la firma del convenio entre la multinacional Chevron y la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el cual abrió las puertas al fracking a gran escala en la provincia de Neuquén. Quizá pocos lo recuerden, pero la aprobación de ese convenio por parte de la Legislatura neuquina (que debía refrendar lo firmado por el gobierno nacional entonces presidido por Cristina Fernández de Kirchner) rompió con todos los protocolos democráticos e incluso tiró por la borda la intensa retórica nacional-popular y latinoamericanista desplegada por el oficialismo de entonces. El 28 de agosto de 2013, mientras los diputados neuquinos votaban afirmativamente sin conocer la letra del convenio, fuera del recinto se desarrollaba una interminable represión –una de las peores del ciclo kirchnerista– sobre una nutrida movilización compuesta por organizaciones sociales y ambientales, comunidades mapuches, partidos políticos de izquierda y estudiantes.

Sin embargo, el kirchnerismo no estaba solo: tanto la oposición de centro como la de derecha acompañaron su decisión. Más allá de las desprolijidades, el «Consenso de los Commodities», como hemos caracterizado este periodo, proyectaba a Neuquén como la nueva «Arabia Saudita». En gran medida gracias a la imagen proyectada por Vaca Muerta (la más grande formación de shale o roca de esquisto de Argentina), tuvo la particularidad de mostrar el resistente hilo negro que une en una misma visión sobre el desarrollo a progresistas, conservadores y neoliberales. Como consecuencia, y al igual que con la soja y la megaminería, Argentina apostaría a convertirse en un laboratorio a gran escala en la implementación de una técnica tan controversial a escala global, a través de un marco regulatorio claramente inconstitucional y muy favorable a las inversiones extranjeras.

La historia no es sin embargo lineal. A partir de 2014, la caída de los precios internacionales del petróleo habría de poner freno a la fiebre eldoradista en Vaca Muerta, lo cual no impidió el inicio de un proceso de reconfiguración social y territorial, con sede en Añelo, localidad ocupada por las grandes operadoras transnacionales. Ciertamente, en Añelo todo está listo para (volver a) arrancar, cuando se dé la señal de largada; esto es, apenas aumente el precio el petróleo y proyecte un horizonte de rentabilidad la esperada inversión de las grandes corporaciones globales.

La región de Vaca Muerta está lejos de ser un «territorio vacío», tal como es concebido por las autoridades provinciales y nacionales. Allí se asientan de modo disperso unas 20 comunidades indígenas. Y en función de los derechos colectivos reconocidos por la Constitución nacional y las normativas internacionales, los mapuches están lejos también de ser meros «superficiarios», como los tildara sin sonrojarse uno de los directores de YPF, en un debate reciente. Así, a raíz de las protestas llevadas a cabo por la Confederación Mapuche, en 2014 el gobierno del Neuquén debió reconocer a la comunidad de Campo Maripe, asentada en la zona desde 1927. El territorio en disputa, señala el Observatorio Petrolero Sur, son 10.000 hectáreas, aunque el gobierno solo acepta como parte de la comunidad unas 900. Pero en esta extensión es imposible realizar las tareas de pastoreo extendido y agricultura, las dos actividades de las que viven las 120 personas que forman parte de ella.

Desde 2015, los conflictos se agravaron y son muchos los dirigentes mapuches judicializados: en julio de este año, la Gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y hace unos días, un fiscal declaró en rebeldía a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de «usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento Loma Campana.

Este es un ejemplo, pero son muchos más los territorios en disputa, hoy recuperados por comunidades mapuches que alertan sobre una extendida cartografía del conflicto frente al avance de las diferentes modalidades del extractivismo y el acaparamiento de tierras. Cierto es que compañías como Chevron o Halliburton, propietarios como el británico Joseph Lewis o el grupo Benetton, se expandieron notablemente durante el ciclo progresista, pero en aquellos años el avance de la lógica depredadora del capital debía convivir con una narrativa oficialista de los derechos humanos que, aun en contra de lo que las propias políticas del kirchnerismo impulsaban, también incluía los derechos de los pueblos indígenas. No por casualidad, en 2006 y en un contexto de creciente conflictividad, se sancionó la ley 26160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras que ocupan y ordena la realización de un relevamiento territorial.

Sin embargo, hoy el doble discurso, sus tensiones y contradicciones, parecen parte del pasado. El racismo contra los indígenas no solo sigue operando como dispositivo disciplinario y fuertemente criminalizador en las ciudades, sino que cobra nuevas dimensiones en las crecientes disputas por los territorios. La campaña antiindígena contra los mapuches es una clara ilustración, pues elimina matices y complejidades, lo que es facilitado por la mirada simplificadora y agresiva de ciertos grandes medios de comunicación. Su objetivo es claro: se trata de disociar los reclamos de los mapuches del discurso de los derechos humanos, asociándolos a la violencia y creando las bases de un consenso antiindígena que avale ante la sociedad el avance del capital sobre los territorios en disputa. A este contexto de creciente demonización se agrega que hace unos días el Senado de la Nación, con el voto activo del oficialismo y la abstención de una parte de la oposición (que incluyó al kirchnerismo), rechazó tratar con urgencia la prórroga de la ley 26160, que vence a fines de 2017.

Hoy más que nunca la prórroga de esa ley exige el fin de la indiferencia y la adopción de un compromiso decidido de la sociedad civil en apoyo de los pueblos indígenas. Esta intervención no solo permitiría desmontar el consenso antiindígena que se pretende instalar; también habilitaría un diálogo necesario y democrático con las comunidades indígenas sobre el lugar que estos pueblos deben tener en el Estado argentino. Al mismo tiempo, la intervención de la sociedad civil posibilitaría abrir el esperado debate sobre el avance de modelos de mal desarrollo en los territorios y el rol que las resistencias sociales hoy existentes tienen en defensa de la vida.


Sobre la autora

Maristella Svampa es una socióloga, escritora y activista argentina. Es investigadora en el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina) y profesora en la Universidad Nacional de la Plata (Provincia de Buenos Aires). Participa en el Grupo Permanente de Alternativa al Desarrollo en América Latina y coordina varios grupos preocupados por temas ecológicos en Argentina. Maristella Svampa ha escrito varios libros sobre problemas políticos y sociales en América Latina.

La criminalización y el miedo hacia el pueblo mapuche como instrumentos políticos del Estado chileno

Por Francisca Fernández Droguett.

La década de los noventa se destacó por la visibilización de diversos movimientos indígenas en América Latina, que se articulan en torno a un entramado social y organizativo basado en la vida comunitaria de los pueblos indígenas, reivindicando ideas como autonomía, autodeterminación y territorio, que servirán de sustento para la movilización social y política de muchos otros movimientos sociales en el continente. 

Específicamente en Chile en estos últimos años ha tomado fuerza las reivindicaciones territoriales mapuche tanto en el ámbito rural como urbano, a través de la recuperación de tierras comunales usurpadas por el Estado chileno en los inicios de la República, en el marco de constantes enfrentamientos con empresas extractivistas, como las forestales, que han visto aumentar sus ingresos a costa de la explotación del bosque nativo, la usurpación y el acaparamiento de las aguas. Pero sobre todo este proceso de recuperación se ha enmarcado en la reivindicación de una territorialidad ancestral, que los constituye como pueblo.

Estado y políticas del miedo

La constitución del Estado chileno se ha basado en la negación e invisibilización sistemática de los pueblos indígenas y afro [1] que han habitado el territorio, y en torno a la hegemonía de una violencia legitimada por sí misma.  Si bien tuvo uno de sus puntos álgidos durante la dictadura cívico-militar, el aparato estatal se ha sostenido desde su conformación  a partir de la violencia focalizándose claramente hoy en la criminalización hacia el pueblo mapuche movilizado en el marco de la represión de la protesta social en Chile. 

El Estado  de Chile ha sido el principal agente de una política del miedo (Pincheira, 2014) sostenida en la persecución y el asedio constante hacia luchadoras y luchadores sociales, en especial del pueblo mapuche, mediante la instalación de supuesto sentimiento de inseguridad sobre la base de la consolidación del sujeto mapuche como terrorista y hoy también como delincuente (Fernández y Ojeda, 2015).

Es así que el miedo se convierte en el principal instrumento político del Estado (Corey, 2009) en tanto dispositivo de control y gestión (Agudelo, 2013; Foucault, 2006). El miedo funciona como  un modo de amedrentamiento hacia acciones colectivas visualizadas como transgresoras del orden social imperante, y como fundamento de la represión de sectores sociales movilizados, a través de las fuerzas policiales desplegadas en marchas y movilizaciones, y  mediante la persecución penal y criminalización de dirigentes (Pincheira, 2014). 

Bajo esta lógica la movilización se convierte en el campo del actuar delictivo al cual reprimir, siguiendo el mismo modelo de supresión de organizaciones subversivas de izquierda que se encontraban activas a inicios de la década de los noventa en la postdictadura (Acuña, Fredes & Pérez, 2010). Cabe destacar que este mismo patrón fue aplicado hacia las comunidades mapuche movilizadas en torno a la recuperación territorial de tierras ancestrales usurpadas por el propio Estado y hoy en manos de privados.

El mapuche como amenaza

El mapuche es presentado en la escena pública como amenaza (Frey, 2000), correspondiendo a un enemigo potencial por su condición de riesgo (Hoecker & Tsukame, 2000) y destructor de las relaciones sociales de la ciudadanía. Un terrorista, en un ambiente de fuerte polarización y consolidación de un clima permanente de riesgo, de guerra permanente (Calveiro, 2006). El miedo se generaliza y naturaliza.

La aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido uno de los mecanismos legales tanto de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría (conglomerados que históricamente se han autopercibido de “centro-izquierda”), como de la Alianza (que reúne a los partidos de la derecha liberal y conservadora), para reprimir a las comunidades mapuche. Conocida como Ley N° 18.314, ésta tiene su origen en 1984, en plena dictadura cívico-militar, que tuvo como objetivo la persecución y el encarcelamiento de los opositores, tipificando como acción terrorista el secuestro, los atentados con explosivos, amenazas, entre otras acciones. Posteriormente, en 1991, se incluye el delito de incendio, siendo uno de los ejes de la criminalización y encarcelamiento de autoridades mapuche los sujetos que cumplen el rol de lonko, weichafe y machi (Fernández y Ojeda, 2015), en el marco de constantes enfrentamientos de comunidades mapuche con empresas forestales que han visto aumentar sus ingresos a costa de la explotación del bosque nativo y el monocultivo de pino (Pairicán y Álvarez, 2011).

Desterritorialización y criminalización

El pueblo mapuche ha visto reducido su espacio vital desde diversas políticas de desterritorialización (Toledo, 2004) en la colonización, constitución de ambas repúblicas (Chile y Argentina) hasta la actualidad, por medio de la creación de reducciones indígenas por parte del Estado (Marimán, 2012), la instalación de empresas extractivistas comandadas por familias como los Matte, Luksic y Angelini, que explotan de manera intensiva e ilimitada bienes comunes como bosques y aguas. La usurpación de tierras por parte del Estado (y hoy transnacionales) ha sido la principal modalidad de ocupación territorial (Veres, 2014), la cual se ha visto intensificada con la privatización de tierras y agua, mediante la instalación de forestales, proyectos hidroeléctricos, industrias de la celulosa, salmonicultura y minería.

La represión contra autoridades mapuche responde también a la extensión del control y  apropiación de la naturaleza por parte del Estado y transnacionales, por lo que no es casualidad que hoy esté en aumento la criminalización de las figuras espirituales, como es el caso de la machi Francisca Linconao, quien fue acusada de participar en el ataque incendiario que dio muerte al matrimonio Luchsinger-Mackay, en el fundo Granja Lumahue, mismo caso en que fue condenado el machi Celestino Córdova, después de un largo proceso en el que se aplicó la Ley Antiterrorista y en el que hubo once imputados que debieron ser absueltos luego de que un supuesto “testigo clave” acusara a la fiscalía de arrancar declaraciones mediante tortura. Otro caso emblemático es el de la machi Millaray Huichalaf, acusada de la quema del fundo Pisu Pisué junto otros comuneros, como el lonko (del Puelmapu, territorio mapuche en Argentina) Facundo Jones Huala, quien se encuentra actualmente preso en la ciudad de Temuco bajo una condena de 9 años de cárcel.

Cabe destacar que durante el encarcelamiento de estas autoridades se le impide llevar a cabo sus ceremonias y ritualidades, correspondiendo a otro mecanismo de control y disciplinamiento corporal (Jeréz, 2013). Los propios cuerpos de estas autoridades devienen en la materialidad del delito, en tanto cuerpo sancionado, sometido y vigilado (Fernández y Ojeda 2015). Uno de los hitos respecto del control ejercido por sobre el cuerpo es la exigencia en algunas audiencias del despojo de la vestimenta tradicional.

En este mismo escenario de criminalización se insertan los casos de asesinato de Macarena Valdés, en la comunidad de Tranguil, Panguipulli, y Camilo Cantrillanca, de la comunidad de Temucuicui, Ercilla.

Macarena Valdés fue encontraba muerta y colgada en las afueras de su vivienda el 22 de agosto del 2016 (durante el gobierno de Michelle Bachelet, Nueva Mayoría), estableciéndose tempranamente por parte del Servicio Médico Legal como causa de muerte el suicidio, sin embargo organizaciones sociales y familiares gestionan una segunda autopsia donde se establece que fue colgada luego de encontrarse muerta, lo que fundamenta la versión de asesinato a causa de la lucha que encabezada junto a su compañero Rubén Collío por la defensa del territorio en el sector de Río Tranguil ante la instalación de una Mini Central de la empresa RP Global  y de su cableado de alta tensión. Hasta el momento no existe ningún avance respecto de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.

Camilo Catrillanca fue un comunero mapuche asesinado el 14 de noviembre del 2018 al recibir, por la espalda, un tiro en su cabeza por parte del sargento Carlos Alarcón, miembro del Comando Jungla, durante el operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de Chile apodado con ese nombre, creado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (Alianza) a modo de policía antiterrorista en territorio mapuche, siendo sus miembros formados en Colombia y Estados Unidos para el combate contra grupos subversivos. Camilo en el momento de su muerte se encontraba manejando un tractor junto a un adolescente de 15 años. Según la versión de la policía,  supuestamente se le disparó por haber participado de un asalto a un vehículo, hecho que nunca se corroboró. El 09 de mayo del año en curso la Fiscalía dio por cerrada la investigación para dar inicio a la preparación del juicio oral.

A modo de cierre

Más de una quincena de comuneras y comuneros mapuche han sido asesinados en el periodo posterior  a la dictadura cívico-militar en Chile (1973-1990), en el marco de políticas represivas por parte de los gobiernos de turno. Casos como el de Alex Lemún, asesinado el 2002 durante la ocupación del fundo Santa Elisa, propiedad de la Forestal Mininco; de Julio Alberto Huentecura Llancaleo, asesinado el 2004 supuestamente en una riña al interior de la Ex Penitenciaría de Santiago, luego de haber sido detenido en Osorno y trasladado a Santiago; la desaparición forzada de  Jose Huenante Huenante en el 2005 en la ciudad de Puerto Montt; el asesinato de Matías Catrileo en el 2008 y al año siguiente de Jaime Mendoza Collío, constituyen piezas de un engranaje represivo sostenido de manera sistemática desde la instalación de discursos y políticas del miedo, en que toda diferencia y fisura con el relato unificador del Estado nación se convierte en material de peligrosidad. No es casualidad que mapuche, migrantes, estudiantes, disidencias sexuales, entre otras posiciones de sujeto, conformen hoy el nuevo campo de criminalización.


Sobre la autora

Francisca Fernández Droguett es Antropóloga, magíster en Psicología Social, doctora en Estudios Americanos (mención Pensamiento y Cultura), docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, de Somos Cerro Blanco y del Comité Socioambiental Coordinadora Feminista 8M.

Bibliografía y referencias

  • Acuña, Felipe, Fredes Daniel & Pérez Domingo (2010). Criminalización de la protesta y judicialización de las demandas sociales. Producción de legitimidad social a partir del doble juego de la dominación. Derecho y Humanidades, 1(16), 363-372.
  • Agudelo, Alexandra (2013). Dispositivos de seguridad que de la actualización del miedo en el Estado contemporáneo. CLACSO, Serie Documentos de Trabajo, Red de Posgrados, 35, 1-19.
  • Calveiro, Pilar (2006). Los usos políticos de la memoria. Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. CLACSO, 59-382. 
  • Corey, Robin (2009). El miedo. Historia de una idea política. México: Fondo de Cultura Económica.
  • Fernández Droguett, Francisca & Ojeda Cisternas, Doris (2015). Criminalización de la resistencia mapuche como política del miedo. Athenea Digital, 15(4), 267-277, ver aquí.
  • Foucault, Michel (2006). Seguridad, territorio, población: curso en el Collége de France, 1977-1978. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
  • Frey, Antonio (2000). Seguridad ciudadana, ambivalencia de las políticas criminológicas y privatización del sistema carcelario. Revista Academia, 5, 19-34.
  • Hoecker, Loreto & Tsukame, Alejandro (2000). Notas sobre la inserción y el control en la transición a la democracia. En Control social y Seguridad: Ciudadanía en la transición chilena a la Democracia. Revista de la Academia, 5, 9-17. 
  • Jeréz. Jimena (2013). Perjuicios y contraindicaciones del encarcelamiento de las autoridades espirituales mapuche (machi). Niebla: Ediciones Corazón Terrícola.
  • Marimán, José A. (2012). Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI. Santiago: LOM Ediciones. 
  • Pairican, Fernando & Álvarez, Rolando (2011). La nueva Guerra de Arauco: la Coordinadora Arauco-Malleco y los nuevos movimientos de resistencia Mapuche en el Chile de la Concertación (1997 -2009). En Modonesi y Rebón (Comp.) Una década de movimiento. Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI (pp.66-84). México: CLACSO.
  • Pincheira, Iván (2004). Las políticas del miedo y la criminalización de los movimientos sociales en el Chile de la Post-dictadura. Revista Izquierdas, 18, 94-110.
  • Toledo, Víctor (2004). Políticas indígenas y derechos territoriales  en América Latina: 1990-2004 ¿Las fronteras indígenas de la globalización. En Pablo Dávalos (Comp.) Pueblos indígenas, Estado y democracia (pp. 67-102). Buenos Aires: CLACSO.
  • Veres, Luis (2014) Terrorismo y criminalización: la defensa de los mapuches y el cine documental. Revista Fronteras, 1(1), 116-132.

Notas

  • [1] Cabe destacar que recién en abril del 2019 el Estado Chileno, luego de años de lucha de organizaciones y comunidades, otorga reconocimiento legal al pueblo afrodescendiente mediante la ley 21.151.

¿Qué pasó en Curuguaty?

* Por Rocco Carbone y Clyde Soto.

1. Apertura

Se han cumplido cinco años de la masacre de Marina Kue, Curuguaty (15 de junio de 2012), el evento que marcó el devenir político del Paraguay en esta segunda década del siglo XXI. Su ocurrencia derivó de manera inmediata, una semana después, en el golpista juicio político destituyente del entonces gobierno de Fernando Lugo y reconfiguró las ubicaciones de los actores políticos del país en un sentido amplio –partidos, movimientos sociales y corrientes de posición sustentadas en diversos intereses y análisis de la realidad–. En su aspecto vinculado con los hechos criminales, el caso derivó en el juicio seguido a un conjunto de doce personas, condenadas con excepción de una de ellas, adolescente en el momento de la masacre. El punto más alto de inflexión en este proceso –pero no final– fue la sentencia, dictada en julio de 2016, que condenó como culpables a once víctimas y supervivientes –campesinas, campesinos– a penas carcelarias, imponiendo de esa manera la sombra de la injusticia más absurda sobre todo el Paraguay. Pero el caso Curuguaty no acabó con esa sentencia. Continúa su proceso judicial y, sobre todo, prosigue su contundente peso sobre la historia de todo un país y de la región latinoamericana.

Sobre Curuguaty pareciera que ya se dijo mucho, pero nada ha sido suficiente para conmover los cimientos, las consecuencias y los sentidos del caso. Y cuando pareciera que ya ha quedado lejos, actualiza su vigencia. El objetivo de este texto es debatir sobre los sentidos que Curuguaty fue acumulando en los últimos cinco años y presentar algunas hipótesis acerca de su impacto en Paraguay, en medio de un tiempo donde se definen escenarios electorales y se reacomodan las posiciones desde donde actores, partidos y ciudadanía proyectan futuros posibles del Paraguay.

2. Actualización: un proceso inconcluso

La palabra más asociada con el caso Curuguaty es “injusticia”. Esto es lo que continuamente se actualiza con el proceso judicial seguido a los campesinos y las campesinas, que sigue aportando eventos que ratifican el sentido principal de las actuaciones estatales con respecto al caso: que el Estado, bajo su concepción y sus operaciones actuales, es una herramienta de dominación de clase, cuyos hilos de poder de ninguna manera se desprenderán del control de quienes representan a los sectores que históricamente los han manejado. Así, todo el proceso judicial del caso Curuguaty es una colección de eventos que giran sobre el mismo eje: desde la perspectiva de los actuales poderes políticos, económicos y fácticos del Paraguay, no es posible hacer justicia, porque eso negaría su propia capacidad de sostener la dominación y porque si se hiciera los actores que controlan el sistema judicial–y también los otros poderes estatales– deberían dar cuenta de actuaciones basadas en la arbitrariedad y la ilegalidad.

El caso Curuguaty desnudó en gran medida este modo de operaciones estatales basadas en la injusticia y con un sentido de dominación, debido a varios factores; principalmente lo burdo de las actuaciones de los actores del sistema de fuerzas públicas y judiciales, que acostumbrados a la impunidad pusieron en marcha un proceso plagado de errores y parcialidades [1], y –por otra parte– la disputa de discursos acaecida en torno a este caso, donde al menos parte importante de una ciudadanía indignada no se conformó con el libreto oficial desplegado sobre la masacre, exigiendo verdad (la pregunta ¿qué pasó en Curuguaty?) y justicia (la demanda de nulidad del proceso).

La injusticia propiciada por el sistema judicial se vuelve así una herramienta para el sostenimiento y permanencia de este Estado bajo sus mandantes históricos, y para ello se precisa de ensañamiento, porque con eso se consigue ejemplaridad y así se impide que se siga repitiendo la exigencia de derechos. Es lo que puede verse con la sentencia de primera instancia, de magnitud desaforada si se tiene en cuenta que a ninguna de las personas condenadas se le ha podido probar que haya siquiera disparado alguna de las armas que mataron a los policías (porque la muerte de los campesinos no importó nunca a la (in) justicia penal): Rubén Villalba con 30 años de prisión, Luis Olmedo con 20 años, Néstor Castro y Arnaldo Quintana con 18 años, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López con 6 años (las mujeres condenadas purgan lo que queda de la pena bajo arresto domiciliario), Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Adalberto Castro y Alcides Ramírez con 4 años (estos últimos ya habían cumplido con dicho tiempo de privación de libertad). Esta sentencia fue recientemente (en junio de 2017) ratificada por el tribunal de apelación, dejando así a la condena ante apenas una posibilidad más en el sistema interno, que es recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, una instancia que ya ha mostrado escasa voluntad para destrabar el caso [2].

Hubo un único destello de esperanza de justicia con relación al caso, propiciado por el sobreseimiento de una de las procesadas, Raquel, quien en el momento de la masacre era adolescente. Sin embargo, la propia Fiscalía apeló esta sentencia, cumpliendo así plenamente con la condición de ensañamiento. Por si fuera poco, varios de los profesionales abogados que atendieron el caso han sido también sometidos a sumarios. Así, la ejemplaridad cobra su cabal dimensión: no solo habrá condenas destructivas, sino además la defensa será imposible, porque a su vez será castigada.

De esta manera se cierra el círculo de la sujeción que atenaza a quienes resisten ante un modelo de Estado aprisionado por los privilegios y sus detentores. Así se consolida un Paraguay signado por la injusticia y la dominación.

3. Los impactos políticos

Curuguaty es un gran peso político sobre el Paraguay, pues representa la imposibilidad de modificar las bases sobre las cuales se ha construido y sigue funcionando el Estado paraguayo. La masacre ocurrió porque resultaba inadmisible la resistencia campesina ante la apropiación y expulsión de sus tierras históricas, y el golpe porque se necesitaba recuperar el mando ante la pérdida de poder político con un gobierno que en alguna medida –más bien tímida– se desmarcaba de los mandantes históricos. Los impactos políticos de la masacre y el posterior golpe siguen vigentes y se magnifican ante la inminencia del proceso electoral previsto para 2018.

El primer gran impacto es el retorno a la matriz de gobiernos de tinte autoritario bajo los que Paraguay ha vivido casi toda su historia como país independiente. Más en concreto, y contemplando apenas el periodo más reciente, la masacre y el golpe fueron el preámbulo del regreso al gobierno del Partido Colorado, para proseguir su ejercicio del poder de ya 65 años, interrumpidos apenas entre 2008 y 2013 (incluyendo los nueve meses de gobierno liberal golpista de Federico Franco). Lo específico de este nuevo periodo es que el modelo autoritario se ha consolidado bajo un renovado ropaje democrático, habiéndose retomado la “normalidad” de los procesos electorales y, sobre todo, reatado alianzas y aceptaciones mutuas entre los diversos actores (golpistas y golpeados) sobre la base de intereses más coyunturales o permanentes, vinculados sobre todo con la posibilidad de ganar elecciones, de acceder o permanecer en el poder. Todo esto, que es parte ineludible de la democracia, tiene un problema de fondo cuando se asienta sobre bases de uso discrecional del poder, de arbitrariedad, de violación de derechos humanos y de impunidad.

Y aquí de nuevo entra Curuguaty, pues la sujeción del sistema político, sin resquicios ante unas fuerzas públicas asesinas y un sistema judicial que opera como cancerbero implacable, sigue sucediendo no solo con las condenas, apelaciones y ratificaciones ya señaladas, sino con numerosos nuevos episodios de persecución a sintierras y no solo, también a políticos y otros. Lo ocurrido entre marzo y abril de 2017 con las represiones en las calles de diversos lugares del país y con el asesinato de Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal, así como el procesamiento de varios manifestantes tras la quema del Congreso, luego de las manifestaciones y debates en torno al tema enmienda constitucional sobre la reelección, muestra cómo funcionan las cosas bajo un régimen autoritario. Ni qué decir con los casos de lucha por la tierra: Guahory, Itakyry y otros, de ataque al campesinado, de extrema gravedad. Esto muestra cómo se ha consolidado el modelo estatal paraguayo: los abusos propiciados desde el poder político y sin posibilidades de límites desde algún otro sector del mismo, representan una combinación altamente autoritaria.

El caso Curuguaty –junto con el golpe posterior– rehabilita y expande el alcance de este modelo, que ratifica su potencia por haberse disfrazado de normalidad: las elecciones, las alianzas, las propuestas políticas, suceden todas como si nada de lo demás ocurriera o como si no importara. Como si las reglas y sus sentidos fueran accesorias o en todo caso acomodables al interés sectorial, sea coyuntural o de fondo. Una democracia construida de esta manera no es tal, sino apenas una cáscara que envuelve a un sistema injusto.

La evolución política pos Curuguaty y pos golpe muestra además el quiebre de las alternativas a este modelo. La alianza entre sectores de oposición con que se ganaron las elecciones de 2008 se rompió con el golpe de 2012, en tanto que la incipiente unión de las fuerzas de izquierda (agrupadas en el Frente Guasu en 2010) estalló con las primeras elecciones posgolpe de 2013. Un nuevo quiebre de posibilidades de construcción de alternativas se verificó con los episodios en torno a la enmienda de 2017, habilitando un camino libre de obstáculos para la consolidación del Partido Colorado en el poder, ante lo cual hasta ahora no parece haberse recompuesto alguna opción.

La sociedad paraguaya se debate entre el modelo autoritario y la anomia, mientras la ciudadanía democrática no encuentra aún el modo de articular propuestas que representen caminos de cambio social en un sentido de justicia e igualdad [3].

4. Los sentidos de Curuguaty [4]

Curuguaty es una lucha sobre significados, que se verifica no solo en el plano del poder estatal y sus discursos, sino también en el del académico. Sabemos muy bien que, en nuestro mundo, y en el de la academia también, o en el de los “estudios latinoamericanos”, hay saberes legítimos, países legítimos, significados legítimos, que en tanto legítimos son dominantes y que tienen mayor posibilidad de circulación. Y la “circulación del conocimiento es parte de la distrbución social del poder” (Fiske, 1989: 150). Esos significados integran las llamadas culturas hegemónicas, que como tales tienen mayor poder de ser conocidas y aceptadas. Esos significados legítimos están implicados en relaciones de poder.

Curuguaty no es un significado legítimo o lo es muy relativamente, o quizás apenas empiece a serlo con dificultad, con trabas, o de manera accesoria. Siempre menos, es cierto, si pensamos que el cineasta paraguayo Marcelo Martinessi ganó en 2016 un premio en la Biennale di Venezia con La voz perdida (2016), un corto sobre Curuguaty. O que el caso está presente en publicaciones ya no solo de Paraguay, sino también de otros países, como es el caso del libro Curuguaty. Carnificina para um golpe, del periodista brasileño Leonardo Wexell Severo (2016). Pero esto aún no hace de Curuguaty un significado menos accesorio. Pero lo que vamos diciendo sobre Curuguaty, de a poco, de dos y de a muchas voces, va tomando cuerpo y va creando sentidos imprescindibles para entender cómo y por qué sucede lo que va pasando en América Latina.

Si Curuguaty significó algo, desde el punto de vista del poder, fue el intento de imponer una “verdad” falsificada sobre la masacre, para normalizar el despojo de tierras, de vidas y de todo el proceso de difícil construcción democrática en el Paraguay. Pero, además, ha situado a ese topónimo –Curuguaty, lugar del curuguá– impregnado de un drama social propio de la opresión, dentro de un análisis de las estructuras de poder económico y político que controlan la vida cotidiana del Paraguay. Y también nos ha permitido identificar su carácter ejemplar en el Cono Sur del siglo XXI, pues dio pie al primer golpe de Estado en nuestra región, en 2012, luego del de Honduras de 2009 y antes del de Brasil de 2016. Masacre y momento de inflexión sin parangón, pues marcó el comienzo del retorno de la derecha en el sur de América del Sur. Al respecto, un país como Paraguay, que parecería ser más parecido al desierto de las teorías, paradójicamente ha colaborado a acuñar una nueva categoría política e intelectual, gracias a la derecha. Esa categoría es: “golpe a la paraguaya”. Paraguay se convirtió en modelo para los golpes institucionales de la derecha, por lo menos en el Cono Sur. De hecho, el golpe de 2016 en Brasil despertó las heridas que hace cuatro años marcaron y dividieron a Paraguay. El golpe paraguayo fue señalado como el modelo seguido por esos sectores de derecha neoliberal corrupta brasileña, empecinada en bajar del poder a un gobierno democráticamente electo. ¿Cómo? Por la vía de ese mecanismo constitucional que se llama juicio político.

El llamado “golpe a la paraguaia”, tal como lo nombró la misma presidenta del Brasil, Dilma, es parte de una familia de operaciones políticas. Una familia que configura toda una genealogía para los gobiernos de izquierdas en América latina. El de Paraguay fue el segundo de los llamados “golpes blandos” y que tuvo éxito desde el inicio de este siglo. Honduras, Paraguay y Brasil fueron los primeros golpes exitosos. “Exitosos” porque antes ya había habido otros no exitosos: en Venezuela en 2002 y en Bolivia en 2008, así como hubo después en Ecuador en 2010. En cambio, en la Argentina, el caso Nisman dio lugar a amenazas que no llegaron a concretarse, hasta que en 2015 se produjo el cambio de gobierno en dirección de derecha por vía electoral. ¿Detrás de todo este entramado qué hay? Hay una derecha en movimiento, en proceso de rearticulación continental/mundial y de retorno. Una derecha que se posiciona en contra de su pérdida de privilegios, que ve como amenaza la más mínima redistribución de la riqueza y que desea plena liberalidad para hacer sus negocios sin las irritaciones que conlleva el aumento de derechos para las grandes mayorías latinoamericanas. Curuguaty debe ser mirado en el foco de este contexto.

Curuguaty condensa en una única palabra un conjunto importante de experiencias históricas. En particular, el modo actual en que se defiende el agronegocio y las tierras malhabidas de herencia stronista en Paraguay y –sobre todo– cómo el poder actúa de forma diferencial en la vida cotidiana bajo el imperio del capital. Sabemos de sobra que raza, clase y género forman una intersección con las relaciones coloniales y neocoloniales, tanto nacional como internacionalmente. Masacrar a un conjunto de 16 campesinos y policías en Curuguaty significó–además del golpe al gobierno Lugo– dejar espacio al “progreso” sojero, garantizado en este caso por la firma Campos Morombí, propiedad del connotado dirigente político colorado Blas N. Riquelme, hoy ya fallecido. Se trata de un hecho inscripto en un patrón de actuaciones que ha tomado cuerpo en Paraguay y que sigue repitiéndose, con total impunidad, como se ha podido ver en otros muchos casos, como en Yva Poty, en Guahory, en Itakyry. ¿Cómo no desalojar a campesinos o a indígenas cuando frecuentemente no tienen documentos de posesión sobre las tierras donde han vivido por añares, antes de la existencia de la soja, del agronegocio, de los brasiguayos, de Stroessner, de las tierras mal- habidas, de los colorados y de los liberales, antes de los bancos, de las hipotecas y de los títulos de propiedad? Con el desalojo se dejan “libres” unas tierras para que los poderes concentrados sobre empresas privadas puedan ocuparse de la producción intensiva de soja, fumigando sin resistencia, con protección policial-estatal y condenando a los campesinos a migrar hacia las ciudades, arrastrando sus escasas pertenencias para terminar aterrizando en algún asentamiento periférico –como los bañados– siempre en expansión. Asentamiento desde donde buscarán algún trabajo que les permita sobrevivir. Eso sí: a condición de que todos los componentes de la familia trabajen, niños incluidos; ¿y si no, acaso, quiénes son esos niños que limpian vidrios en los semáforos de Asunción o de Buenos Aires sino los hijos de los campesinos muertos o desplazados o encarcelados de Curuguaty? Porque el nombre Curuguaty representa cabalmente el drama histórico y actual del Paraguay.

Curuguaty aclara y cristaliza lo que la realidad es realmente: relaciones de dominación y explotación activas en la sociedad paraguaya. Curuguaty es la razón por la cual hay (y para ciertos sectores debe haber) campesinos sin tierra. Que quiere decir sin existencia: sin vida. Puede decirse esta frase –campesinado sin tierra– porque en Paraguay hay mucha gente a la que Curuguaty le gustó. Y por eso mismo, lo que hubiera debido ser una plaza de la resistencia al golpe fue una plaza tendencialmente vacía. Curuguaty fue posible, es posible, porque hay poderes que desprecian y temen las vidas de quienes ven como otros “descartables”, por lo que atentan con todos los medios que tienen a disposición en contra de esas vidas: por expulsión y desplazamiento, por negación, por obligación de disimularse, asimilarse o someterse, o por la vía final de las balas. Además de las fuerzas políticas enfrentadas entre sí y enfrentadas al gobierno de Lugo, además del deseo de los colorados de volver al Palacio López –que según parecen creer les corresponde por “derecho natural”–, Curuguaty puede ser entendido solo si reconocemos la compleja cadena de formación del capital (internacional y nacionalmente), las necesidades contradictorias de clase y las relaciones estridentes entre campo y ciudad, entre la modernidad y lo que se visualiza como atraso, entre las compresiones de civilización y barbarie que (des)organizan a Paraguay.

Curuguaty es además la negación de los derechos humanos fundamentales –a la vida, al trabajo, a la salud, a la cultura. Significa la destrucción del ambiente a mano de la soja genéticamente modificada, condiciones humillantes que implican sobrevivir más que vivir, la falta de un futuro significativo para una cantidad infinita de niños condenados a sostener con sus vidas una historia de expoliación y desigualdad social. Y esto en Paraguay y en muchas otras latitudes de América Latina es una realidad brutal que millones de personas padecen cotidianamente en sus propios cuerpos. Curuguaty significa también la destrucción de las relaciones de producción y el empobrecimiento complementario, el despojo, de miles de ciudadanos en un país como Paraguay. Ahora, ese conglomerado no puede separarse de la capacidad de consumo de los pueblos de otras naciones: de todas esas naciones que compran la soja genéticamente modificada producida en Paraguay o en la región del Cono Sur latinoamericano.

Curuguaty es un acto social pleno. Implica una larguísima cadena de relaciones, de procesos de dominación y subordinación –a veces muy ocultos– que se concretan o concretaron en la expulsión de millones de personas de su tierra (específicamente: territorios), que las obligaron a ubicarse en las periferias de las ciudades paraguayas, argentinas, brasileñas, españolas, francesas, italianas, que negaron a miles la posibilidad de cuidados sociales, educativos, médicos. Y esto deriva en niños que lustran zapatos o venden caramelitos o limpian vidrios en el centro o en cualquier esquina de Asunción. Son los puntos conclusivos de esa larga cadena de relaciones, así como lo son Rubén Villalba, Luis Olmedo, Néstor Castro, Arnaldo Quintana, Lucía Agüero, Fani Olmedo, Dolores López, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Adalberto Castro y Alcides Ramírez, condenados por la injusticia paraguaya. Como lo es Raquel, la adolescente finalmente sobreseída pese a la persistente persecución fiscal. Todos estos hechos tienen una primera acción que se sitúa en el despojo campesino de la tierra por el Estado y por los poderes fácticos vinculados con las semillas transgénicas y con Curuguaty.

Curuguaty es hablar de subjetividades que han sido silenciadas por el Estado paraguayo, como muchas otras: como las personas desaparecidas de la dictadura, cuyos cuerpos apenas ahora están siendo identificados. Escribir sobre y hablar de estas personas hoy condenadas, compañeras, no es un emprendimiento humanista: es un imperativo ético. Los años de tortura judicial y cárcel, más una sentencia injusta, nos dan una conciencia dolorosa de lo político.

¿Por qué? Porque esas subjetividades resumen con su propia experiencia una lucha desesperada –económica, cultural, corporal– en contra de estructuras sociales que todos los días condenan a latinoamericanos (y a gente ciudadana de otras latitudes también) a desesperaciones a menudo muy parecidas. Porque Curuguaty ha pasado mil veces y sigue pasando, no solo en el Paraguay.


Sobre lxs autorxs

Clyde Soto es psicóloga, feminista, defensora de los derechos humanos. Investigadora social. Trabajadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), Paraguay.Realizó investigaciones y publicó trabajos sobre feminismo, género y políticas públicas, indicadores de equidad de género, participación social y política de las mujeres, violencia doméstica, entre otros temas. Es integrante de la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP).

Bibliografía y referencias

  • Carbone, Rocco y Clyde Soto (2016). Curuguaty. De masacres, juicios y sentencias. Buenos Aires / Asunción: El 8vo. Loco / Centro de Documentación y Estudios (CDE).
  • Carbone, Rocco y Clyde Soto [eds.] (2014). Curuguaty: pueblo mba’e. Asunción: Arandurã.
  • Codehupy – Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2012). Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue. Asunción: Codehupy.
  • Fiske, John (1989). Reading the Popular. Boston: Unwin and Hyman.
  • PEICC – Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (2012). Informe Masacre de Curuguaty. Asunción: PEIC. Disponible aquí.
  • Wexell Severo, Leonardo (2016). Curuguaty. Carnificina para um golpe. São Paulo: Papiro Produções.

Notas

  • [*] Fragmento extraído del libro: : Carbone, Rocco;  Clyde Soto (2018). ¿Qué pasó en Curuguaty? Temperley: Tren en Movimiento.
  • [1] El proceso jurídico ha estado lleno de irregularidades, manejo indebido u ocultamiento de pruebas, contradicciones y afirmaciones sin sustento. Solo se investigó la muerte de los policías, no la de los campesinos. Al respecto, pueden ser revisadas varias investigaciones (PEICC, 2012; Codehupy, 2012) y artículos de análisis y seguimiento del caso, como los publicados por Carbone y Soto en 2014 y 2016.
  • [2] En referencia a las tierras de Marina Kue, sobre las que pesaba una histórica disputa, la CSJ se abstuvo de dar una respuesta que podría haber favorecido la situación de los campesinos si se ratificaba la titularidad del Estado paraguayo sobre ellas. Sin embargo, al no haber esta respuesta, se consolidaron dos absurdos: (1) la condena por “invasión de inmueble ajeno” (entre otros cargos) y (2) la “donación”, aceptada por ley en 2015, de esas tierras por la empresa Campos Morombi –una de las partes en disputa– al propio Estado.
  • [3] En septiembre de 2017 fue formalizada una propuesta de oposición para las elecciones generales de abril de 2018, bajo el nombre de Gran Alianza Nacional Renovada (Ganar), postulando a la presidencia de la República al liberal Efraín Alegre y a la vicepresidencia a Leo Rubín, por el Frente Guasu. La fórmula recibe el apoyo de una gran diversidad de partidos y movimientos de oposición, si bien las listas de candidaturas parlamentarias no han sido consensuadas.
  • [4] Este apartado retoma y desarrolla de manera reformulada lo expuesto por lxs autorxs en el prólogo de del libro Curuguaty. De masacres, juicios y sentencias (Carbone y Soto, 2016: 9-17), así como en varios de los artículos allí compilados.

Mirada retrospectiva a un círculo vicioso

Por Jimena Andrade.

Una entrevista con Jaime León [1] para entender por qué en Colombia #NosEstanMatando

El pasado 4 de mayo del presente año, entraron a una finca en Santander de Quilichao (Cauca) unos hombres armados y con granadas, atentando en contra de la vida de varixs líderxs [2] de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca-ACONC que se encontraban preparándose para una reunión con el Gobierno que sería el siguiente 8 de mayo en el marco de la Minga Nacional, y en donde debían acordarse las políticas y recursos estatales para beneficio de sus comunidades; entre ellxs se encontraba Francia Márquez, ganadora en 2018 al premio Goldman, considerado como el Nobel del medio ambiente. Francia ha luchado en contra del racismo estructural, ha defendido los ecosistemas de su región y ha denunciado el impacto ambiental de la minería y el extractivismo en su territorio. Su voz, es la voz de las mujeres y hombres que han luchado por defender la tierra. Hoy podemos alegrarnos porque ella y sus compañerxs están entre nosotrxs todavía. Ellxs están vivxs. Pero podrían ser otrxs más de lxs miles que han asesinado en Colombia por lo mismo que hace Francia, por defender sus derechos y los derechos de sus comunidades. En Colombia nos están matando. Esto no  comenzó ahora… pasa desde hace muchos años y de forma sistemática [3] y en la absoluta impunidad. La guerra irregular tiene una forma muy efectiva para apoderarse de los territorios en puntos estratégicos: silenciar a líderxs, asesinándolxs, para así impedir que resuelvan sus demandas colectivas.

Puerto Esperanza. El Castillo. Meta. Peregrinación de la memoria 2017. Conmemoración al asesinato de Lucero Henao.

Después de la firma del acuerdo de paz se dispara escandalosamente la cifra de asesinatos a líderxs sociales y defensorxs de DDH (a quienes ahora se le suman ex-combatientes). Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores [4], dice que en el Acuerdo de paz entre el Estado y las FARC se logró un conjunto de normas, de instrumentos jurídicos y políticos e instancias de coordinación para dejar ese estadio de la protección física y construir garantías de seguridad para los liderazgos sociales en los territorios. Para ella, poner a marchar esos instrumentos era una ruta importante para generar garantías, en lugar de gastar sumas cuantiosas de dinero en esquemas de seguridad a las personas, que en última instancia, no resuelven el problema sino que lo prolongan. Actualmente, el gobierno Duque lanza el PAO (Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas), pero esto es un retroceso en la protección de líderxs sociales, pues desconoce todo lo que se trabajó en materia de construir garantías en los territorios y seguridad humana y regresa el debate a construir planes de protección física, material y lo peor, militar. 

Santuario a la memoria de las Víctimas Medellín del Ariari. El Castillo. Meta. Peregrinación de la memoria 2017.

Jaime León, defensor de derechos humanos y educador popular relata que en el año 1995 comenzaron a acoger a líderxs sociales en las casas de las comunidades religiosas, ligadas a la teología de la liberación. Algunos misioneros Claretianos abrieron sus seminarios para esto, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 90, época de fuerte desplazamiento de personas producto de las masacres. Se fundó la Casa de Acogida a líderxs en condición de amenaza, de la CCNPB (Corporación Claretiana Norman Pérez Bello) y hasta hoy, esta labor no ha cesado; allí se les brindan meses de acompañamiento para que hagan sus gestiones para salir del país o para retornar; llegan recomendadxs por organizaciones sociales de confianza, por otrxs líderes que conocen ellxs y que vienen de procesos de defensa del territorio de sus comunidades o defensa de derechos de mujeres, hombres, lgbti o afrosdescendientes. A la Casa de Acogida no van casi líderxs de alta dirigencia, la mayoría son líderxs populares. Desde esa época hasta hoy, han acogido a más de 1.000 líderxs sociales amenazadxs de muerte.

Marcha del 26 de Julio, en protesta por el asesinato sistemático a Líderxs sociales, defensorxs de DDHH y excombatientes. Bogotá, 2019.

Jimena Andrade (JA): ¿Por qué inician con la Casa de Acogida?

Jaime León (JL): En el cambio de siglo hubo una estrategia macabra de vaciamiento de los territorios, porque son tierras muy ricas, tierras que además, estaban pobladas por comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que habían ido creciendo en su número después de la exclusión histórica a la que las ha sometido la élite de este país. El Estado los deja a la deriva pero ellxs abren monte, selva, ríos, caminos, cultivan, van a esas zonas a vivir, a construir sus mundos, su cultura. Las comunidades afro después del final de sus procesos de liberación ya eran ancestrales en esas tierras, lxs indígenas que fueron aisladxs y excluidxs, fueron creciendo en su población, organizando sus culturas, sus formas propias de gobierno, teniendo autonomía, soberanía alimentaria y soberanía sobre sus tierras. Pero después viene el Estado a verlos como peligrosxs y simplemente los neutraliza y los controla usando la fuerza, la violencia y los desplazan con estrategias perversas de acción y omisión, utilizando el paramilitarismo para vaciar los territorios mediante masacres y para coparlos, pues las regiones quedaron vacías.   Posteriormente otros poseedores, grandes empresarios, se quedan con las tierras para cultivos extensivos y proyectos extractivistas

En ese cambio de siglo, comunidades de Cacarica, San José de Apartadó y Turbo, fueron desplazadas masivamente huyendo de las masacres, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de detenciones arbitrarias; el terror se implanta por todos los medios; fumigaciones con glifosato a los cultivos llamados ilícitos y erradicación forzada; muchos campesinxs, afrodescendientes y comunidades indígenas no pudieron volver nunca a sus regiones y se quedaron desplazadxs. Es una de las estrategias de la extrema derecha, que en Colombia siempre ha tenido esa forma de actuar; de ahí vienen las masacres, las desapariciones, y las ejecuciones, esto obedece a políticas internacionales de extractivismo y de control de la soberanía de nuestro país, que no depende solamente de nuestro gobierno interno, sino que depende de los intereses económicos de las potencias mundiales norteamericanas y europeas. De ahí viene todo ese proceso de vaciamiento y de asesinatos. A los pobres se les mata, a las comunidades se les asesina, se les desaparece para que abandonen su territorio y para que cedan ante el poder de la fuerza y el terror. En esos años, el desplazamiento y el asesinato a líderxs fue muy fuerte; todavía quedaban líderes políticos de la UP [5] (en esa década, fue la última fase del exterminio de la UP) y del partido comunista, que fueron asesinados después. En la Casa de Acogida alojamos a muchos líderes de la UP pero fueron asesinados luego de que volvieran a sus regiones. 

JA: En este contexto político aparece la Casa de Acogida, como acción urgente para salvar las vidas de las personas que desde entonces han estado amenazadas; la Casa no sólo se piensa como un lugar donde pernoctar, es un espacio  donde se brindan condiciones para seguir sus luchas, se dignifica su historia, y se plantean posibilidades para un futuro digno.

En diciembre de 2014, después del cese al fuego declarado por las FARC-EP, se exacerba el asesinato a lxs líderxs sociales, sobre todo, en los lugares donde hubo siempre presencia de las FARC y de otros grupos armados. Los asesinatos son muy elevados incluso antes de los diálogos de paz cuando ya había demandas de Restitución de tierras de víctimas del conflicto armado, y lxs líderxs comenzaron a ser asesinados por procesos de consolidación de tierras despojadas. 

JA: ¿Cómo puedes relacionar la violencia de esos años, los asesinatos y desplazamientos, con lo que está pasando ahora?

JL: Esta situación no pasó sólo a finales 90 sino desde los años 20, 30… es una repetición de la historia, pues nuestras élites, egoístas poderosas y mezquinas insisten en controlar, ejercer gobierno y poder de esta forma tan perversa, permitiendo el desequilibrio, la creación de grupos armados de ultraderecha que dominan las resistencias de las comunidades. Es muy parecido el asesinato de lxs campesinxs en los 40, los 90, el 2000 y actualmente. Lo que pasa ahora se parece a los asesinatos a lxs líderes Gaitanistas a quienes mataban antes del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 [6], se parece también a los asesinatos a los sindicalistas en la década de los 40, y también a campesinos que buscaban la tierra y a los asesinatos a líderxs de tierras en todo el país, en Sumapaz, Tolima Santander, Antioquia. Asesinaron a muchos campesinos que buscaban la reforma agraria después de los gobiernos liberales en los años 30 y 40 y donde había una política extractivista en el país: extraer los minerales y exportarlos. Hubo sindicatos y campesinos que exigían mejores condiciones laborales, de tierra y fueron exterminados; por algo surge el Gaitanismo y los sectores populares apoyaron tanto a Gaitán; por eso cuando matan a Gaitán, quien era el líder que tenía posibilidades de representación, lxs campesinxs se encuentran sin estas posibilidades y se arman en las guerrillas de los años 50; es una reacción legítima y natural en ese momento, después de que matan a muchos líderes campesinos, sindicalistas, estudiantes, intelectuales; pues después de intentarlo por la vía pacífica y democrática, asesinan a su máxima expresión, ellxs se arman en las regiones pensando que no hay nada más que hacer. Son guerrillas campesinas que tienen una formación muy natural en sus contextos, muchxs de ellxs hasta habían sido soldados del ejército mismo, y sabían algunas técnicas militares; las técnicas políticas las aprenden en las necesidades que ellxs tienen, en la exclusión, en un contexto totalmente legítimo de reaccionar a unos gobiernos conservadores (como el de Lauereano Gómez 1950 – 51)), muy represivos, que les quitó toda posibilidad de tener tierras y mejores condiciones laborales. Les matan su candidato a la presidencia y por eso muchxs líderxs campesinxs de los 50 conforman guerrillas, lo que en Colombia se llama “la época de la violencia”, que es una expresión, que para mí, es un pico de violencia que ya venía antes; uno podría preguntarse ¿violencia de qué? Pues violencia del establecimiento en contra de campesinxs, principalmente de líderxs, de sindicatos y líderes de universidades; por eso el ejército colombiano y la policía de ese momento es supremamente represiva, porque quiere eliminar lo que se venía construyendo desde los años 20, con el Gaitanismo y muchos sectores socialistas que iban multiplicándose por el país. 

Después del 53, cuando se entregan las guerrillas liberales y viene el Frente Nacional, otra vez lo mismo… es la historia de siempre… se turnan los gobiernos, son los liberales y los conservadores, no más… Y mientras tanto, las comunidades campesinas, aisladas y sin derechos, van fortaleciéndose a sí mismas, solas, autónomamente (no porque el Estado les de autonomía sino porque las excluyó), se organizan en consejos comunitarios, en resguardos indígenas, en organizaciones campesinas, pero vuelve nuevamente el Estado a aprovecharse de su vulnerabilidad como sociedad civil, reprimiéndolos fuertemente. Por algo, somos uno de los países más desiguales del mundo; por algo la tierra, la riqueza y la fuente de producción sigue concentrada en pocas manos y cuando hay algo que quiera equilibrar esas fuerzas, lo eliminan del camino simplemente. Ahí es cuando lxs líderxs sociales entran a jugar un papel importante, ellxs en sus comunidades constantemente reclaman o acompañan los mismos procesos que ellxs viven, para cuidar la naturaleza, un río, una quebrada, o para acceder a algún derecho en comunicación, en salud, en trabajo o en el mismo acceso a la tierra. Y por esto son asesinados.

Lxs líderxs que reclaman tierras, de ellxs mismos, o de otrxs campesinxs, son lxs más asesinadxs en Colombia. Desafortunadamente eso no va a cambiar, esto hay que decirlo con tristeza; porque la tierra da mucho poder y en Colombia la concentración de la tierra es altísima, entonces campesinxs, indígenas, afrodescendientes que exijan derechos a la tierra, son objeto de atentado y asesinato; eso no va a cambiar, porque la tierra da riqueza, es poder económico que se traduce en poder político, en manejar las fuerzas armadas, y quienes se atreven a cambiar eso, van a ser expulsadxs de sus regiones. 

Marcha del 26 de Julio, en protesta por el asesinato sistemático a Líderxs sociales, defensorxs de DDHH y excombatientes. Bogotá, 2019.

¿Cómo romper el círculo vicioso ante tantos intereses de gente muy poderosa?


Sobre la autora

Jimena Andrade (Bogotá, 1971) vive y trabaja en Bogotá y Guasca. 

Con su práctica artística aborda críticamente problemáticas del campo artístico y social. Desde 2006 edita y gestiona los contenidos de la plataforma www.interferencia-co.net. Desde allí se arrojan dispositivos abiertos formalizados en videos, traducciones, estrategias de red, proyectos de recuperación de memoria y autogestión, cuya circulación, producción y contingencia, opera en escenarios de pedagogías disidentes, articuladas con agentes del campo del arte, contextos comunitarios y movimientos sociales. Desde diferentes organizaciones apoya con acciones que buscan contribuir con la implementación del acuerdo de paz. 

Es Docente universitaria y educadora popular, desde 2017 es voluntaria de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello donde colabora con prácticas artísticas en la defensa de DDHH y salvaguarda de memoria de las víctimas.

Desde 2014 es miembro de la RedCSur, actualmente co-organiza la campaña gráfica frente a la situación de líderes sociales en Colombia y los ciclos de círculos de la palabra que de allí se desprenden.

Notas

  • [1] Entrevista realizada el 18 de junio de 2019. Jaime Absalón León Sepúlveda es educador popular, defensor de DDHH, trabaja en la dirección general de la CCNPB (Corporación Claretiana Norman Pérez Bello), también es docente de la Universidad Claretiana en el área de DDHH e historia de la violencia en Colombia, acompaña comunidades campesinas, indígenas y a líderxs sociales de diferentes partes del país, en la Orinoquía especialmente.
  • [2] ¿Cómo se puede definir el concepto de líder social? La condición de liderazgo social se fundamenta en dos pilares: la actividad concreta que esta persona desempeña y el reconocimiento que de esta actividad hace la comunidad en la que se encuentra inserta. De este modo, un líder o lideresa social es una persona que cuenta con reconocimiento de su comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o actividades de carácter colectivo que afectan positivamente la vida de su comunidad, mejoran y dignifican sus condiciones de vida o construyen tejido social. Son personas cuya actividad se encamina hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa orientada a la garantía de una vida digna para sus miembros. Son personas cuya actividad se encamina hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa orientada a la garantía de una vida digna para sus miembros. ¿Cuales son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo, p. 8, ver aquí.
  • [3] Íbid.
  • [4] Diálogos CINEP-PPP. Asesinato de líderes, una verdad oculta, ver video.
  • [5] En 1984 en el gobierno de Belisario Betancur abre un proceso de paz con las FARC-EP en la Uribe, Meta. De allí surge la Unión Patriótica – UP, un movimiento político nacional amplio, que incluía las guerrillas del las FARC, para consolidar una apuesta política nueva, diferenciándose de las fuerzas políticas tradicionales, defendiendo principalmente los acuerdos de paz a los que venían dando de forma intermitente. La UP pretendía convertirse en la fuerza política que materializaría la apertura democrática en un país cuya estrechez política no permitía otro visión sobre el manejo del Estado. A la UP se unió no solo el Partido Comunista Colombiano y las FARC-EP, también lo hicieron líderes que trabajaban en luchas por la vivienda, la Coordinadora Obrera Campesina Popular, fuerzas conservadoras y liberales disidentes, figuras políticas locales con respaldo popular.  Desde marzo de 1985 la Unión Patriótica se preparaba actos de lanzamiento del movimiento en todo el país, alcanzando 300 mil votos, 19 diputados y 286 concejales y una bancada de parlamentarios, un hecho histórico que se le arrebaten a la tradición política curules locales por el nuevo partido de izquierda. Apenas iniciando la UP, los enemigos de la paz institucionalizan el genocidio que registra mas de 3.500 militantes muertos de esta fuerza política. Tras el asesinato sistemático a dirigentes de las FARC que fueron electos por voto popular para cargos públicos, se rompe la negociación y a finales de 1987 la guerrilla se devuelve al movimiento insurgente, y la UP sigue sin estos dirigentes guerrilleros, pero continúan los asesinatos, atentados, desapariciones sistemáticas a militantes de este partido, ocasionando su exterminio, en la absoluta impunidad y sin ninguna manifestación del Estado, dejando a la población en un pánico colectivo, lo cual reafirmaba que en Colombia no existen las condiciones para luchar por la vía legal por las demandas de transformación que el país necesita. Fuentes: Unión Patriótica, quienes somos aquí, Documental El Baile Rojo aquí.
  • [6] NdE: La serie de disturbios ocurridos en Bogotá tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán se conoce como El Bogotazo. Las manifestaciones se expandieron a otras ciudades y regiones de Colombia, dando inicio a la período comúnmente conocido como “La Violencia” que se prolongó formalmente hasta 1959 aunque sus efectos se dejaron sentir más allá a lo largo del conflicto armado entre el Ejército, grupos paramilitares y guerrilleros.